El PP y Vox en el Consell apresuran a sus partidos a pactar el decreto de aceleración

PalmaMientras que el PP y Vox chocan frontalmente en el Parlament, en el Consell de Mallorca gobiernan con cierta armonía. El vicepresidente de la institución insular, Pedro Bestard (Vox), advirtió a su partido de que priorizaba mantener el acuerdo con el presidente, Llorenç Galmés (PP), y llegó a amenazar con romper con Vox si le pedían salir del gobierno. Ahora, el último rifirrafe entre los grupos parlamentarios del PP y Vox, que hizo decaer el decreto de aceleración de proyectos, ha salpicado directamente al Consell. La importación de residuos de Eivissa en Mallorca depende de esta norma. Según fuentes de ambas formaciones, sus representantes insulares han expresado a sus homólogos del Parlament la necesidad de que, al menos en este ámbito, superen las diferencias y permitan su aprobación.

Vox tumbó la aprobación del decreto ley el 30 de septiembre. No lo hizo por discrepancias con la norma, sino como represalia por la negativa del PP a tramitar su ley lingística. Un conflicto que el pasado martes llegó al límite cuando los populares presentaron su propia propuesta para hacer el castellano vehicular en la Ley de educación, lo que Vox calificó de "traición". Sin embargo, el grupo parlamentario de extrema derecha argumentó su voto en contra del decreto ley por las referencias a las energías renovables, algo incompatible con un partido que niega el cambio climático y la Agenda 2030.

De esa portada de Vox al decreto ley ya ha pasado casi mes y medio, en la que la inquietud de Galmés y Bestard al frente del Consell ha ido creciendo. Según fuentes de ambas formaciones, la institución ha hecho llegar que la norma debe salir adelante de forma perentoria para garantizar el tratamiento de estos residuos.

Los residuos de Ibiza y Formentera actualmente se trasladan al vertedero de Ca na Putxa, que está al límite de su vida útil, y se prevé llevar una parte a Mallorca. Según los cálculos que dio el grupo insular de MÉS por Mallorca –recogidos por Europa Press–, esto supondría que unos 21.900 camiones de estiércol circularan por la red viaria de Mallorca cada año, con 160.000 toneladas de residuos no reciclables. Si no se aprueba la importación de estos residuos, habría que encontrar otra solución para Eivissa. El Consell de Mallorca dejaría de percibir 50 millones de euros del Govern a cambio de asumir la gestión de este estiércol.

Según fuentes del PP y Vox, las negociaciones para sacar adelante el decreto ley de aceleración de proyectos –que prevé otras cuestiones, como la implantación de más parques solares en suelo rústico y facilitar la construcción de centros comerciales y empresas–, siguen en marcha a pesar de las tensiones en el Parlamento. "Nos presionan desde el Consell, tanto a nosotros como a ellos", asegura una fuente del PP. Según esta misma voz, se está trabajando para realizar modificaciones en la norma que eliminen las referencias a las energías renovables para contentar a Vox. Por otra parte, fuentes del partido de Manuela Cañadas exponen que están a favor de permitir la importación de residuos de Eivissa. Pero, sin embargo, no dan por sentado su voto favorable al decreto ley. Si las negociaciones fracasan, apuntan, "siempre puede introducirse justo esta cuestión en cualquier otra norma".