Chanchullos electorales... los de antes

Palma¿Falsificación de actas electorales? ¿Alteración del censo? ¿Sobornos o presiones a los electores? ¿Resultados dudosos? A lo largo de los siglos, los chanchullos han sido una constante de las elecciones a los cargos públicos en Baleares, de manera no muy distinta al resto del Estado y al entorno más cercano. Repasamos esta amplia colección de irregularidades, trampas y manipulaciones, cuando algunas voces, en el más puro estilo trumpista, han dejado caer sospechas surrealistas sobre los comicios que deben llevarse a cabo el próximo 29 de noviembre.

Cuando a raíz de la conquista cristiana se pusieron en marcha las instituciones propias de cada isla, es decir, las universidades –equivalentes a los actuales ayuntamientos y consejos–, los monarcas no se complicaron la vida con campañas, votaciones y escrutinios. Los mismos jurados –concejales– elegían a dedo a los consejeros que les daba la gana. Y ellos mismos designaban, también, a aquellos que debían sucederles. De esta manera se perpetuaba el dominio de los privilegiados sobre cada territorio. Los abusos debían ser tan escandalosos que, en 1425, estuvo a punto de estallar una revuelta en Ciudadela por unas elecciones fraudulentas.

El sistema de ‘saco y suerte’ lo estableció Alfonso el Magnánimo: Menorca fue el segundo territorio de toda la corona de Aragón donde se puso en práctica, solo por detrás de Játiva. Aparentemente más imparcial, tampoco se distinguió por sus buenas prácticas. Se trataba de introducir, dentro de unos recipientes, los nombres de aquellos que reunían las condiciones para ejercer cargos públicos, y la mano inocente de un niño extraía los nombres de los afortunados. Por supuesto, se limitaba, con todo tipo de condiciones, al número y características de aquellos que podían ser elegidos. Donde ahora está la sede del Ayuntamiento de Palma, los visitantes pueden admirar el Arca de las Insaculaciones, que servía para esta modalidad de elección.

¿Cuál era la trampa, en este caso? Como narra Álvaro Santamaría, el representante del monarca se confabulaba con el escribano, y los nombres que publicaba no eran los que contenían los recipientes, sino el de aquellos que quería que salieran elegidos. Como los electores eran analfabetos, como la inmensa mayoría de la población a lo largo de los siglos, la falsificación se podía hacer impunemente.

Las ideas de la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, y su traducción a la política –el liberalismo, a comienzos del XIX– apostaron por la elección de los cargos públicos por parte de los ciudadanos. Ahora bien, en un primer momento, no todos podían ser electores, solo aquellos con un cierto nivel económico. Por supuesto, tampoco las mujeres, que tuvieron que luchar con ahínco para conseguir el derecho de sufragio.

En función de los vaivenes políticos, podían cambiar las condiciones en torno al proceso electoral. Al acceder a la corona el nefasto Felipe V, el primer Borbón, no le faltó tiempo para sacar de la lista de elegibles menorquines a aquellos que, como recoge Miquel Àngel Casasnovas, parecían “presuntos desafectos a la nueva dinastía”.

Los británicos, cuya dominación sobre Menorca ha sido tan idealizada, tampoco dejaron perder la oportunidad de inmiscuirse en la elección de los cargos municipales en las universidades menorquinas. Está claro que, como los representantes de la corona española ya lo habían hecho habitualmente, esto no sorprendió a nadie. También los británicos impusieron quién podía, y quién no, ser elector: aquellos que poseían tierras podían ejercer el sufragio, mientras que aquellos que obtenían las ganancias de la actividad comercial quedaban excluidos.

Las elecciones del periodo liberal, al cerrarse la etapa absolutista con la muerte de Fernando VII en 1833, no es que fueran tampoco un prodigio de limpieza. En 1844, elDiario Constitucional de Palmaafirmaba, en el momento de constituirse el Ayuntamiento de Ciudad, que la elección no se había llevado a cabo cumpliendo con la legalidad. Según este rotativo, el censo incluía a personas carentes de este derecho; se había intimidado a los electores, usando celadores de policía, y acusaba a los promotores de aquel trapicheo: “Incluso a los muertos y ausentes habéis conducido a las urnas”.

Con la restauración borbónica en 1875, después de una breve etapa republicana, se puso en marcha un nuevo sistema, el ‘turno pacífico’: la alternancia entre los dos grandes partidos del Estado, conservadores y liberales. Primero decidían a quién le tocaba gobernar y después se hacían las elecciones. De que los resultados fueran los deseados se hacían cargo los caciques (hombres poderosos en un municipio o comarca), que orientaban el voto de los vecinos. Si esto fallaba por lo que fuera, se falsificaban las actas sin más complicación.

En la Part Forana mallorquina se registraba un claro dominio de los caciques locales. J. Torrendell y R. Salvà afirmaban que el voto rural era una farsa y que los votantes eran conducidos a las urnas talmente como si fueran ovejas –más o menos como ahora se hace con los pasajeros en los controles en los aeropuertos, pero quizás de manera no tan humillante. Palma tampoco quedaba libre de chanchullos: los funcionarios municipales se utilizaban en favor del partido de turno.

Los ejemplos fueron bien numerosos. En 1881 en Marratxí, relatabaEl Isleñoya había en la urna 74 papeletas, cuando aún faltaba media hora para abrir el colegio electoral; un notario se presentó allí para redactar un acta, pero no le permitieron acceder. En aquellos comicios se debía detener, como fuera –¡como fuera!–, el empuje del republicanismo en Ciutat. Aun así, salió elegido su candidato, Ramon Obrador. ¿Cómo se arregló aquello? Muy sencillo: las Cortes anularon su acta y otorgaron el escaño a otro candidato, un liberal, que había obtenido menos sufragios.

Antoni Maura y Joan March

En 1884,La Opinióndenunciaba que en Llucmajor, con un censo electoral de 431 electores, incluidos muertos y ausentes, habían votado –oh, prodigio– 433 personas: “Los 431 del censo, más el autor del milagro, más el médium que lo hizo posible”, se decía. En 1909,Es Moscaride Santanyí ponía al descubierto que, en los presupuestos del Ayuntamiento, se había registrado como gastos en traslado de interventores y en papel para las votaciones lo que, en realidad, se había gastado en sobornos a votantes.

La introducción en 1890 del sufragio universal –solo masculino, por supuesto– no arregló las cosas, ya que el voto se seguía manipulando. Miquel dels Sants Oliver, visionario en tantos aspectos, criticaba con dureza la manipulación sistemática del sufragio en aquel periodo de caciquismo. Era, denunciaba, “peor que la mafia”.

El mallorquín Antoni Maura, a lo largo de su periodo como presidente del gobierno español, de 1907 a 1909 –el ‘gobierno largo’: imaginad cómo debían ser, de cortos, el resto–, pretendió poner fin a aquella falsificación sistemática del voto. Pero él mismo conseguía salir elegido diputado, comicios tras comicios, gracias a la maquinaria caciquil. Cuando fue ministro de Gobernación –ahora Interior–, de los cinco representantes en Cortes por Mallorca cuatro fueron mauristas –pura casualidad, seguramente.

El multimillonario Joan March, al meterse en política, demostró ser un verdadero mago de la manipulación. En 1923, cuando ganó las elecciones a Cortes, se registraron algunos hechos, como mínimo, curiosos. En Escorca empataron con el mismo número de votos, 35, todos los candidatos que se presentaban: una coincidencia un poco sospechosa. Desde Artà, según denunciaba el semanarioFoch i Fumse enviaron a Palma un buen puñado de votos que nadie había depositado en las urnas. Josep Socias, candidato conservador, derrotado por ‘en Verga’, presentó una reclamación ante la junta electoral, asegurando que obraban en su poder, cita Antoni Marimon, “actas notariales que acreditaban la ilegalidad de algunos escrutinios, además de la existencia de coacciones y de compra de votos”.

Las elecciones que llevaron a la II República, las municipales de abril de 1931, las impugnó la izquierda por presuntas anomalías y se tuvieron que repetir el mayo siguiente. Y, curiosamente, los resultados fueron totalmente diferentes: o los electores habían cambiado de opinión de repente, o alguien había metido mano en las urnas. Los comicios del período republicano tampoco fueron una balsa de aceite: en Menorca, las elecciones municipales de 1936 se tuvieron que suspender por la inestabilidad política. Y lo que llegaría solo unos meses más tarde aún sería peor.

Información elaborada a partir de textos de Isabel Peñarrúbia, Antoni Marimon Riutort, Joan Mas Quetglas, Antoni Janer Torrens, Àlvaro Santamaría, Miquel Àngel Casasnovas, Francesc Sáez, Susana Sueiro Seoane y José María Marín Arce.