Por un salario mínimo propio de las Islas Baleares
El artículo 16 del vigente Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares insta a los poderes públicos autonómicos a defender y promover los derechos sociales de los ciudadanos de las Islas Baleares. Es, ciertamente, uno de esos preceptos declarativos que tienen mayor o menor empuje y concreción en función de la voluntad política de los estamentos institucionales y de los agentes no institucionales. Dicho de otro modo, la ausencia explícita de una competencia estatutaria no es un obstáculo para que Gobierno, Parlamento, partidos políticos, agentes económicos y sociales, sociedad civil organizada, etc., promuevan el debate y piensen en ampliaciones de capacidades de autogobierno para resolver problemas propios de la ciudadanía de las Illes Balears.
Si nos hemos atrevido a introducir en el debate público cuestiones como la necesidad de conquistar competencias autonómicas en materia de inmigración, para prohibir la venta de casas de lujo a extranjeros, o para gestionar los aeropuertos isleños, ¿por qué debe faltar atrevimiento para impulsar un proceso de legitimación social y política en torno a la necesidad de
Con la excepción de las posiciones extremadamente neoliberales-darwinistas o de mirada corta empresarial, en nuestra casa existe un amplio consenso social sobre la insuficiente cuantía de los salarios. A modo de ejemplo, en el recientemente presentado Informe sobre exclusión y desarrollo social en las Islas Baleares de 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, se pone de relieve la insuficiencia de los salarios hasta tal punto que, en un contexto de casi pleno empleo, crece la exclusión social entre la población ocupada. Es decir, se ensancha y consolida el fenómeno, que algunos hace tiempo denuncian, de los trabajadores pobres. Lo hace hasta tal punto que el citado informe de la fundación ligada a Cáritas habla de una situación "de inclusión precaria".
Añadámosle la tarea realizada en los últimos tiempos por parte de CCOO en la difusión del concepto de 'salario de referencia de las Islas Baleares'. Según un estudio de 2025, encargado por el sindicato a la Fundación Intercoopera, el salario suficiente para hacer frente a los gastos de alimentación, vestido y calzado, vivienda, transporte, educación, ocio y cultura, salud e higiene, y gastos extraordinarios debería ser de 2.260,47 € netos por 14 pagas. Es decir, esa cuantía sería la necesaria para vivir en una situación que los estándares internacionales llaman como de 'vida digna'. Es incuestionable que en las Islas Baleares, con tal desacoplamiento entre los salarios y el elevado coste de la vida (de la vivienda y de la cesta básica de la compra), se ha ido al traste la casi segura capacidad de integración social del trabajo remunerado.
Antes de seguir, conviene advertir que 'salario de referencia' no es, ni mucho menos, lo mismo que 'salario mínimo'. El primero es un cálculo bastante importante para medir el umbral a partir del cual se entra o sale del estado de inclusión precaria; mientras que el segundo es normativo, una especie de semáforo rojo que impide circular por el proceloso mercado laboral con salarios inferiores al fijado por el poder político con capacidad para ello.
Sin duda, la cuestión salarial es uno de los grandes asuntos políticos de hoy. Ya no es exclusivamente una materia delegable a la negociación colectiva entre patronales y sindicatos, ni dependiendo de cuánto se incrementa el salario mínimo interprofesional de todo el Reino de España. Es, insisto, un hecho político trascendente en el ámbito autonómico. Los tiempos han cambiado y los seculares salarios precarios de las Islas Baleares son cada vez más bajos en términos de poder adquisitivo real y, en consecuencia, se resiente la cohesión social, los ascensores sociales permanecen colapsados y se cronifica la pobreza laboral. Es una problemática que va más allá de conceptos economicistas vacuos. La cuestión salarial se ha convertido en una cuestión de lesa democrática. Necesitamos, pues, poner manos a la obra para combatir desde la política los, en acertadísima definición del economista Miquel Puig, "salarios de la ira", recordando que su libro así titulado nos advierte que "el empobrecimiento de muchos amenaza la democracia de todos".
Éste es el reto. Y, para hacerle frente, no basta esperar a una transición exitosa de modelo de crecimiento. En mi opinión, procede la creación de una comisión cívica a favor de un salario mínimo propio de las Illes Balears. Si queremos comandar democráticamente a nuestra casa, necesitamos poder legislar sobre el salario mínimo que necesitamos. Es una cuestión de justicia y cohesión social.
