Los dos máximos cargos de Vox en Baleares, bajo la lupa judicial

PalmaVox encara la recta final de la legislatura con sus máximos cargos en Baleares bajo la lupa de la justicia. Por un lado, el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne (también es presidente de Vox en las Islas), será juzgado por un presunto delito de odio el 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2027. Por el otro, la Fiscalía de las Islas Baleares se ha querellado contra el vicepresidente segundo del Consejo de Mallorca, Pedro Bestard, por el presunto uso irregular de los coches del departamento de Medio Ambiente de la institución insular. En ambos casos, el partido de extrema derecha ha hecho piña y defiende que tanto Le Senne como Bestard continúen en sus cargos hasta que haya una sentencia judicial.

El presidente del Parlamento rasgó una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, asesinadas por los franquistas el día 5 de enero de 1937. La vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido (PSIB), llevaba la imagen en su ordenador en señal de protesta. Le Senne la expulsó, junto con la secretaria segunda de la Mesa, Pilar Costa (PSIB), que también exhibió una foto de Picornell en el portátil.

Familiares de las víctimas, entidades memorialistas y los partidos PCPE y PCE impulsaron entonces acciones judiciales contra Le Senne, que ha resistido todas las presiones que reclamaban su dimisión y defiende que fue un accidente. De esta manera, la segunda autoridad de Baleares tuvo que declarar como investigado a finales de septiembre de 2024, semanas después de superar el debate parlamentario sobre su sustitución gracias al apoyo del PP. Los populares criticaron el comportamiento del líder de la extrema derecha, pero en ningún caso han ido más allá en cuanto a las consecuencias de su acción.

La Fiscalía pidió el archivo de la causa contra Le Senne por considerar que no tuvo la voluntad de humillar a las víctimas. Calificó la actuación de Le Senne de desproporcionada y contraria al decoro parlamentario, pero no apreció delito de odio. Ahora bien, el juez instructor rechazó el archivo y ordenó continuar con el procedimiento porque sí que apreciaba indicios de delito de odio. Casi un año después de los hechos, la Audiencia Provincial de las Baleares desestimó el recurso de Le Senne contra su procesamiento. El 28 de octubre, Le Senne se convirtió en el primer presidente del Parlamento de las Baleares en sentarse en el banquillo de los acusados durante la vista preliminar, en la que se fijó el inicio del juicio para el 25 de octubre de 2027.

Bestard: coches oficiales para desplazamientos privados

El caso de Pedro Bestard estalló en mayo de 2026, cuando se hizo público que utilizaba dos vehículos oficiales del Consell de Mallorca sin rotular y para desplazamientos particulares. Un informe de la Secretaría Técnica de Medio Ambiente cifró en tres los coches que Bestard tenía para uso exclusivo, mientras que el departamento que el político de extrema derecha encabeza sufre los problemas de una flota de vehículos envejecida (19 coches estaban inutilizados en el momento de elaborar el documento). Un Dacia Sandero (adquirido a finales de 2023), un Ford Ranger (2024) y un Subaru Crosstrek (2026) fueron los tres vehículos que el vicepresidente insular se arrogó, a pesar de que podía utilizar un coche oficial con chófer para sus desplazamientos.

Bestard compareció ante la Comisión de Transparencia del Consell de Mallorca, pero no aportó ninguna información. No aclaró si dio órdenes de dejar los vehículos sin rotular, ni los trayectos, ni los kilómetros que hizo, ni por qué también se habían visto dos coches de la institución pasando la noche frente a su casa. "Quiero que se me pidan disculpas públicamente", espetó a la portavoz del PSOE, Catalina Cladera.

El PSOE fue precisamente quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de las Illes Balears, y atribuyó a Bestard posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía abrió diligencias contra el vicepresidente de Vox el mes de agosto y al comenzar noviembre se conoció que había acordado presentar una querella, una decisión que abre la puerta a la judicialización del caso.