EAPN avisa que los pagos indebidos de la Resoga son culpa de la gestión, no de los beneficiarios

PalmaLas informaciones sobre pagos indebidos en el marco de la Renta Social Garantizada (Resoga) "han generado una comprensible preocupación ciudadana", ha reconocido EAPN Illes Balears, quien recuerda que "cualquier prestación pública debe disponer de los mecanismos de control y eficiencia necesarios para garantizar su correcta implementación". Según la entidad, "la transparencia y la buena gestión del dinero público son condiciones innegociables en un estado social y democrático de derecho".

Ahora bien, EAPN Illes Balears advierte que "no podemos permitir que se culpabilice de manera generalizada a los beneficiarios de la Resoga (cuando es la Administración la que ha hecho dejadez de sus funciones, paralizando expedientes sin resolución o no estableciendo mecanismos de control) ni que estos casos sirvan de excusa para". La organización recuerda que la prestación "va destinada a proteger la dignidad y los derechos de los miles de personas que sufren altos grados de vulnerabilidad en las Islas Baleares".

EAPN subraya que "la Resoga, a diferencia de otras prestaciones, no exige participar en programas de inserción laboral, lo que la hace más accesible para personas con dificultades estructurales para acceder a un trabajo". Éste es "uno de los puntos que prevé la ley actual y que el Gobierno quiere modificar para obligar a los beneficiarios a seguir un itinerario de inserción, junto con la ampliación del requisito de residencia".

La entidad "niega el supuesto efecto llamada de la Resoga", y recuerda que "ninguna persona llega a las Islas Baleares buscando esta o cualquier otra prestación: vienen huyendo del peligro de vivir en su país, a buscar un trabajo, a integrarse, a poder soñar en un futuro mejor". Por ello, EAPN Illes Balears se opone "a estos cambios y reclamamos al Govern que mantenga la condición de derecho subjetivo que tiene actualmente la Renta Social Garantizada".

También destaca que estas prestaciones "son fundamentales, no tanto para reducir el empobrecimiento y la desigualdad (desgraciadamente, las cuantías y el alcance dejan muy lejos este objetivo), como para paliar los terribles efectos de la pobreza severa, que afecta a las más de 66.000 personas en nuestras comunidades4, que viven"4. EAPN dice que "comparte en parte las palabras de la consejera Sandra Fernández cuando asegura que su prioridad es que la Resoga 'se gestione con rigor, empatía y justicia' y que sea 'una herramienta útil y justa para las familias que más lo necesitan'", pero añade que "no vamos a permitir que esto se invierta o fiscal encubierta para reducir al mínimo el número de perceptoras".

Criminalización de la pobreza

Además, la entidad "rechaza frontalmente la posición de aquellos que aprovechan cualquier rendija para criminalizar a las personas beneficiarias de prestaciones sociales y que curiosamente no exigen tanta fiscalización en las ayudas públicas que han recibido grandes empresas". Según advierte, "sembrar sospechas generalizadas solo alimenta la estigmatización, propaga los discursos aporofóbicos y dificulta el acceso a derechos fundamentales, en lugar de reforzar las políticas públicas con una mirada de derechos para garantizar que nadie quede atrás por miedo, por desinformación o por la mala gestión, intencionada o no, de la Administración".

Por último, EAPN Illes Balears explica que su demanda es "doble": "por un lado, transparencia, control y eficiencia en la gestión de todo dinero público (y no sólo en lo referido a las personas en situación de vulnerabilidad)", y "por otro, un compromiso firme con la justicia social y una perspectiva de derechos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para, de quien realmente lo necesita, sin errores ni desigualdades'".