El delegado del gobierno español: “Es una vergüenza que preocupen más 30 acampados que los cientos de desahucios de las Baleares”
El delegado del ejecutivo español ha reiterado este viernes que la Policía Nacional no desalojará, de momento, a las personas acampadas por la vivienda en Palma
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PalmaEl delegado del gobierno español en las Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reiterado este viernes que la Policía Nacional no desalojará la acampada por la vivienda de la plaza de España de Palma, a pesar de la petición del Ayuntamiento de Palma para que la Delegación del gobierno intervenga y ponga fin a la protesta.
En declaraciones este viernes por la mañana, Rodríguez ha criticado que la preocupación de Cort se centre en las personas acampadas y ha asegurado que le parece “una vergüenza” que preocupen más las cerca de 30 personas instaladas en la plaza de España que “los cientos de desahucios que se producen cada mes en las Baleares”.
La Delegación del gobierno ya había comunicado este jueves que no preveía desalojar la acampada, que considera de carácter transitorio y amparada por el derecho de reunión. Según las fuentes de la institución, actualmente no hay constancia de que la protesta esté provocando alteraciones del orden público o afectando a los servicios básicos. La Policía Nacional realiza un seguimiento para garantizar la seguridad ciudadana, pero no tiene previsto intervenir mientras se mantenga esta situación.
Cort reclama el desalojo
El Ayuntamiento de Palma ha reclamado a la Delegación del gobierno español en las Islas Baleares que actúe “de manera inmediata” para desalojar la acampada por la vivienda, situada en la plaza de España desde el lunes.
Fuentes de Cort aseguran que el motivo para exigir la expulsión de las personas acampadas es que “ya ha vencido el plazo comunicado por la organización a la Delegación para llevar a cabo la concentración”. La Delegación, sin embargo, asegura que no ha recibido ninguna “petición formal por parte del Ayuntamiento de Palma” y sostiene que “no hay motivos para desalojar la acampada, ya que no incumplen la normativa”.
Fuentes de la Delegación han explicado al ARA Balears que a Cort ya se le ha trasladado que la acampada está, en principio, amparada por el derecho de reunión, dado que la movilización había sido comunicada previamente. Además, ante el argumento del Consistorio de que el plazo ya habría vencido, la Delegación señala que la posibilidad de que la protesta se alargase más allá de la concentración inicial también había sido comunicada.
De esta manera, el ejecutivo estatal considera que no se puede interpretar que hubiera necesariamente un plazo concreto que ya haya expirado. La Delegación mantiene, en todo caso, un seguimiento de la situación y señala que, si se produjera alguna incidencia relacionada con el orden público, la seguridad o la afectación de los servicios, se analizaría la situación y se adoptarían las medidas que correspondieran.
Cort alega problemas de limpieza y uso del espacio público
En el comunicado en el que reclama el desalojo, el Ayuntamiento de Palma pide a la delegación del Gobierno que “asuma las responsabilidades” y adopte de manera “inmediata” las medidas necesarias para “restablecer la normalidad”.
Cort argumenta que la plaza de España es un espacio público por el cual cada día pasan unas 50.000 personas y asegura que las tiendas y otros elementos instalados impiden que los servicios municipales puedan realizar allí con normalidad las tareas diarias de limpieza y mantenimiento, además del hecho de que la ciudadanía pueda utilizar el espacio con normalidad.
El Consistorio también ha advertido de la colocación de banderas y otros elementos en la estatua del Rey Jaime. Según el Ayuntamiento, para instalarlos se habría tenido que escalar hasta la base del monumento, con el consiguiente “peligro para la integridad física de las personas” y la posibilidad de causar daños a la estatua.
“El Ayuntamiento debe prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad, salubridad, civismo y convivencia en la ciudad”, defiende Cort, que insta a la Delegación a actuar y a las personas acampadas a abandonar el lugar, retirar las tiendas, el mobiliario y el resto de enseres instalados y dejar la plaza “en perfecto estado”.
El Consistorio asegura que “respeta el derecho de manifestación y concentración”, pero subraya que su ejercicio “no puede suponer una apropiación del espacio público que incumpla la normativa vigente”. Por ello, reclama a la Delegación que intervenga “sin demora” para garantizar “el uso adecuado del espacio público y el respeto a las normas”.
Los acampados defienden la continuidad de la protesta
Desde la acampada, el miembro de la movilización Joan Segura ha asegurado que la Delegación del gobierno no les ha comunicado ninguna prohibición de continuar en la plaza, ya que la convocatoria, según ha explicado, se comunicó “legalmente” y quedó “justificada”.
Segura ha afirmado que la Administración ya sabe que la protesta se puede convertir en una movilización “continuada” y “permanente”, aunque ha remarcado que los participantes no pernoctan habitualmente allí, sino que se van alternando para descansar.
El portavoz de la acampada ha defendido que la protesta cumple la normativa de ruidos y que el espacio se mantiene “limpio” y “organizado”. También ha denunciado supuestas “provocaciones” por parte de “elementos fascistas” y ha afirmado que, según los participantes, incluso agentes de paisano habrían “urgado dentro de las tiendas”.
Segura ha sostenido que estas actuaciones buscarían generar “tensión y alarma” entre los miembros de la protesta.
Una acampada que reclama medidas sobre la vivienda
La acampada se inició el lunes después de la concentración por la vivienda realizada en la plaza de Cort bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'. Desde entonces, las tiendas instaladas en la plaza de España se han convertido en un punto de encuentro y organización de nuevas movilizaciones.
Los participantes reclaman, entre otras medidas, más protección ante los desahucios, la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones, contratos estables, una reducción de los precios de los alquileres y la declaración de las Baleares como zona de mercado residencial tensionado.
La Delegación del Gobierno y Cort mantienen así posiciones opuestas sobre la continuidad de la protesta. Mientras el Consistorio considera que la ocupación de la plaza ya ha superado el plazo comunicado y reclama restablecer el uso ordinario del espacio, la Delegación considera que, mientras la acampada mantenga un carácter transitorio y no provoque alteraciones del orden público ni afectaciones a los servicios, está amparada por el derecho de reunión.
El Ayuntamiento de Palma ha reclamado a la Delegación del Gobierno español en las Islas Baleares que actúe "de manera inmediata" para desalojar la acampada por la vivienda, situada en la plaza de España desde el lunes. Fuentes de Cort aseguran que el motivo para exigir la expulsión de las personas acampadas no es otro que el hecho de que "ya ha vencido el plazo comunicado por la organización a la Delegación para llevar a cabo la concentración".
A pesar de ello, la Delegación del Gobierno español en las Islas Baleares ha asegurado al ARA Balears que, antes que nada, no han recibido ninguna "petición formal por parte del Ayuntamiento de Palma" y que "no hay motivos para desalojar la acampada, ya que no incumplen la normativa". A pesar de no haber recibido ninguna petición, fuentes de la Delegación han explicado a este diario que se ha trasladado a Cort que la acampada está, en principio, amparada por el derecho de reunión, dado que la movilización fue comunicada previamente.
Ante la denuncia de Cort que asegura que ya se ha vencido el plazo, fuentes de la Delegación remarcan que "la posibilidad de que la acampada se alargara más allá de la concentración inicial, explican, también había sido comunicada".
Con todo, la Delegación del gobierno español en las Islas Baleares considera que se trata de una movilización de carácter transitorio y señala que, en estos momentos, no consta que esté provocando alteraciones del orden público ni afectando servicios básicos. En este sentido, las fuentes explican que cuando se comunicó la concentración en Cort, también se apuntó la posibilidad de que la movilización se pudiera prolongar, de manera que, según la Delegación, no se puede interpretar que hubiera un plazo concreto que ya haya vencido.
Así, la Delegación mantiene, en todo caso, un seguimiento de la situación y señala que, si se produjera algún tipo de incidencia relacionada con el orden público, la seguridad o la afectación de los servicios, se analizaría la situación y se adoptarían las medidas que correspondieran.
Cabe remarcar que en el comunicado donde el Ayuntamiento de Palma exigía el desalojo lo hacía también con un tono crítico con la Delegación del Gobierno, a la que reclamaba que "asumiera las responsabilidades" y adoptara de manera "inmediata" las medidas necesarias para "restablecer la normalidad", ya que, según defienden, esta plaza es "un espacio público por el que cada día pasan 50.000 personas". La respuesta de la Delegación del Gobierno reafirma que todo se está desarrollando de acuerdo con la normativa y no tienen motivos para actuar en ella.
En la denuncia, el Ayuntamiento ha indicado que, en estos momentos, está "ocupado por tiendas de campaña que impiden que los servicios públicos municipales puedan realizar las tareas diarias y ordinarias de limpieza y mantenimiento y que los ciudadanos puedan hacer uso del espacio con normalidad".
Del mismo modo, han advertido de que se han colgado banderas y otros elementos en la estatua del Rey Jaime, por lo que se habría tenido que escalar necesariamente hasta la base del monumento para la colocación, "con el peligro para la integridad física de las personas que esto supone y los daños que se pueden ocasionar a la estatua". "El Ayuntamiento debe prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad, salubridad, civismo y convivencia en la ciudad, por eso se insta a la Delegación del Gobierno a que actúe y a las personas acampadas a que abandonen el lugar, retiren las tiendas, el mobiliario y todos los enseres instalados y dejen el lugar en perfecto estado, para que todos los ciudadanos puedan hacer uso de él con normalidad", han argumentado.
El Consistorio ha afirmado que "respeta el derecho de manifestación y concentración", pero ha subrayado que su ejercicio "no puede suponer una apropiación del espacio público que incumpla la normativa vigente". Por todo ello, Cort ha instado a la Delegación del gobierno a intervenir "sin demora" a fin de garantizar "el uso adecuado del espacio público y el respeto a las normas".
Los acampados defienden la protesta y denuncian “provocaciones fascistas”
El miembro de la acampada Joan Segura ha asegurado que la Delegación del gobierno no les ha comunicado ninguna prohibición de continuar en la plaza, ya que la convocatoria, según ha explicado, se comunicó “legalmente” y quedó “justificada”. Segura ha afirmado que la Administración ya sabe que la protesta se puede convertir en una movilización “continuada” y “permanente”, aunque ha remarcado que los participantes no pernoctan habitualmente, sino que se van alternando para descansar.
Segura ha defendido que la acampada cumple la normativa de ruidos y que el espacio se mantiene “limpio” y “organizado”. También ha denunciado supuestas “provocaciones” por parte de “elementos fascistas” y ha afirmado que, según los participantes, incluso agentes de paisano habrían “urgado dentro de las tiendas”. Segura ha sostenido que estas actuaciones buscarían generar “tensión y alarma” entre los miembros de la protesta.