La plataforma contra las baterías alerta que l'Almadrava puede ser solo "una finca más"

Palma La Plataforma contra las baterías de litio de Pollença se ha vuelto a activar tras conocerse un segundo proyecto de almacenamiento energético en suelo rústico, esta vez en la zona de la Almadrava. Tras la movilización vecinal contra la planta proyectada el año pasado en Llenaire, los afectados consideran que el nuevo caso confirma que el conflicto no era puntual, sino que puede repetirse en otras fincas del municipio mientras no haya una regulación clara.

“No puede ser que un día se venda Mallorca como una economía verde y al día siguiente se quiera poner este tipo de industria dentro de suelo rústico”, critica José Manuel Ariza, miembro de la plataforma. La frase resume el fondo del malestar vecinal: los afectados no cuestionan la necesidad de avanzar en el almacenamiento energético, pero reclaman que estas instalaciones se ubiquen en zonas industriales y no en entornos agrícolas, cerca de viviendas, pozos, torrentes y zonas inundables.

De Llenaire a l’Almadrava

El nuevo proyecto llega cuando todavía no se ha resuelto el primer expediente que movilizó a los vecinos el año pasado. Según Ariza, la plataforma todavía no ha recibido respuesta a las alegaciones presentadas a finales de noviembre contra la planta prevista en Llenaire. Aquel proyecto ya provocó el rechazo de vecinos y entidades locales, que alertaban de los riesgos de instalar contenedores de baterías de litio en suelo rústico.

Ahora, la aparición de una segunda propuesta en la Almadrava ha reabierto la preocupación. “Creo que no será la última finca que salga”, advierte Ariza. Según la plataforma, las empresas buscan parcelas cercanas a la subestación eléctrica y aprovechan el menor coste del suelo rústico respecto a un polígono industrial.

Una finca inundable

Uno de los principales argumentos contra el proyecto de la Almadrava es la ubicación. Los vecinos aseguran que la finca queda inundada de manera recurrente cuando llueve con intensidad. De hecho, estos días se han difundido imágenes de la parcela completamente anegada de agua.

“Cada año que llueve un poquito fuerte siempre pasa lo mismo”, explica Jordi, miembro de la plataforma y afectado directo. Según relata, el agua que baja de la parte alta acaba acumulándose dentro de estas fincas y puede quedarse allí durante días. Por ello, los afectados consideran que la inundabilidad de la zona debería ser un elemento determinante a la hora de valorar la viabilidad del proyecto.

La plataforma también alerta de la proximidad de pozos, acuíferos, torrentes y viviendas. Los vecinos critican que sean ellos quienes tengan que encargar informes para demostrar los riesgos del terreno. Según denuncian, las empresas presentan los proyectos y son los afectados quienes tienen que responder con estudios técnicos y alegaciones.

“Esto es una industria”

El debate, para los vecinos, no es solo ambiental, sino también territorial. La plataforma defiende que una planta de baterías es una infraestructura industrial y que, por tanto, debería ir a un espacio preparado, con medidas de seguridad, accesos adecuados y servicios de emergencia.

“Esto es una industria, no es un semillero de habas”, afirma Jordi. Los afectados insisten en que el suelo rústico no puede convertirse en la alternativa barata para empresas que buscan espacio cerca de la red eléctrica. Según la plataforma, si no se fija una regulación clara, las empresas pueden continuar buscando otras fincas del municipio hasta encontrar propietarios dispuestos a aceptar una oferta.

Riesgos de incendio, humo y ruido

La plataforma también alerta de los riesgos asociados a las baterías de litio. Ariza recuerda que estos proyectos pueden incluir contenedores de grandes dimensiones y que, en caso de sobrecalentamiento, se puede producir una fuga térmica, una explosión o un incendio.

Según explica, un fuego en un contenedor de baterías no se puede apagar como un incendio convencional. Los bomberos, dice, solo podrían enfriar el entorno mientras el material acaba de quemar. “Puede estar echando humo tres o cuatro días”, advierte. Los vecinos también apuntan al ruido de los sistemas de refrigeración, ya que cada contenedor necesita turbinas para mantener la temperatura adecuada.

Este escenario preocupa especialmente en un municipio turístico como Pollença. La plataforma considera que un incidente en plena temporada alta podría tener consecuencias ambientales, sanitarias y también de imagen para el municipio.

Los afectados remarcan que el Ayuntamiento de Pollença les ha escuchado y les ha dado apoyo, pero recuerdan que la competencia final no es municipal. Por eso reclaman una normativa autonómica o estatal que impida ubicar estas instalaciones en suelo rústico y las limite a zonas industriales.

La plataforma considera que el problema es el vacío legal que permite tramitar este tipo de proyectos en entornos agrícolas. Según Ariza, si la normativa fuera clara e impidiera estas instalaciones fuera de los polígonos, las empresas dejarían de buscar fincas rústicas.

El coste para los vecinos

Los afectados también denuncian el coste económico que han tenido que asumir para defenderse. En el primer proyecto, varios vecinos pagaron de su bolsillo informes técnicos y asesoramiento jurídico para presentar alegaciones con fundamento.

Según explican, el informe ambiental encargado para oponerse a la primera planta superó los 10.000 euros. “Al menos hemos hecho todo lo que podíamos hacer”, señalan, a pesar de admitir que no tienen ninguna garantía de que los proyectos acaben descartados.

Llamamiento al pueblo y a los propietarios

La plataforma quiere que el conflicto no quede reducido a los vecinos directamente afectados. Jordi hace un llamamiento a los propietarios de fincas rústicas para que piensen en las consecuencias antes de aceptar ofertas de empresas interesadas en este tipo de instalaciones.

“No es aquella finca sola; hay cincuenta alrededor”, advierte. Según defiende, el problema afecta a todo el entorno y puede acabar salpicando otras zonas del municipio. “Hoy se ha puesto allí y la semana que viene se puede poner en otro lugar”, resumen desde la plataforma.

Los vecinos preparan nuevas alegaciones, una campaña de firmas y no descartan movilizaciones. Su reclamación es clara: baterías sí, pero no en suelo rústico ni a costa del territorio.