La impunidad como política de Estado

07/01/2026
3 min

La Memoria Democrática, en España, es como un juego que consiste en recordar selectivamente lo que nos conviene y olvidar, convenientemente, el resto. Durante años, hemos oído que la Transición fue un período de concordia, paz y abrazos colectivos, en los que el rey Juan Carlos nos trajo las libertades. Una especie de cuento de hadas donde todos, de repente, decidimos olvidar nuestras diferencias y andar juntos hacia la democracia, como si nada hubiera pasado.

Pero, ay, el relato se trunca cuando aparece Blanca Serra, una mujer de 82 años que no parece haber olvidado lo que muchos quisieran dejar en silencio. Esta activista, conocida en los círculos independentistas de izquierdas, ha destacado toda su vida por el compromiso con la justicia social, el feminismo y la liberación nacional de los Països Catalans. Serra recordaba, con toda claridad en una entrevista para otro medio, las torturas que sufrió en la comisaría de Via Laietana de Barcelona, ​​en 1977, en plena Transición, cuando ya se hablaba de democracia: golpes que le rompieron varios huesos y una simulación de ejecución por aquel relato de un bolso de plástico. Recordemos, en este sentido, que los historiadores nos hablan de miles de torturados y casi 600 muertes entre 1975 y 1982. Unos años que todavía se presentan como pacíficos y modélicos. Su experiencia, compartida por otros muchos militantes antifranquistas, demuestra que la represión no acabó con la dictadura, sino que se prolongó durante la Transición.

Hace unos meses, la Fiscalía decidió abrir, por primera vez, una investigación penal sobre las torturas cometidas contra Blanca Serra. Nunca es tarde cuando llega, dicen. Han pasado casi cincuenta años, pero esta decisión marca un precedente importante, puesto que la denuncia de Serra es la primera que prospera con el objetivo de investigar los crímenes del franquismo fuera del contexto directo de la Guerra Civil, desde una perspectiva penal.

Sin embargo, mientras la Fiscalía da pasos tímidos para avanzar, el Estado sigue dando la espalda a los abusos cometidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según Amnistía Internacional, en los últimos quince años, más de 200 policías condenados por torturas han sido indultados por los distintos gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE. Lejos de ser hechos puntuales, estos indultos responden a una práctica mantenida en el tiempo que garantiza la impunidad de los responsables y transmite un mensaje inquietante: los crímenes del gobierno carecen de consecuencias. Aunque en varias ocasiones una pequeña parte de la judicatura se ha opuesto, advirtiendo que estos indultos ponen en peligro la separación de poderes, nada ha cambiado. Todo ello pone de manifiesto un grave incumplimiento de los compromisos de España en materia de derechos humanos, difícilmente compatible con la imagen de un estado que se quiere plenamente democrático.

Ante esta situación, el debate político sobre la Memoria Democrática y la reparación se ha convertido en un ejercicio de hipocresía partidista. Me explico. La memoria se utiliza como arma simbólica en una confrontación que alimenta a titulares y crispación y gusta a los medios, pero que queda lejos de la realidad de las víctimas. De esta forma, PP y Vox acusan al PSOE de querer reabrir heridas, mientras la izquierda se defiende afirmando que solo busca justicia. Mientras, las víctimas siguen olvidadas y los verdugos permanecen impunes. Habría que recordar que la lucha por la democracia no terminó ni con la Segunda República ni con la Guerra Civil, sino que continuó durante toda la dictadura, la Transición y llega, todavía hoy, hasta nuestros días.

Esa impunidad no sólo ha permitido que policías condenados volvieran a la vida pública sin consecuencias, sino que incluso se les ha condecorado. Mientras, casos como el de Blanca Serra quedan en el olvido. Ahora, con la primera investigación penal sobre las torturas en Via Laietana, quizás empieza a tambalearse el pacto de silencio que ha protegido a los represores durante décadas. Pero la pregunta es: ¿hará realmente algo la justicia o nos volverán a vender el mismo cuento de hadas de la concordia?

Así, mientras algunos se dedican a hacer malabares con la historia, otros, como Blanca Serra, nos recuerdan que la memoria no es selectiva y que la verdad, por muy incómoda que sea, siempre acaba saliendo a la luz. Quizá sea hora de dejar de lado los relatos edulcorados y afrontar nuestra historia con honestidad, sin miedo a reconocer los errores del pasado. Al fin y al cabo, sólo así podremos construir una democracia realmente sólida y justa.

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