El Ayuntamiento sigue sin "solución habitacional" para los residentes de la antigua prisión de Palma

El alcalde ha reconocido que "no tiene "constancia de que hayan dado ningún tipo de recurso para dar a estas personas una solución temporal"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la rueda de prensa.
ARA Balears
18/03/2026
2 min

PalmaEl censo de la antigua prisión de Palma ha subido hasta las 226 personas residentes, después de que se corrigieran algunos errores, mientras el Ayuntamiento agota los plazos para ejecutar el desalojo del inmueble. Lo ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de gobierno municipal celebrada este miércoles y en la que se ha aprobado la modificación del recuento. Ya se ha notificado del desalojo a la mayoría de estas personas y en breve se hará lo mismo con el resto. Paralelamente, Cort está recibiendo y analizando las alegaciones presentadas por las personas afectadas.

Resueltas, los residentes dispondrán de unos días para abandonar de forma voluntaria el inmueble, lo que, admitió Martínez, de momento no lo han hecho. Si es así, al finalizar el plazo marcado por el Consistorio, se notificará la situación a un juzgado de Palma para que lo estudie y marque los pasos a seguir.

Unas dos semanas después de que el Ayuntamiento hiciera un llamamiento a entidades sociales e instituciones para que colaboraran en la búsqueda de alternativas habitacionales temporales para estas personas, de momento no hay avances. "A estas alturas no tengo constancia de que hayan dado ningún tipo de recurso para dar a estas personas una solución temporal", ha reconocido Martínez.

El pasado fin de semana se reunieron con algunas entidades, como el Obispado de Mallorca, que puso sobre la mesa "una serie de opciones que se están valorando", pero sobre las que el alcalde ha rehusado dar más detalles hasta que se concreten en una realidad.

En paralelo, ha añadido, los servicios sociales municipales siguen trabajando para atender a las personas que cumplan los criterios marcados por la normativa. "Pero visto el perfil de las personas que residen en prisión, es difícil que mayoritariamente cumplan estas condiciones", ha concedido Martínez.

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