¿De dónde saldrá el agua para los 9.000 pisos de los proyectos estratégicos de Palma?

Palma9.000 pisos de ocho Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE). Estos son los expedientes que ya caminan por el Ayuntamiento de Palma y que recorren el largo trámite de conseguir una licencia. Se trata de la gran apuesta del alcalde de Palma, Jaime Martínez, que aún está lejos de ser una realidad. Especialmente, si la tramitación inicial ha de pasar por diferentes controles, como el de la Dirección General de Recursos Hídricos. Martínez y su equipo querían al menos "unas grúas" haciendo cientos de pisos de aquí a un año, según se ha dicho en algunas reuniones del PP, convencido de que hay que demostrar que se actúa contra la falta de vivienda.

Pero Palma tiene los recursos naturales al límite y los acuíferos sobreexplotados. La revisión de Recursos Hídricos puede complicar la implantación de los proyectos, y por eso hay tensión. Antes de que estos pisos se hagan realidad, hay una cuestión en el centro del debate: ¿en qué momento de la tramitación tendrán que demostrar que disponen de suficiente agua? Según fuentes consultadas, los proyectos estratégicos "han de ser revisados por Recursos Hídricos, porque incluyen un incremento del 45% del número de viviendas previstas inicialmente en la misma zona", según explica un técnico municipal que pide el anonimato. En cambio, el equipo de gobierno municipal intentará que esta circunstancia no se dé hasta el momento de otorgamiento de la licencia.

La Ley ómnibus aprobada por el PP y Vox en el Parlament incluye una disposición para evitar duplicidades y no tener que enviar los planeamientos urbanísticos más de una vez a Recursos Hídricos. Pero muchos técnicos opinan que "detrás hay un interés por reducir el control de la autoridad en materia de agua y poder ir creciendo". En este sentido, se da por hecho que Cort intentará no enviar los proyectos estratégicos de suelo a Recursos Hídricos aunque supongan un gran incremento.

Otra fuente consultada apunta que "el argumento es que esta simplificación ya se aplicaba en tiempos del Pacto, mediante una instrucción". "Realmente, tanto la instrucción como la norma hablan de no enviar los planes urbanísticos si ya han sido informados y si no hay nuevos crecimientos. En el caso de los proyectos estratégicos, no es el caso. Si quieren más agua, quizás se podría luchar de verdad contra el alquiler turístico ilegal", afirma esta fuente.

Los ocho PRE proyectados o en tramitación en Palma prevén la construcción de unos 9.000 viviendas, más de la mitad de las cuales serán protegidas o de precio limitado. La cifra, confirmada por el Ayuntamiento de Palma, convierte estos proyectos en una de las principales apuestas del Govern y de Cort para incrementar la oferta residencial en una ciudad marcada por la crisis de la vivienda.

En algún momento han de pasar, ¿pero cuándo?

La discusión no es si los PRE deberán pasar por Recursos Hídricos o no. Tanto la Administración como el sector asumen que, en un momento u otro, los proyectos deberán acreditar la disponibilidad de agua. La cuestión es cuándo se deberá hacer este control y qué consecuencias tendrá sobre los plazos.

Los promotores defienden que los PRE continuarán sometidos a los informes de Recursos Hídricos. El presidente de la Asociación de Promotores de las Baleares, Òscar Carreras, rechaza que la Ley ómnibus elimine este filtro: "Deberán pasar preceptivamente por el informe favorable de Recursos Hídricos en la tramitación ambiental y urbanística", asegura.

La preocupación del sector se centra en la posibilidad de que este pronunciamiento se exija en las primeras fases de los expedientes. Si Recursos Hídricos debe intervenir desde el inicio de la tramitación de los PRE, los promotores temen que los plazos se alarguen y que una de las principales herramientas creadas para acelerar la construcción de viviendas acabe encallada en nuevos procedimientos administrativos.

Más edificabilidad a cambio de vivienda protegida

Los PRE son una de las medidas estrella de la política de vivienda del Gobierno. La normativa permite aumentar la edificabilidad de los terrenos, en algunos casos hasta un 45% más respecto del planeamiento ordinario, con el objetivo de hacer viables promociones con una elevada presencia de vivienda asequible.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, más del 50% de las viviendas previstas en los ocho proyectos tendrán algún régimen de protección o limitación de precio. Una parte de estos pisos se comercializarán bajo la fórmula de la vivienda de precio limitado (HPL). Carreras recuerda que las viviendas de este régimen se moverán "en una horquilla aproximada de entre 180.000 y 300.000 euros y estarán reservadas para personas que acrediten al menos cinco años de residencia en las Baleares". La patronal defiende que sin el incremento de edificabilidad que permite la normativa sería mucho más difícil asumir las reservas obligatorias de vivienda protegida y de precio limitado.

Un debate que Palma ya conoce

La polémica sobre el agua no es nueva. El año pasado, el ARA Balears reveló que los informes de Recursos Hídricos emitidos durante la tramitación del Plan General de Palma advertían de las dificultades para garantizar el suministro de agua asociado a todo el crecimiento urbanístico previsto para las próximas décadas.

Aquellos documentos analizaban un escenario que podía llegar a las 26.000 viviendas nuevas hasta 2038 y alertaban de que las últimas fases del desarrollo urbano podrían topar con limitaciones de disponibilidad hídrica si no se reforzaban las infraestructuras y los recursos disponibles.

La aparición de los PRE ha reabierto este debate. Aunque los proyectos se han presentado como una respuesta a la emergencia de vivienda, diversas voces cuestionan si la ciudad está en condiciones de asumir nuevo crecimiento residencial sin aclarar antes cuál es la capacidad real de abastecimiento. La desaladora que quiere hacer Palma no estará lista ni de aquí a cinco años.

Unos pisos que no llegarán antes de las elecciones

Más allá de la batalla administrativa, el sector inmobiliario ha advertido que los efectos de los PRE no serán inmediatos. Los promotores calculan que los grandes proyectos residenciales necesitarán años de tramitación, urbanización y construcción antes de poner viviendas en el mercado. Meses atrás se señaló que es muy poco probable que los pisos derivados de los PRE estén ni siquiera en obras antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales.