La ley de bienestar animal, a medio gas: "La gente reaccionará con multas"

PalmaLolita llegó a la clínica de la veterinaria Marta Gallego en Inca hace tres años. Desnutrida, con las articulaciones destrozadas de vivir hacinada en una jaula, ciega de un ojo y con muy poca visión en el otro. El diagnóstico inicial se cerró con leishmania sin tratar y poliartritis. Un hombre había rescatado a la chihuahua de un saco del contenedor. Pensó que sería una camada de gatos. "Llamé a la Policía y denuncié al dueño. Lo había tirado al estiércol con el chip", recuerda Gallego. Cuando llegó al juicio, pidió a la magistrada por la situación del animal en la sentencia. "Solo me dijo: 'Aquí no se prevé nada de la cosa'. Pensé que cómo era posible si era el objeto del juicio". Marta se calló. Nadie le ha pagado los más de 3.000 euros gastados en Lolita, oficialmente a nombre de su maltratador, condenado a tres meses de cárcel. Sin antecedentes, no debe ingresar.

El gobierno español aprobó en 2023 la Ley de bienestar animal. La norma reconoce a los animales como seres que sienten, obliga a identificarlos con chip (también los gatos) y que los ayuntamientos controlen las colonias felinas. Prevé sanciones elevadas de hasta 100.000 euros en casos graves, prohíbe la venta de animales en tiendas (con matices) y excluye a los perros de caza. Según los más críticos, es una norma de mascotas que deja fuera a los derechos de otras especies. "La ley es un avance muy importante y trascendente porque reconoce que los animales son sujetos de derechos, pero todavía no se ha aprobado el reglamento que la desarrolla. El retraso supera el año y es difícil evaluar si se cumple o no a causa de un defecto de la ley o por la falta de desarrollo", resume el abogado experto en derecho animal Francisco Capacete.

En el Congreso, la norma se aprobó in extremis. El borrador de su reglamento está sobre la mesa y el gobierno español, según los expertos, no parece tener prisa en rematarlo. La ley es administrativa y civil, pero no penal. Así, las penas de prisión por delitos de maltrato tienen un máximo de 18 meses, un plazo por el que –sin antecedentes o por una orden expresa del juez– el condenado no entra en prisión. "Son condenas insuficientes, las mismas que hace décadas, resueltas con una simple multa o trabajos para la comunidad. Hay que luchar por elevarlas. Nuestra sensibilidad como sociedad lo pide. Sale más a cuenta matar a un animal que pegarle una coza o dejarlo sin comer", insiste Capacete, para quien la ley es una ".

El presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares, Ramon Garcia, opina que la norma tiene mayor incidencia sobre los particulares y ayuntamientos que sobre su gremio, a pesar de que propusieron cambios al Ministerio sobre la libertad para aplicar la eutanasia con sentido común. "Estaba redactada como si los animales fueran maltratados a todos los niveles. No podían ponernos en una situación de inseguridad jurídica total", recuerda. Respecto a que se centre en perros y gatos, entiende que existe "una regulación sectorial muy potente con directrices europeas" en el caso de la ganadería.

Los veterinarios colaboran con los ayuntamientos en el control de las colonias felinas con la obligación de esterilizar gatos. En Baleares, la ley ha generado más registros y censos actualizados, y un aumento de la visibilidad de las obligaciones de los ciudadanos (microchips). Desde su entrada en vigor, el número de animales de compañía registrados ha pasado de 432.131 a 394.363, en parte por criterios de depuración del registro, ya que muchos propietarios no dan de baja a sus mascotas cuando mueren. El número de gatos ha aumentado con más de 22.000 debido al esfuerzo en la identificación y el censo. Sin embargo, los datos no implican una reducción en el abandono o maltrato, objetivos a largo plazo. Según cifras de la Conselleria de Agricultura, hay registradas 1.759 colonias felinas con casi la mitad de sus gatos ya esterilizados. El control de las colonias se conseguirá al llegar al 90%.

Toni Nadal, responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Santa Margalida, denuncia un desajuste entre "las buenas intenciones" de la ley y la "realidad complicada" de los municipios, carentes de personal y de recursos. "El Ministerio no ofrece ayudas directas para pagar todo lo que estamos obligados a hacer. Trabajamos con colaboradores en las colonias. Necesitamos el desarrollo de la ley, formación y dinero", añade. En su Consistorio, destinan 75.000 a la gestión de animales domésticos, pero se topan con la falta de concienciación de los ciudadanos, que tienen gatos sin registrar ni castrar saliendo y entrando de su casa. Y no les imponen sanciones. De nuevo, alega, por falta de recursos y pruebas, en muchos casos. Nadal está solo en el departamento y retenido por el trabajo de oficina. "Apenas tengo tiempo de salir a la calle", lamenta.

Impunidad de los infractores

La veterinaria Marta Gallego considera que la ley favorece a "la impunidad" de los infractores. "No es justo que maltratar a un animal salga gratis. Puedes matar a un caballo a palos y no pasa nada", denuncia y apuesta por un endurecimiento de la aplicación de sanciones "ejemplarizantes". "La sociedad tiene que tomar conciencia y sólo lo hace cuando le tocan el bolsillo. ¿Se protege más que hace diez años? Sí, pero no es suficiente. El problema no es de normas sino de su cumplimiento. Se normaliza que matar bueyes es cultura y, hasta hace poco, los quintos obligaban a gallos a beber alcohol. No tenemos que ver el maltrato animal como menos, no tenemos que ver el maltrato animal como menos. no recibe una respuesta acorde al mal, el mensaje que se transmite a la sociedad es de permisividad", prosigue.

Las leyes, campañas y mensajes institucionales han creado, según Gallego, una "falsa sensación de seguridad". "La mayoría de gente no reconoce el abandono, el maltrato silencioso ni la falta de recursos reales", dice. Capacete, en cambio, ve el vaso medio lleno y propone seguir la corriente jurídica favorable a premiar con incentivos fiscales o vales de descuento en lugar de castigar, como en otros países europeos.

Para el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, no ha habido "ni una protección ni una aplicación efectiva" de la ley. "Vemos lo mismo que antes o incluso peor. Denunciamos situaciones de abandono y no se siguen por falta de efectivos del Seprona y la Policía Local". Su asociación reclamó su inclusión en la norma de los caballos de galera, permitidos por el Ayuntamiento de Palma. "Corte no quiere actuar. Sabe que la mitad de los caballos están tirados en fincas y prácticamente no pueden moverse, pero no actúan. Lo saben la Conselleria de Agricultura y el Seprona. Nuestras denuncias se archivan o se tiran a la basura". Consiguieron que los caballos no trabajasen cuando había alertas por temperatura alta, pero cada año "hay animales que caen en eltierra porque no pueden soportar el calor". "Siguen haciéndolo, pero nadie se ha sancionado", insiste. Por su parte, Cort no tiene intención de sustituir a los caballos por galeras eléctricas.

El Ayuntamiento de Palma ha incrementado los expedientes sancionadores desde que se aprobó la ley: 2 multas de entre 200 y 3.500 euros. Amengual recuerda cómo rescataron un gato que tenían enjaulado al aire libre. Están acostumbrados a mirar hacia otro lado. No sé si es que no quieren o no pueden hacer otra cosa. Por suerte, también hay gente ejemplar", concluye.