Can Picafort acumula 24 expedientes por ocupaciones irregulares

PalmaEl GOB ha denunciado que los expedientes por ocupaciones irregulares de las zonas de servidumbre del litoral de Can Picafort han pasado de 4 a 24 en solo dos meses. El conjunto de los procedimientos suma provisionalmente 429.607 euros entre sanciones propuestas y beneficios económicos que deben llegar a la Administración, según los datos facilitados por la entidad ecologista.

El Consell de Mallorca ha iniciado 18 procedimientos nuevos, que se suman a los 6 que ya se habían conocido anteriormente. Los nuevos expedientes acumulan 371.215 euros, mientras que los seis primeros sumaban 58.392 euros.

Los procedimientos afectan a restaurantes, bares, supermercados y establecimientos vinculados a cadenas hoteleras. Entre los negocios mencionados por el GOB se encuentran el hotel JS Miramar y la cafetería Voras, de THB Hotels, anteriormente denominada Gran Bahía.

Según la entidad, los expedientes constatan ocupaciones de las zonas de servidumbre de protección y, en algunos casos, también de tránsito, sin las autorizaciones correspondientes. El GOB sostiene que no son casos aislados, sino que afectan a una parte significativa de la actividad comercial y turística del paseo marítimo de Can Picafort.

Los procedimientos se dirigen tanto a los promotores de las actividades como al Ayuntamiento de Santa Margalida, como titular de los terrenos. También incluyen medidas cautelares para suspender los usos y retirar las instalaciones.

El GOB reclama responsabilidades políticas

La organización ecologista ha recordado que tres de los seis primeros expedientes afectaban a establecimientos explotados por Laume Garrido, una sociedad vinculada al concejal de Santa Margalida Eugenio Garrido, que tiene competencias relacionadas con la organización y la explotación de las playas.

El GOB ha reiterado la petición de que Garrido sea apartado de estas responsabilidades. La entidad asegura que no tiene constancia de que el Ayuntamiento haya adoptado medidas ni haya facilitado las explicaciones que le había solicitado.

El grupo ecologista considera que los expedientes evidencian un problema estructural de ocupación comercial del espacio público costero y de falta de control administrativo. Por ello, reclama al Consell de Mallorca, la Demarcación de Costas, el Govern y los ayuntamientos del litoral que refuercen y coordinen las inspecciones en toda la costa de la isla.

Además, pide que se hagan públicos los resultados de las actuaciones, las autorizaciones existentes y las medidas adoptadas para restablecer la legalidad.