Seguridad climática, un debate necesario ante las elecciones del 29-N

El pasado 14 de septiembre tuve la oportunidad de comparecer, en representación del GOB, ante la ponencia del Parlamento de Cataluña encargada de tramitar la proposición de ley de medidas urgentes de protección de la seguridad climática. Más allá de la comparecencia, aquella experiencia me reafirmó en una idea que hoy me parece todavía más necesaria. Las Islas Baleares también necesitan abrir un debate profundo sobre qué significa la seguridad climática y cómo este concepto debería orientar las políticas públicas de los próximos años.

La convocatoria anticipada de las elecciones generales del 29 de noviembre ofrece una buena oportunidad para trasladar este debate a los programas electorales. De hecho, la campaña electoral ya parece haber comenzado. El último debate de política general del Parlamento de las Islas Baleares ha tenido un marcado carácter de mitin electoral, con una sucesión de anuncios, promesas y cifras de inversión. En cambio, los grandes retos ambientales y sociales han ocupado un espacio claramente secundario. La campaña electoral acelerará todavía más esta dinámica. Será muy preocupante que volvamos a asistir a una campaña llena de propuestas sobre economía, vivienda, turismo, energía, infraestructuras y movilidad sin abordar una cuestión que las condiciona todas, cómo garantizaremos la seguridad climática, ecológica y social en las próximas décadas.

Hablar de seguridad climática significa ir más allá de las políticas tradicionales de mitigación y adaptación. Quiere decir plantearnos qué condiciones ecológicas y sociales necesitamos preservar para que nuestros territorios continúen siendo habitables en un clima que está cambiando. El GOB piensa que esto exige incorporar dos dimensiones inseparables de la seguridad climática, la seguridad ecológica y la justicia social e intergeneracional. Protegernos ante el cambio climático también significa preservar ecosistemas funcionales, garantizar la disponibilidad de recursos esenciales como el agua, reducir las vulnerabilidades sociales y evitar que las decisiones que tomamos hoy comprometan el bienestar de las generaciones futuras.

Esta manera de entender la seguridad climática nos lleva inevitablemente al debate sobre los límites biofísicos del territorio. Durante décadas hemos planificado el desarrollo priorizando indicadores económicos, demográficos y de infraestructuras. Pero un territorio no puede ser gobernado ignorando la disponibilidad de agua, el estado de los acuíferos, la funcionalidad de los ecosistemas terrestres y marinos, la fertilidad de los suelos, la conservación de la biodiversidad y la capacidad del litoral para responder a los impactos del cambio climático. Todos estos procesos contribuyen a mantener las condiciones que hacen posible nuestra calidad de vida y, en definitiva, la habitabilidad de las Islas, especialmente en un contexto de cambio climático.

Estos límites no deberían quedar reducidos a una declaración genérica sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y a las personas. Necesitamos identificar los procesos ecológicos esenciales que sostienen la habitabilidad del territorio y disponer de indicadores que nos permitan conocer su estado y evolución. A partir del conocimiento científico disponible, podemos empezar a establecer valores de referencia, umbrales y márgenes de seguridad que nos ayuden a identificar los puntos en los que las presiones que ejercemos sobre los sistemas naturales comprometen su funcionalidad.

En las Islas Baleares esta mirada es especialmente necesaria. En un territorio insular sometido a una elevada presión turística, conocer estos límites permitiría evaluar hasta qué punto la actividad económica se mantiene dentro de la capacidad ecológica y social del territorio. También permitiría anticipar cómo esta capacidad puede verse alterada en diversos escenarios de cambio climático y de presión turística e incorporar esta información a la planificación y a la toma de decisiones.

Pero afrontar estos retos no significa empezar de cero. Las Islas Baleares ya han dado pasos importantes que deberíamos preservar y desarrollar. La Asamblea Ciudadana por el Clima demostró que es posible construir propuestas ambiciosas a partir de la deliberación social y del conocimiento científico, muchas de las cuales continúan pendientes de una traducción efectiva en las políticas públicas. Y la Ley 10/2023, de bienestar para las generaciones presentes y futuras, impulsada por el GOB, introdujo una mirada de largo plazo destinada a incorporar la justicia intergeneracional en la toma de decisiones. Precisamente por eso, el GOB ha condicionado la reincorporación al Pacto por la Sostenibilidad a la recuperación de los artículos 7 y 8 de esta ley, derogados en 2024 con el apoyo del PP y Vox, que establecían mecanismos para evaluar el impacto de los presupuestos y de las políticas públicas sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Hablar de sostenibilidad no implica solo impulsar nuevas medidas en el marco del Pacto, sino también no desmantelar lo que ya tenemos y preservar los instrumentos que permiten convertir los principios en compromisos verificables.

Ante las elecciones del 29-N, pedimos a todas las fuerzas políticas que incorporen la seguridad climática, ecológica y social como un principio transversal de sus programas y de las políticas públicas. Esto implica asumir que las Islas tienen límites biofísicos y que, en una situación de sobresaturación ecológica y social, no basta con hablar de contención. Si reiteradamente hemos reclamado al Gobierno de Marga Prohens políticas orientadas a reducir las presiones sobre el territorio y los recursos naturales, también debemos reclamar al futuro gobierno del Estado que asuma sus responsabilidades. Decisiones sobre infraestructuras estratégicas como los aeropuertos y los puertos, sobre la capacidad, las ampliaciones y las inversiones que en ellos se hacen, no pueden tomarse al margen de los efectos sobre territorios insulares altamente turistizados. Incorporar los límites biofísicos a estas decisiones sería un paso imprescindible para que las políticas estatales sean coherentes con los objetivos de seguridad climática y con la necesidad de garantizar la habitabilidad de las Islas.

En este contexto, el acceso a la vivienda resulta especialmente relevante. Sin una vivienda digna y adaptada climáticamente es difícil construir comunidades arraigadas y resilientes, capaces de afrontar los retos que tenemos por delante. Una sociedad en la que una parte creciente de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda digna es también una sociedad más vulnerable ante los impactos del cambio climático. Por ello, una política de seguridad climática no puede limitarse a reducir los riesgos ambientales o adaptarse a ellos. También debe evitar nuevas formas de exclusión y garantizar que los costes y los beneficios de la adaptación se distribuyan de manera justa. La cohesión social, el acceso a la vivienda y la justicia intergeneracional también forman parte de las condiciones necesarias para garantizar la habitabilidad de las Islas.

La campaña electoral que ahora comienza no debería limitarse a una competición de anuncios, promesas y cifras de inversión. El 29-N también debería servir para debatir qué futuro queremos para las Islas, conscientes de que muchas de las decisiones que se tomen durante la legislatura que viene tendrán consecuencias ambientales, territoriales y sociales que irán mucho más allá de los próximos cuatro años. Incorporar la seguridad climática, los límites biofísicos y la justicia intergeneracional a este debate significa decidir qué condiciones queremos preservar para que Mallorca y el conjunto de las Islas continúen siendo habitables. Este es, probablemente, uno de los principales compromisos que tenemos con las generaciones presentes y futuras.