Cuando Munar pisó el botón para 'volar' el hotel Monnàber hace 25 años

PalmaSi algo hacía bien la expresidenta del Consell de Mallorca y de la extinta Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar, era escenificar acciones políticas. Cuando supo que el Consell había ganado la batalla judicial para derrocar al hotel ilegal de Monnaber, en la sierra de Tramuntana, tuvo claro que había que realizar un montaje prácticamente de película.

Y así fue. Este martes se han cumplido 25 años de uno de los momentos más emblemáticos del ecologismo balear, cuando 60 kg de dinamita pusieron fin en cuestión de segundos a un buque, un esqueleto de edificio, de gran impacto visual y ambiental: el hotel Monnàber. Ubicado en la finca del mismo nombre en el término municipal de Fornalutx, se convirtió en escombros el 29 de julio del año 2000. Quien pulsó el botón, en medio de una gran expectación mediática, fue la propia Munar. Cumplía con una decisión que la institución había tomado en 1994, justo un año antes de que llegara a la presidencia la líder de UM.

Una construcción ilegal en pleno paisaje protegido

El edificio fue construido durante la década de 1960, sin ningún tipo de licencia urbanística ni autorización administrativa, en una zona de gran valor ambiental y que pocos años después ya sería reconocida (1972) como paisaje pintoresco. La empresa constructora nunca terminó más que la estructura, que quedó a medias y estuvo durante décadas como una herida abierta dentro de un entorno natural único.

Con los años, el hotel se convirtió en un símbolo de la especulación urbanística y de la falta de control institucional de aquella época. Durante mucho tiempo, la construcción quedó en estado de abandono, hasta que el Consell de Mallorca inició su proceso legal para exigir su retirada. En ese momento (1994), el presidente del Consell era Joan Verger, y quería dar un ejemplo de cumplimiento de la legalidad aunque en suelo rústico la construcción sin licencia era de lo habitual.

La batalla jurídica

El 3 de octubre de 1994, el pleno del Consejo Insular de Mallorca aprobó formalmente el orden de demolición de la estructura. El acuerdo se basó en la ilegalidad de la edificación y su impacto ambiental, y fue defendido como una actuación ejemplar para restaurar el equilibrio paisajístico.

Pese a la oposición de la promotora, Isabel Colom, los tribunales fueron dando la razón al Consell. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares autorizó definitivamente su demolición el 29 de abril de 2000, e incluso aprobó el uso de técnicas con explosivos, dado el alto coste y dificultad de retirar el edificio manualmente.

El derribo: un acto simbólico

El 29 de julio de 2000, la estructura del hotel fue volada de forma controlada en sólo tres segundos, gracias a la acción de un equipo técnico de la empresa catalana Pasquina SA, especializada en este tipo de demoliciones. Se utilizaron 58 kilos de goma-2, colocados en 854 puntos estratégicos de la construcción.

Mientras Maria Antònia Munar pulsaba el botón, decenas de periodistas y autoridades observaban e inmortalizaban su imagen. Munar quería presentarse como protagonista de un acto simbólico: era la primera vez en las Islas que se retiraba una construcción ilegal de esta magnitud, en un entorno natural protegido.

La entonces presidenta del Consell de Mallorca organizó incluso el transporte de los medios y otras autoridades que quisieron ver de cerca la voladura, vestida de compromiso con el territorio. En ese momento parecía imposible que Munar acabara siendo condenada por diferentes casos de corrupción, precisamente con el urbanismo como trasfondo en algunos casos.

Restauración y creación de la Agencia

Tras el derribo, se puso en marcha un proyecto de regeneración paisajística: se retiraron escombros, se estabilizó el talud y se sembró vegetación autóctona. El caso de Monnàber es hoy recordado como un importante precedente en la defensa de la ordenación territorial, y un ejemplo de la voluntad institucional de poner fin a la impunidad urbanística. También generó un fuerte debate social sobre el papel de las instituciones frente a las agresiones ambientales.

Este debate, sobre la necesidad de disponer de una agencia de control territorial se materializó años después (2008) con la creación de un organismo autónomo para hacer frente a las irregularidades urbanísticas en suelo rústico. El 10 de noviembre se aprobó oficialmente la Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca.

La Agencia comenzó a operar el 8 de abril de 2009, con las funciones de vigilar, inspeccionar, sancionar y restablecer la legalidad urbanística en territorio rústico, tanto a escala insular como delegada por municipios.

Finalmente, el 12 de enero de 2017 adaptó su nombre actual, Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, manteniendo intactas sus competencias y reforzando su papel como guardián de la legalidad urbanística en la isla, que se ha convertido hoy en un elemento imprescindible para poner orden a una isla donde durante décadas levantaba una edificación ilegal, por gorda que fuera, en suelo rústico.

Munar, de querer representar la legalidad en el símbolo de la corrupción

Maria Antònia Munar, figura clave del regionalismo mallorquín y una de las políticas más influyentes de las Islas Baleares durante las décadas de 1990 y 2000, terminó su carrera rodeada por numerosos casos de corrupción que la llevaron a prisión.

Durante años presidió el Consejo Insular de Mallorca y el Parlamento de las Islas Baleares, y fue la líder de UM. A partir de 2009, fue imputada en varios casos de corrupción urbanística y de desperdicio de fondos públicos. Su imagen se vio definitivamente hundida cuando en 2013 fue condenada a cinco años y medio de cárcel por el caso Can Domenge, relacionado con la venta irregular de unos terrenos públicos.

Posteriormente, acumuló otras condenas, como las del caso Maquillaje, el caso Voltor y otras derivadas de la gestión de UM. En total, fue condenada a 14 años de cárcel, aunque finalmente cumplió seis en prisión de Palma (de 2013 a 2019), cuando obtuvo la libertad condicional. El impacto político de su caso fue enorme: UM se disolvió y su caída simbolizó el fin de una etapa marcada por la opacidad y el clientelismo en las instituciones insulares.