Criminalizar para desactivar
Palma¿Qué pasa cuando una protesta está tan justificada y es tan amplia, transversal y pacífica que no se puede desacreditar por sus propios actos? Quizás pasa esto que vemos con las actuaciones policiales contra el movimiento que clama en Mallorca contra la masificación turística y por el derecho a la vivienda.
Sucedió con las dos activistas de Santa María detenidas por las pintadas contra unas inmobiliarias. La imagen de las dos mujeres encadenadas y exhibidas ante las cámaras decía mucho más que la propia detención. Después llegó un informe policial inquietante, tanto por su contenido como porque hacía preguntarnos qué cultura policial permite redactar un documento así. Y volvió a pasar al final de la manifestación convocada por Menos Turismo Más Vida en Palma. Una movilización multitudinaria, familiar y cívica que acabó con una actuación de la Policía Nacional injustificable. No fue desproporcionada. La desproporción necesita dos factores, sería una respuesta a una alteración del orden público. No la hubo. Fue una actuación injustificada. También resulta difícil entender que la Policía impidiera el acceso a las Voltes porque, supuestamente, ya estaba lleno con unas quinientas personas, y un par de días después aquel mismo espacio acogía un concierto con más de tres mil asistentes. Cuesta no ver ahí un criterio político más que de seguridad.
Todo ello recuerda una estrategia conocida. No porque el movimiento contra la masificación sea equiparable al independentismo catalán, sino porque la respuesta de las fuerzas del Estado parece seguir un mismo patrón, el de cuando un movimiento ciudadano adquiere suficiente fuerza para condicionar el debate público. Primero se construye un relato sobre los activistas. Después llegan las detenciones espectaculares, los informes policiales que convierten a ciudadanos en sospechosos, las infiltraciones, la judicialización o las actuaciones policiales difíciles de explicar. No siempre pasa todo a la vez ni con la misma intensidad, pero la lógica se puede reconocer: transformar una reivindicación política en un problema de orden público.
Lo vimos durante años en Cataluña. Las multitudinarias manifestaciones del Onze de Setembre destacaban por su civismo. Cientos de miles de personas reclamaban la independencia sin violencia ni destrozos. Aquel carácter pacífico dificultaba cualquier intento de presentar el movimiento como una amenaza. Si la realidad no encaja con el relato que interesa al poder, siempre está la tentación de fabricar el relato.
En todos los casos el objetivo no es tanto responder a una protesta concreta como desgastar un movimiento. Intimidar, sembrar el miedo, romper complicidades, empujarlo a la confrontación o al cansancio. Es una manera de intentar desactivarlo. Pero el movimiento contra la masificación y por el derecho a la vivienda no desaparecerá mientras existan las causas que lo han hecho nacer. La criminalización no resuelve los conflictos, solo intenta silenciar a quien los denuncia.
