La Fiscalía presenta una querella para investigar la gestión de los campos de boyas de PortsIB

PalmaLa Fiscalía de las Illes Balears ha interpuesto una querella a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Navegantes ADN Mediterrani sobre la gestión de los campos de boyas de Ports de les Illes Balears (PortsIB). El procedimiento ya ha sido repartido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, donde ha quedado registrado como diligencias previas.

Según ha informado este jueves la misma entidad, la denuncia había sido presentada el 11 de junio ante la Fiscalía Anticorrupción y ponía en cuestión diversas actuaciones de PortsIB relacionadas con la licitación de los campos de fondeo regulado situados en espacios de la Red Natura 2000. Ahora será el juzgado quien deberá investigar si los hechos denunciados pueden constituir delito y si existen eventuales responsabilidades penales.

ADN Mediterrani ha anunciado que se personará en el procedimiento para defender los intereses de los navegantes y aportar la documentación que considere necesaria durante la instrucción. La denuncia se dirige contra cuatro responsables de PortsIB: el gerente del ente, el vicepresidente, la responsable del área económica y financiera y el responsable del Servicio de Explotación.

Una licitación de casi seis millones de euros

Los hechos denunciados se enmarcan en la licitación impulsada por PortsIB en el año 2024 para adjudicar la gestión de los campos de fondeo ecológico de las Baleares. El contrato, dividido en cuatro lotes y valorado en 5,8 millones de euros, incluía tanto la instalación y explotación de los campos de boyas como el seguimiento ambiental y la dirección técnica de los trabajos.

Según recuerda la asociación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya estimó parcialmente un primer recurso presentado por ADN Mediterrani contra esta licitación, lo que obligó a PortsIB a reiniciar el procedimiento en febrero de este año. Posteriormente también se presentaron diversos recursos contra la adjudicación de los diferentes lotes, que comportaron la suspensión cautelar de una parte del proceso.

Contratos cuestionados

La querella se centra en dos actuaciones que, según la asociación, PortsIB habría llevado a cabo mientras la licitación continuaba suspendida.

La primera es la adjudicación de un contrato menor de 7.587 euros para el montaje de los campos de boyas de la bahía de Fornells y la isla de en Colom. ADN Mediterráneo sostiene que estos trabajos ya estaban incluidos dentro de la licitación suspendida y considera que este contrato podría constituir un presunto fraccionamiento irregular para evitar los procedimientos ordinarios de contratación pública. También destaca que la empresa adjudicataria formaba parte de una de las uniones temporales de empresas inicialmente beneficiarias de la licitación recurrida.

La segunda actuación denunciada es la prórroga extraordinaria del contrato anterior de gestión de los campos de fondeo, por un importe superior a los 314.000 euros. La asociación considera que no se cumplían los requisitos legales para aplicar esta figura excepcional, ya que defiende que la gestión de los campos de boyas no constituye un servicio público esencial y que los retrasos derivados de los recursos administrativos no pueden justificar esta medida.

Posibles delitos

En su escrito, ADN Mediterrani considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, desobediencia a resoluciones de órganos competentes, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.

La asociación sostiene que tanto el contrato menor como la prórroga extraordinaria habrían permitido continuar ejecutando prestaciones incluidas dentro de una licitación que se encontraba suspendida cautelarmente, vaciando de contenido las resoluciones adoptadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

En cualquier caso, será ahora el juzgado instructor quien deberá analizar la documentación aportada y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal.

El conflicto por el modelo de fondeo

La querella se enmarca en el conflicto que ADN Mediterrani mantiene desde hace meses con la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua y con PortsIB por el nuevo modelo de gestión de los campos de boyas.

La asociación asegura compartir la necesidad de proteger la posidonia e impedir el fondeo sobre esta planta marina, pero defiende que esta protección es compatible con el mantenimiento del fondeo libre y gratuito sobre fondos de arena. Según denuncia, los nuevos proyectos ocupan precisamente zonas que tradicionalmente se utilizaban para fondear sin coste, hecho que considera que restringe el acceso al litoral y favorece un modelo de gestión privatizada de los campos de boyas.

ADN Mediterrani asegura que las negociaciones con el Govern se rompieron al considerar que no existía voluntad de modificar el modelo actual y reitera que se personará en la causa para colaborar con la Justicia y defender, dice, "los intereses legítimos de los navegantes de las Illes Balears".