Nuestros nietos no lo entenderán
El problema de la vivienda se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales en la vida pública en buena parte de los países desarrollados. A diferencia de otros problemas, como la crisis climática, su solución es estrictamente humana. Reducir el calentamiento global o luchar contra determinadas enfermedades implica tener en cuenta variables geológicas o biológicas que no siempre podemos controlar. En cambio, obtener viviendas asequibles para la gente solo implica la voluntad de las personas, pero eso no lo hace, ni mucho menos, más sencillo.
Si las viviendas no se encuentran hoy al alcance de todo el mundo que las necesita no es por una incapacidad técnica de construirlas. El problema es, básicamente, el precio. Salvo casos muy particulares, el precio de la vivienda se determina por el mercado, tanto si se trata de la venta como del alquiler. Esto es la economía capitalista, dirán algunos. Pero en realidad no siempre es así en todas las cosas. Muchos bienes esenciales, como los medicamentos o la electricidad, tienen precios regulados o con topes en determinadas tarifas, a pesar de ser de producción privada. Podríamos preguntarnos por qué, en cambio, la vivienda va por libre. ¿No es también un bien esencial?
Pero, hablando de vivienda, esta pregunta incluso se queda corta. Casi todo el mundo acepta que hay bienes esenciales cuyo acceso se debe garantizar universalmente, como los medicamentos, la sanidad o los alimentos básicos. Pero la vivienda es algo más que eso. Más allá de la simple supervivencia, hay dos elementos que son básicos para garantizar, además, una vida digna: el trabajo y la vivienda. Todo el mundo tiene derecho a crear un plan de vida, a luchar por unos objetivos y a buscar aquello que, a falta de otra palabra, llamamos felicidad. Y eso no se puede hacer sin la posibilidad de un trabajo digno y reconocido, y un lugar donde vivir, donde poder disfrutar de la intimidad y de las cosas que nos son más propias y personales con un mínimo de comodidad.
Curiosamente, en el ámbito del trabajo hace tiempo que la regulación ya está presente. El empresario continúa siendo el propietario de la empresa, pero no puede fijar las condiciones de los trabajadores como más le conviene, ni pagar salarios por debajo de los estipulados en el convenio; puede decidir contratar trabajadores, pero, le guste o no, estos contratos con el tiempo se vuelven indefinidos y su extinción se penaliza si no está justificada. Nadie le discute que es el dueño de la fábrica, pero es evidente que no puede hacer todo lo que quiere, y nadie se escandaliza por ello.
No hace falta tener una bola de cristal para ver que este será el camino que acabará siguiendo la vivienda. Esto no quiere decir que no se encuentren obstáculos, porque hay muchos más pequeños propietarios que alquilan que empresarios. Mucha gente piensa que limitar sus derechos hará que el mercado del alquiler caiga porque cogerán miedo. Esto no se puede descartar a corto plazo, pero no tengo claro que dure. Históricamente, los empresarios empleaban argumentos similares cuando se luchaba por imponer una jornada de ocho horas o un salario mínimo. Tal vez alguna empresa cerró por esta razón, pero es bien evidente que la economía nunca se hundió.
A veces hago el ejercicio de imaginar cómo verán esta época nuestros nietos de aquí a cincuenta años, y qué pensarán de los que ahora se escandalizan por unas medidas mínimas que, más que arreglar el problema de la vivienda, lo remiendan. Sinceramente, sospecho que no lo entenderán.
