Nuevo intento fallido de Martínez para desalojar la acampada: “Están amparados por el derecho de manifestación”

PalmaLa Delegación del gobierno español en las Islas Baleares descarta desalojar la acampada por la vivienda de la plaza de España de Palma porque considera que las personas que participan en ella están amparadas por el derecho de reunión y manifestación. Fuentes de la institución aseguran que no hay ninguna intervención de este tipo prevista y remarcan que el Ayuntamiento de Palma ya recibió una respuesta formal sobre esta cuestión el pasado 6 de octubre, que sigue vigente.

La posición de la Delegación llega después de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, haya vuelto a reclamar el desmantelamiento del campamento. Este martes, Martínez ha trasladado una nueva petición al delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, para que se actúe en Palma de la misma manera que se ha hecho con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, que ha sido desmantelada tras una intervención policial.

Fuentes de la Delegación, sin embargo, subrayan que no han recibido ningún requerimiento formal nuevo y recuerdan que la última petición del Ayuntamiento se tramitó el 6 de octubre. En aquella ocasión, la institución ya comunicó al consistorio que las personas acampadas están amparadas por el derecho de reunión y que, por este motivo, no se prevé ninguna actuación para desalojarlas.

La Policía Local retira parte de la estructura

Paralelamente, la Policía Local de Palma ha acudido este martes a la plaza de España con operarios de Emaya y ha comenzado a retirar parte de la estructura externa de la acampada. La actuación se ha producido minutos después de que Martínez haya hecho un nuevo comunicado en el que exigía el desmantelamiento total del campamento y advertía de que las personas que continuaran allí podrían ser identificadas y sancionadas.

De momento, los agentes no han ordenado retirar las tiendas de campaña, sino que se han centrado en los elementos que servían de estructura y protección del espacio. Entre estos hay palets y cuerdas que delimitaban la zona de la acampada y la separaban del espacio de paso de los peatones.

Los agentes han indicado a los operarios de Emaya qué elementos debían desmontar y han informado a los miembros del campamento de la actuación. Así, mientras la Delegación del Gobierno mantiene que no hay ningún desalojo previsto, el Ayuntamiento ha comenzado a retirar algunos de los elementos que conformaban la estructura exterior de la acampada.

La actuación llega después de que Martínez haya vuelto a presionar a la Delegación del gobierno español para que desmantele la acampada de la plaza de España, a raíz de la intervención policial que ha puesto fin a la de la Puerta del Sol de Madrid. El alcalde ha trasladado este martes una nueva petición formal al delegado del gobierno en las Islas Baleares, Pere Joan Pons, para que se actúe de la misma manera en Palma.

Desde Londres, donde participa en la World Travel Market (WTM), Martínez ha defendido que la concentración ya no está amparada por el derecho de manifestación y que, por tanto, las administraciones deben intervenir. "Se debería actuar igual que en Madrid, y nosotros lo haremos", ha asegurado. También ha argumentado que "las Baleares no son diferentes de Madrid", porque, según ha dicho, se aplican las mismas leyes y normas.

El alcalde ha ido más allá y, como amenaza a los acampados, ha anunciado que la Policía Local empezará a abrir expedientes sancionadores contra las personas acampadas que incumplan las ordenanzas municipales de civismo y de ocupación de la vía pública. Ha dado instrucciones para que los agentes identifiquen a las personas que consideren que incumplen la normativa, levanten acta e inicien los procedimientos sancionadores correspondientes. Además, ha recordado que estas ordenanzas prevén sanciones económicas.

Martínez ha defendido la intervención policial alegando que en la plaza de España también se han producido problemas de orden público, como, según él, ocurrió en la acampada de Madrid. Además, ha argumentado que la ocupación dificulta las tareas de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento e impide que la plaza se pueda emplear con normalidad. Para justificar nuevamente la expulsión y reclamar inmediatez y urgencia, ha asegurado que cada día unas 50.000 personas pasan por este espacio público.

Cort insiste en el desalojo

No es la primera vez que el Consistorio reclama que se acabe la acampada. El 1 de octubre ya pidió formalmente a la Delegación del gobierno español que asumiera sus responsabilidades y adoptara las medidas necesarias para poner fin a la ocupación, después de que hubiera vencido el plazo que la organización había comunicado para mantener la concentración.

El Ayuntamiento también ha cuestionado la instalación de cierres y otros elementos, así como la conexión a la red eléctrica sin autorización, porque considera que pueden provocar desperfectos en el pavimento y otros elementos de la plaza. A pesar de asegurar que respeta el derecho de manifestación y concentración, Cort defiende que este derecho no puede justificar una ocupación indefinida del espacio público.

La plataforma Stop Desahucios denuncia una vulneración del derecho de reunión

El portavoz de la Plataforma Antidesahucios de Palma, Joan Segura, ha denunciado que la Policía Local y Emaya están actuando contra el derecho de reunión y manifestación, que considera amparado por la ley. Según ha explicado, los agentes están retirando prácticamente todos los elementos de la protesta que no están dentro de las tiendas, incluidas las barreras que protegían la acampada.

El portavoz también ha asegurado que durante la actuación se están identificando participantes sin explicarles el motivo y ha denunciado que algunos agentes se tapaban el número de placa. Además, ha afirmado que la Delegación del Gobierno acababa de tener conocimiento de los hechos y que los convocantes esperaban una respuesta de la institución.

El representante de la plataforma ha relacionado la actuación con el conflicto del pasado viernes, cuando un grupo de jóvenes simpatizantes de Vox se presentó ante la acampada después del mitin de Santiago Abascal. Según su interpretación, la intervención municipal sería una continuación por vía institucional de aquella presión contra el campamento. También ha considerado que la retirada inicial de las vallas de protección no era casual.