La mayoría de cosas que ocurren dentro de los partidos políticos no tienen ningún interés, por mucho que los dirigentes de estos partidos piensen lo contrario. Sin embargo, hay tradiciones que goza de comprobar que se conservan. En el PP local, por ejemplo, no han dejado de hostigar a Catalina Cirer en ningún momento de su extensa trayectoria política, que ha terminado después de tres décadas con una defenestración aún más humillante por el hecho de venir de una figura tan indiscutiblemente menor como Marga Prohens. Ocurrió en el marco de una crisis de gobierno que no era tal, sino un simple cambio de colocación de piezas para poner al Gobierno aún más en sintonía con lo que pueda exigir Vox. "Lo que pueda exigir" es la manera más aproximada de decirlo, porque la delegación mallorquina de Vox implosiona regularmente y nunca se sabe con exactitud quién debe dictarle al Gobierno lo que debe hacer. Las crisis de Vox Baleares acaban también siempre igual: desde la central de Madrid, alguien (a los periodistas más provincianos de Mallorca les gusta imaginar que es Abascal en persona, pero no lo es, no lo es) desmiga la dirección de turno y le pone digitalmente otro nombre. Es la forma de hacer política que tienen en Torre Pacheco y que ya tenían los hombres de las cavernas. En esta ocasión, el agraciado con el liderazgo del partido fascista en Baleares fue Gabriel Le Senne, un individuo que no dimitió ni fue cesado como presidente del Parlamento pese a estar imputado y pendiente de juicio por un delito de odio. Sin embargo, dentro de Vox los delitos de odio deben ser mérito y requisito para ascender, inversamente a lo que sucede con el catalán en la sanidad pública de Baleares.
Sin embargo, incluso con esta situación de provisionalidad permanente, Vox logra que el Gobierno de Prohens haga su voluntad. O dicho de otro modo, un partido como el PP, con todo su historial y su importancia, es actualmente incapaz de ganar un pulso a un partido de recién llegados que no son capaces ni de estar sentados en sus escaños de diputados sin protagonizar escenas de vergüenza ajena. Ésta es la debilidad del PP actual, que Feijóo (y, por simple delegación, Prohens) personifican a la perfección.
Sin embargo, el segundo año triunfal de la legislatura ha sido vendido con toda la pompa como un éxito sin precedentes e, incluso, como una etapa revolucionaria en la historia política de estas islas castigadas. Esto debía ocurrir, porque, dentro de la devaluación general del lenguaje, "revolucionario" es una de las palabras que más sentido han perdido, y que más absurdamente la izquierda ha acabado regalando a la derecha.
Pero tal vez tengan razón. Tal y como ha explicado vía comunicado la plataforma ciudadana Mallorca para vivir, no para especular, si la Ley de obtención de suelo se llega a aplicar en el municipio de Palma tal y como está planteada, comportará un incremento de 130.000 habitantes (un 30% de aumento de la población) y la destrucción de más de 360 hectáreas del doble de Palma. Huelga decir qué pasará si la propia ley, con sus argucias para legalizar las construcciones ilegales ya hechas y para facilitar otras nuevas, se aplica a los municipios más afectados, como Calvià, Inca, Manacor o Llucmajor. Quizás sí estaríamos ante un cambio revolucionario. Pero no para progresar, sino para hundirnos colectivamente como país, mientras los fondos buitre y los espabilados de guardia se llevan las ganancias a algún paraíso fiscal.
