Prosperar es más que crecer
Durante décadas hemos identificado el crecimiento económico con la prosperidad. Si una economía produce más, crea empleo y genera más ingresos, tendemos a pensar que la sociedad vive mejor. En general, es así. Sin creación de riqueza no puede haber bienestar.
Ahora bien, crecer no basta para prosperar.
Imaginemos una fábrica de papel que, para reducir costes, vierte los residuos a un río en lugar de instalar una depuradora. La fábrica produce más barato, vende más y el consumidor compra el papel a un precio más bajo. La contaminación del río, sin embargo, no desaparece. Alguien tendrá que asumir el coste.
No lo paga la fábrica ni tampoco quien compra el papel. La factura acaba recayendo, de una manera u otra, sobre el conjunto de la sociedad.
Los economistas llamamos externalidad esta situación. Cuando una actividad traslada una parte de sus costes a los demás, los precios dejan de reflejar el coste real de lo que se produce y se consume. El mercado, en estas condiciones, deja de dar las señales correctas.
Por eso hay normas que obligan a incorporar estos costes a los precios. No es una crítica al mercado. Muy al contrario: es una condición para que funcione correctamente.
Sorprende que algunos de los que se declaran grandes defensores del mercado rechacen después un principio tan básico de la economía. Pero también es comprensible que muchas personas acaben desconfiando del mercado cuando ven que no funciona como debería funcionar.
El problema, a menudo, no es el mercado. Es un mercado que no cumple sus propias reglas. No defiendo un mercado sin reglas; defiendo un mercado con todas sus reglas. Y una de las más elementales es que los precios incorporen los costes reales de las actividades.
Este mismo problema también puede darse en una economía turística.
Cuando un visitante reserva una habitación de hotel, un apartamento, un coche de alquiler o una excursión, paga una factura. La cuestión es si esta factura incorpora realmente todos los costes colectivos que genera la actividad que consume.
Hablamos del mantenimiento de las carreteras, del consumo de agua cuando es más escasa, de la recogida de residuos, de los refuerzos sanitarios, de los servicios de seguridad, del salvamento en las playas, de la conservación de los espacios naturales y de la presión sobre el mercado residencial, entre otros.
No es un argumento contra el turismo. Es simplemente reconocer que una economía turística genera unos costes colectivos que alguien tiene que asumir.
No se trata de negar que el turismo contribuya fiscalmente. Los visitantes pagan impuestos y también el Impuesto del Turismo Sostenible. La cuestión es otra: si este sistema consigue que los costes sociales que genera la actividad turística queden realmente incorporados al precio que paga quien la consume. Cuesta entender que una actividad que ejerce una presión tan intensa sobre el territorio, la vivienda y los servicios públicos continúe beneficiándose de un tipo reducido de IVA, mientras que el Impuesto del Turismo Sostenible tenga una dimensión tan limitada que difícilmente pueda compensar estos costes. No es una cuestión de recaudar más. Es una cuestión de que los precios reflejen mejor los costes reales de la actividad.
Cuando esto no ocurre, una parte significativa de la factura continúa recayendo sobre los residentes de las Islas Baleares. La pagan dos veces: primero, con sus impuestos, financiando unos servicios públicos sometidos a una presión creciente; y, después, soportando directamente los efectos sobre la vivienda, la movilidad, la disponibilidad de agua y la conservación del territorio.
Hace tiempo que discutimos si hay que poner límites al turismo. Quizás el debate debería plantearse de otra manera. Antes de decidir cuántos visitantes queremos recibir, deberíamos preguntarnos si todas las actividades turísticas asumen realmente los costes colectivos que generan.
Si los hoteles, los apartamentos turísticos, los cruceros, los vehículos de alquiler, las excursiones y el resto de actividades turísticas hubieran de incorporar estos costes a sus precios, probablemente una parte de la demanda se reduciría. Pero este no sería un fracaso del turismo. Sería la consecuencia natural de un mercado que, finalmente, funciona con todas sus reglas.
Los visitantes asumirían el coste real de los servicios que consumen. Los residentes dejarían de pagar una parte de una factura que no les corresponde. Y la actividad turística quedaría mucho más alineada con el interés general.
Los mejores límites al turismo no son necesariamente los que fija un decreto. Son los que aparecen cuando los precios reflejan honestamente todos los costes de la actividad. Cuando esto ocurre, es el mismo mercado quien determina qué nivel de actividad es compatible con el bienestar del territorio.
Prosperar no consiste simplemente en producir más. Consiste en generar más bienestar. Y esto solo es posible cuando los precios reflejan honestamente todos los costes de la actividad económica. Cuando estos costes quedan fuera del mercado, quizás continuamos creciendo. Pero ya no es seguro que continuemos prosperando.
