El PP arranca el apoyo de Vox al Decreto de aceleración de proyectos

PalmaLuz verde en el Decreto ley de aceleración de proyectos. El Gobierno ha logrado sumar el apoyo de Vox a la normativa a cambio de eliminar algunas referencias a las energías renovables. Sin embargo, el verdadero motivo de la extrema derecha para desdicharse de su 'no' en el decreto ha sido la necesidad de aprobar la importación de residuos de Ibiza a Mallorca. Prueba de ello es que el vicepresidente del Consejo de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), que ha presionado a su grupo político para que se abriera a negociar hasta el último momento, ha asistido como público al debate en el pleno.

Tal y como va explicar el ARA Baleares, los grupos del PP y Vox en el Consell de Mallorca gobiernan con cierta armonía a pesar de los choques constantes en el Parlament. Es por ello que ambos miembros del gobierno insular se conjuraron para reclamar a sus homólogos al legislativo la necesidad de que superaran sus diferencias al menos en este ámbito. Las negociaciones se alargaron dos meses y medio. El grupo parlamentario de Vox llegó a pedir públicamente al Gobierno que vehiculara exclusivamente la importación de residuos a través de otra norma, pero el PP se mantuvo firme: si Vox quería abanderar esta medida, iba a convalidar el decreto ley entero.

El debate entre ambos partidos no era sobre los detalles del decreto ley, sino pura estrategia política. Tal y como explicó el vicepresidente primero, Antoni Costa, la primera versión de la norma ya había sido pactada palabra por palabra con Vox. De hecho, la extrema derecha sólo la tumbó, el pasado 30 de septiembre, como represalia, porque el PP no permitió la tramitación de su ley para incrementar el castellano en las escuelas. Sin embargo, la portavoz de la extrema derecha, Manuela Cañadas, sacó pecho desde la tribuna de haber logrado que el Gobierno haya eliminado la posibilidad de que los proyectos de energías renovables se acojan a la aceleración. Una cesión que Costa considera "ligera".

El conseller defendió la importancia del decreto ley, porque aporta un marco normativo "claro, coherente, que sustituye a una regulación dispersa y confusa". "Aquí se puede invertir", ha dicho: "La Administración no es un obstáculo sino un aliado". Ambos partidos han acordado tramitar el decreto ley como proyecto de ley.

¿Por qué era importante para el Consejo?

Los residuos de Eivissa y Formentera actualmente se trasladan al vertedero de Ca na Putxa, que está al límite de su vida útil, y se prevé llevar una parte a Mallorca. A cambio, el Consell de Mallorca percibirá 50 millones de euros del Govern. "Aquí se trataba de salvar al soldado [Vicent] Marí", ha dicho el diputado del PSIB Llorenç Pou sobre el presidente del Consell de Ibiza. "Este decreto ley va a salvar al presidente Vicent Marí de su falta de gestión, porque lleva seis años mareando la perdiz mientras el vertedero de Ca na Putxa llega a su fin", ha remarcado.

Más allá de la importación de residuos, el decreto ley tiene por objeto agilizar y simplificar trámites administrativos para grandes inversiones consideradas estratégicas para la economía. Previene la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos para coordinarlos, e incluye la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico con procedimientos más rápidos. "Lo que se ha aprobado es especulación urbanística", ha dicho Pou. Uno de los proyectos que generaron polémica en el Parlament fue la creación de una universidad privada adscrita a la Fundación San Pablo CEU en Mallorca, que si finalmente se acoge a la normativa, podrá implantarse en las Islas de forma exprés.

Por parte de MÁS por Mallorca, Ferran Rosa consideró que Costa "puede ser un brillante economista, pero es un mal negociador" por haber llevado el decreto ley al pleno en dos ocasiones. "Es un texto casi idéntico, con la misma justificación, y vuelven a emplear de forma fraudulenta una figura extraordinaria", ha dicho en referencia a la figura del decreto ley, insistiendo en que la norma debería haberse presentado como proyecto de ley. Por parte de Més por Menorca, Josep Castells censuró el "triunfalismo" de Costa: "Llevan dos años y medio hablando de aceleración de proyectos, y su unidad tiene tres trabajadores". "Si quiere acelerar proyectos, antes tendrá que acelerar la unidad de aceleración", espetó. En paralelo, ha acusado al Gobierno de acelerar proyectos para los "amigos" y de forma "discrecional". El diputado de Unides Podem, José María García, considera que el decreto ley favorece el "descontrol" y elimina competencias de instituciones como los ayuntamientos.