Memoria democrática: para eso sirven las leyes
El acto que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en Santa Coloma de Farners de homenaje y restitución de la memoria de las dos enfermeras catalanas, Daria y Mercè Buxadé, asesinadas por los fascistas el 5 de septiembre de 1936 en Manacor y enterradas en el cementerio de Son Coletes, ha sido posible por una confluencia de hechos y de fuerzas que hay que valorar en conjunto. Está, sin duda, la constancia de su sobrino, Carles Buxadé, que ha dedicado la vida a recuperar su historia. Está el trabajo de los investigadores Antoni Tugores y Jaume Miró, que han contribuido a reconstruirla. Está la asociación La Bulla de Santa Coloma de Farners que ha devuelto la memoria de sus vecinas. Y está la labor de Memòria de Mallorca, de personas y entidades que hacen posible que las víctimas del franquismo dejen de ser invisibles.
Pero entre todo están las leyes. La Ley de memoria democrática convirtió en responsabilidad de las instituciones aquello que hasta entonces dependía sobre todo de la voluntad y la persistencia de familiares, historiadores y asociaciones. Estableció el deber de reconocer a las víctimas, investigarlas, repararlas y preservar su memoria. Y la Ley de fosas dio un marco a las exhumaciones y a la recuperación de los restos de los desaparecidos. De hecho, la cuarta fase del Plan de fosas permitió, en Son Coletes, recuperar los restos de Daria y Mercè, entre otras mujeres. Para eso sirven las leyes. Para convertir un deber moral en obligación pública. Para que la reparación no dependa de esfuerzos particulares. Y para que recuperar a las víctimas de una dictadura sea una política pública y no de sensibilidad partidista.
Por eso es tan preocupante lo que ha pasado en Baleares desde que el PP gobierna, con Vox como socio. La Ley de memoria democrática ha sido derogada, y aunque el Gobierno ha continuado las actuaciones del Plan de Fosas ya licitadas –de ahí que se hayan podido recuperar los cuerpos de Son Coletes–, su discurso sobre la memoria es ambiguo.
Es cierto que la directora general de Relaciones Institucionales, Xisca Ramis, asistió al acto de Santa Coloma de Farners. Pero también lo es que el Ejecutivo defiende memoriales para las víctimas de todos los bandos, un planteamiento que menosprecia a las víctimas del fascismo y minimiza el dolor de las familias por unos hechos silenciados durante los 40 años de dictadura y, después, por las secuelas de esta. No se trata de negar a ninguna víctima, sino de no desfigurar la historia. La recuperación de los cuerpos de Daria y Mercè y el acto de Santa Coloma demuestran que la memoria no es cosa del pasado. Es una cuestión de democracia. Para eso sirven las leyes de memoria: para que aquello que durante décadas se mantuvo tapado, y que saliera a la luz dependía de la voluntad de unos pocos, se convierta en una obligación de todos.
