Las expulsiones de alumnos, un enigma para la Consejería de Educación

PalmaEn las Islas Baleares, los centros educativos gestionan de forma autónoma las sanciones y expulsiones de su alumnado a través de su Comisión de Convivencia. Por tanto, según explica la Conselleria de Educación, no están obligados a trasladar estos datos a la Administración y por eso no existe un registro global que permita conocer cuántos alumnos son expulsados ​​ni cuáles son sus motivos. Esta descentralización puede actuar como factor limitante a la hora de evaluar la incidencia de las medidas disciplinarias y analizar su efectividad sobre la convivencia escolar. Uno de los problemas que más le afectan son los casos de acoso escolar, en auge en los últimos años. Durante el curso 2016-2017 se activaron 420 protocolos por posibles casos de acoso, mientras que en el último curso fueron 887. De estos, aproximadamente un 20% se confirmaron como casos efectivos de acoso escolar.

La normativa de referencia es el Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, que regula los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios. El decreto distingue entre conductas que incumplen las normas de convivencia y conductas gravemente perjudiciales, tales como agresiones físicas, amenazas, acoso escolar o sexista, y daños materiales a compañeros e instalaciones del centro. A pesar de la gravedad de determinadas conductas, se establece que la expulsión -temporal o definitiva- es el último recurso, aplicable sólo cuando se han agotado todas las medidas de mediación, reparación y soporte.

Antes de llegar a la expulsión, el decreto contempla varias medidas alternativas para corregir la conducta y mantener al alumno dentro del proceso formativo. Entre éstas se encuentran: el desarrollo de tareas relacionadas con la norma de convivencia incumplida, actividades académicas específicas, la reparación de daños materiales oa pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa durante seis a veintidós días lectivos, la suspensión temporal del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias con atención al centro (entre dieciséis días y tres meses) cuatro a veintidós días, entre otros. Estas medidas permiten que el alumno continúe formándose y reparando la situación antes de que se aplique la sanción más severa.

Cada escuela es un mundo

El procedimiento disciplinario debe garantizar que el alumno y su familia sean informados, que se dé oportunidad de defensa y que se consideren las circunstancias del caso. También prioriza la mediación y acuerdo entre las partes como estrategia educativa para resolver los conflictos. Así, el sistema combina responsabilidad, reparación y aprendizaje antes de aplicar su expulsión. A pesar de esta clara normativa, la falta de datos centralizados puede limitar la capacidad de análisis de las autoridades.

Esta situación evidencia retos clave para la política educativa: asegurar que las medidas alternativas se desarrollen con rigor, y que la mediación y la reparación sean aplicadas antes de recurrir a la expulsión, y que se garantice coherencia y equidad entre centros y alumnos. También pone de relieve la necesidad de considerar el contexto socioeducativo: la diversidad de alumnado, las necesidades educativas especiales y los problemas de convivencia no son iguales en todos los centros, lo que requiere herramientas y estrategias preventivas adaptadas a cada situación.

Además, estas medidas de anticipación tienen un papel esencial para evitar que la expulsión se convierta en una trayectoria de exclusión educativa. La normativa deja claro que la sanción debe tener un carácter educativo y reparador, y que el objetivo principal es que el alumno pueda reintegrarse, aprender de los errores y contribuir a la positiva convivencia del centro. Cuando los alumnos cumplen las tareas de reparación o académicas y participan en la mediación, se busca un aprendizaje activo de su responsabilidad y convivencia.

Un último recurso que se intenta evitar

La gestión de las expulsiones muestra que el sistema combina la autonomía de los centros con las garantías procedimentales y medidas progresivas, con el objetivo de preservar tanto la seguridad y el respeto al centro como la continuidad educativa de los alumnos. La expulsión sólo se utiliza cuando todas las medidas alternativas han fracasado o cuando la gravedad de la conducta lo exige.

La normativa proporciona un marco teórico sobre qué son las conductas graves, cómo deben gestionarse y qué medidas pueden aplicarse antes de llegar a la expulsión. A pesar de la falta de datos centralizados, el sistema pone énfasis en la mediación, reparación y seguimiento educativo como estrategias para garantizar que las sanciones tengan un efecto formativo. El último recurso, la expulsión, se reserva para situaciones extremas, asegurando que ningún alumno quede excluido del proceso educativo sin oportunidad de reintegración ni reparación. Este enfoque busca equilibrar disciplina, seguridad y derecho a la educación, en un contexto en el que la convivencia escolar (a menudo amenazada) es clave para el desarrollo de los alumnos y el buen funcionamiento de los espacios educativos.