Mallorca: muchas Torre Pacheco
El pasado día de julio, antes de que empezara el pleno del Ayuntamiento de Palma, se llevó a cabo ante Cort una manifestación significativa e importante: ciudadanos, sociedad civil, expresaban su rechazo a la ley de suelo aprobada recientemente en el Parlament con los votos del PP y de Vox. Barriadas como Son Sardina, Establecimientos y el Secar de la Real, entre otros, y municipios como Llucmajor, Campos, Manacor, Felanitx, Inca y Calvià pueden convertirse en aglomeraciones amorfas de nueva construcción, levantadas sin más orden que el de llegada de los proyectos a los correspondientes registros de entrada, como consecuencia de esta ley. Zonas hasta ahora protegidas y emblemáticas, como la sierra de Tramuntana y el Parque Natural del Trenc, tan odiado por la derecha, se ven también seriamente amenazados por el espíritu, la letra y las intenciones contenidas en esta ley.
Decíamos que la manifestación fue importante porque fue la primera de muchas que serán necesarias para dar respuesta ciudadana a la llamada Ley de obtención de suelo. Sus impulsores la justifican, la ley, por la necesidad de afrontar los problemas de vivienda en Baleares. Esta necesidad existe y es urgente, pero la ley no sólo no es útil para abordar el problema, sino que lo empeora exponencialmente. Supone un nuevo incremento poblacional traumático, con consecuencias difíciles de prever hoy en día. La población de Palma podría crecer en un tercio más de la actual y pasar de más de cuatrocientos mil habitantes a superar los seiscientos mil. interconectada, con salidas a lo que quede de los espacios naturales de Migjorn, Llevant, Pla, Raiguer y sierra de Tramuntana. Una especie de gran complejo vacacional para todo el año, con la población dedicada medio año al sector servicio y el otro medio al paro y/o la economía sumergida, como hace tiempo.
Entre los problemas que este plan comporta (escasez de recursos naturales, principalmente de agua; falta de servicios de una isla precaria en casi todo), cabe pensar en el aumento de una desigualdad social que ya es muy acentuada. Con precios fuera de control y un grueso importante de población cada día más empobrecido, fracturas sociales como la recientemente vista en Murcia, en el municipio de Torre Pacheco, se convertirían previsiblemente en el pan de cada día en la Nueva Mallorca. Es irónico que aquellos que odian a los inmigrantes, y que vergonzosamente se niegan a acogerlos, hagan una ley que es un verdadero efecto llamada para que venga mucha más gente a probar suerte en puestos de trabajo no cualificados en el sector servicios. Es irónico también que Prohens lamente ante el rey Felipe que Mallorca esté superpoblada, cuando su gobierno ha hecho la ley que puede suponer el desbordamiento demográfico definitivo de la isla.
Se explica mejor, eso sí, cuando recordamos que la patriota Manuela Cañadas, de Vox y entusiasta impulsora de la ley de suelo, es socia de una inmobiliaria. O que el portavoz Sebastià Sagreras, del PP, es empresario de la construcción. No hay que olvidar, además, que el PP ha pasado ocho años fuera del poder, y ésta es una dieta demasiado severa para un organismo como el principal partido del sistema político español, acostumbrado a deglutir dinero público en cantidades ingentes. De hecho, las prisas de Feijóo por gobernar España tienen más que ver, vean ustedes qué cosas, con esa añoranza del poder que con la voluntad de salvar a la patria amenazada.
