Participar también es abrir nuevas formas de participación

Hay palabras que, de tanto repetirlas, corren el riesgo de perder la capacidad de interpelarnos. Participación es una de ellas. 

El Consell de Mallorca acaba de convocar ayudas para proyectos de participación ciudadana. Resulta interesante detenerse a reflexionar sobre lo que la misma institución dice que quiere fomentar.

La convocatoria habla de implicación activa de la población en la vida colectiva, de una sociedad más cohesionada y comprometida con el bien común. Define la participación como un conjunto de procesos colectivos mediante los cuales las personas pueden debatir, deliberar e incidir en los asuntos que afectan a la vida en común. Habla de definir prioridades colectivas, aportar visiones diversas, contribuir a la toma de decisiones y orientar las políticas públicas. Y señala expresamente que participar es mucho más que ser espectador.

Es difícil no estar de acuerdo. 

Pero precisamente por eso creemos que vale la pena abrir una pregunta: ¿estamos empleando una concepción de la participación lo suficientemente amplia para reconocer cómo se genera hoy la participación ciudadana?

Porque no toda participación comienza allí donde la institución ya ha preparado un espacio para participar. 

A veces empieza mucho antes.

Empieza creando las condiciones para que personas que nunca han participado puedan hacerlo. En barrios donde hay dificultades para la organización colectiva. Entre generaciones que apenas se relacionan. En comunidades que no tienen una relación habitual con las instituciones. Entre personas que no se sienten interpeladas por los mecanismos convencionales de participación.

En estos contextos, la cultura, la mediación y las prácticas artísticas pueden funcionar como dispositivos de activación ciudadana. 

No porque una actividad cultural sea, por sí misma, participación. 

La cuestión es otra.

Hay procesos que se diseñan como una arquitectura de relaciones: escuchar, detectar necesidades, generar vínculos, poner conocimientos y experiencias en común, abrir espacios de diálogo, formular preguntas, contrastar posiciones, construir propuestas, tomar decisiones y evaluar qué ha pasado.

Dentro de esta arquitectura pueden existir muchas acciones diferentes. Aquello que se ve puede ser una actividad concreta. Pero lo que está pasando es un proceso mucho más amplio. La actividad es uno de los engranajes.

Y el engranaje importa, porque pone a otros en movimiento: personas que se conocen, voces que aparecen, conflictos que se hacen visibles, conocimientos que circulan, relaciones que se crean, propuestas que se formulan y comunidades que adquieren capacidad para intervenir sobre aquello que les afecta.

Esto es especialmente relevante cuando hablamos de participación en territorios o comunidades donde participar no es un hábito adquirido.

Porque una política pública de participación no debería dirigirse únicamente a quien ya sabe participar. También debería preguntarse cómo conseguimos que participen aquellos que nunca lo han hecho.

Y aquí aparece uno de los retos para las instituciones: reconocer procesos participativos que no necesariamente se parecen a los formatos tradicionales, pero que consiguen generar participación.

La misma convocatoria del Consejo de Mallorca incorpora entre sus criterios la deliberación y el debate, la adopción de decisiones fruto de esta deliberación, la participación ciudadana en la planificación y el desarrollo de políticas públicas y el trabajo en red.

Por eso, la cuestión no debería ser si una determinada acción tiene apariencia cultural, artística, educativa o comunitaria. La cuestión fundamental debería ser qué proceso genera, qué relaciones activa, qué voces incorpora, qué preguntas abre, qué decisiones permite construir y qué capacidad de incidencia produce.

Si queremos que la participación llegue a más personas, tendremos que aceptar que quizás no siempre se presenta con la forma que esperamos.

Y hay una segunda cuestión que resulta difícil separar de la primera. 

Las formas de participación necesitan condiciones para poder existir.

Una política pública de participación no se construye solo mediante convocatorias y declaraciones de intenciones. También se construye mediante condiciones materiales y administrativas que permitan que las iniciativas ciudadanas se puedan desarrollar.

Cuando las resoluciones de las ayudas llegan demasiado tarde para que las entidades puedan conocer con antelación los recursos con los que cuentan, se genera una contradicción difícil de ignorar. 

Las entidades deben organizar proyectos, comprometer recursos, contratar personas, asumir gastos y cumplir unos calendarios de ejecución y justificación sin disponer previamente de una información fundamental: qué apoyo público recibirán y en qué cuantía.

La misma convocatoria reconoce esta necesidad de liquidez y establece un sistema de anticipos para facilitar la ejecución de los proyectos. Pero si la resolución llega cuando buena parte del proceso ya está en marcha, la cuestión de la liquidez deja de ser un detalle administrativo. Se convierte en una barrera.

Y las barreras administrativas también tienen consecuencias sobre la participación. 

Una entidad pequeña puede tener una idea, una comunidad implicada, una red de colaboradores y una enorme capacidad de trabajo, pero no disponer de los recursos necesarios para funcionar durante meses dentro de la incertidumbre.

No se trata solo de cuántos recursos recibe una entidad. Se trata de qué condiciones estamos creando para que exista iniciativa ciudadana. 

Por eso, una administración que quiere fomentar la participación debería preocuparse también de que los procedimientos no terminen desincentivando, aunque sea de manera involuntaria, a los que participan, organizan, cuidan comunidades y ponen en marcha proyectos desde abajo.

Quizás este sea el momento de actualizar la mirada. 

No para sustituir unos modelos por otros. No para cuestionar el valor de los mecanismos institucionales de participación.

Sino para ampliar el campo.

Para reconocer que hay otras maneras de generar participación y que algunas consiguen precisamente aquello que las políticas públicas dicen que buscan: incorporar personas nuevas a la vida colectiva, generar vínculos, producir deliberación, hacer emerger necesidades y construir capacidad ciudadana.

Y, al mismo tiempo, para revisar unos procedimientos administrativos que deberían estar al servicio de estos procesos y no convertirse, aunque sea involuntariamente, en un freno.

Porque fomentar la participación no consiste solo en pedir a la ciudadanía que participe.

También consiste en preguntarnos si las instituciones están preparadas para reconocer las formas en que esta participación nace.

Y, sobre todo, si están preparadas para dejarla crecer.