Colectivos sociales alertan de que el desalojo de la antigua prisión de Palma puede dejar a más de 200 personas sin alternativa

PalmaVarios colectivos sociales han denunciado la carencia de alternativas residenciales reales ante el proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, donde actualmente viven cerca de 200 personas. Las entidades Arran, Menos Turismo Más Vida, la Organización Juvenil Socialista y la Sindicata Vivienda de Palma han reclamado la paralización del desalojo hasta que no se garantice una solución digna para todas las personas afectadas.

En una comparecencia ante el edificio municipal, los colectivos han advertido de que el caso no es un hecho aislado, sino una expresión más de la crisis residencial que vive Palma, agravada —según señalan— por la turistificación y el encarecimiento sostenido del mercado de alquiler. En este contexto, recuerdan que sólo en el segundo trimestre de 2025 se ejecutaron 245 desahucios en la ciudad, mientras que más de un millar de personas viven actualmente en asentamientos precarios.

La antigua prisión, cerrada hace más de 25 años y adquirida por el Ayuntamiento de Palma en 2013, ha llegado a acoger hasta 400 personas de manera simultánea. Según las entidades convocantes, entre los residentes hay personas sin hogar, familias desahuciadas y trabajadores con bajos ingresos que no pueden acceder a una vivienda en el mercado ordinario.

Los colectivos han criticado que el Consistorio haya iniciado el proceso de desalojo sin concretar una alternativa suficiente, aunque los Servicios Sociales municipales y la red de inclusión social del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales presentan listas de espera. En este sentido, han advertido que la opción de un abandono voluntario no garantiza una solución inmediata y puede acabar dejando a muchas personas en la calle.

También han cuestionado que los incendios registrados recientemente en el interior del edificio justifiquen el desalojo y aseguraron que estos hechos han sido utilizados para acelerar el proceso. Según los colectivos, no existe un informe que acredite un riesgo estructural inminente que obligue a un urgente desalojo.

Por último, las entidades han acusado al Ayuntamiento de trasladar la responsabilidad a otras instituciones y han alertado de que la medida puede reproducir situaciones ya vividas en otros municipios, como Badalona e Ibiza, donde desalojos similares derivaron en nuevos asentamientos. En este contexto, reclamaron que el derecho a la vivienda prime sobre la lógica especulativa y exigieron una respuesta inmediata y coordinada de las administraciones.