La primera gran protesta contra la masificación de esta legislatura no surgió en un municipio costero, sino en el Pla de Mallorca. El Banc de Temps de Sencelles fue la entidad impulsora de la manifestación de mayo de 2024 en Palma, con el lema ‘Mallorca no es ven’. Concentró a unas 25.000 personas, según los organizadores. Esto evidenció que el descontento social era transversal y vinculado a las dificultades para acceder a la vivienda.Pronto se añadieron movilizaciones contra la masificación en Ibiza y Menorca, además de acciones coordinadas en puntos de la costa con el lema ‘Ocupem les nostres platges’. En julio de 2024, la protesta convocada por Menys Turisme, Més Vida reunió a más de 50.000 personas en Palma con la consigna ‘Canviem de rumb: posem límits al turisme’. En paralelo, se han realizado pequeñas acciones constantes de protesta: desde las cenas al fresco organizadas por Brunzit en Palma para denunciar la gentrificación hasta las pintadas contra el turismo en sedes del Govern y inmobiliarias. Consolidación del malestarEl último año de legislatura este malestar social ha tenido tres grandes momentos. La cadena humana contra la desregulación del Parque Natural del Trenc en julio de 2026 señaló directamente al Govern, ya que criticaba la Ley ómnibus recientemente aprobada por el Ejecutivo. El 26 de julio se realizó la manifestación contra la masificación más multitudinaria hasta ahora: 70.000 personas, según la organización (25.000 según la Policía Nacional), marcharon por el centro de Palma. Desde ‘Tenc dret a viure on vaig néixer’ hasta ‘Menjarem turistes’, los lemas de los manifestantes eran un reflejo de la multitud de efectos negativos que puede tener un modelo turístico desbocado. Pero las protestas siguieron: el 8 de agosto, unas 2.500 personas volvieron a salir a la calle en Sóller con las mismas quejas. Todavía no ha acabado la temporada ni tampoco la reivindicación: el 29 de agosto se ha convocado una cadena humana desde la Plaça d’Espanya hasta el Consolat.u
Crece la preocupación en el PP por las protestas antimasificación
Los alcaldes populares enmarcan el malestar de los vecinos en dos áreas que el Gobierno admite que son complejas de abordar: los precios elevados de la vivienda y los problemas de movilidad. Diversos municipios impulsan la oferta de alquiler exclusiva para los residentes
PalmaEl ambiente es de inquietud en las filas populares. El descontentamiento social por la masificación turística ha puesto al partido en alerta. El Gobierno ha luchado este verano para no ser el blanco de las críticas: distribuyó carteles atribuyendo 115.000 plazas turísticas a la izquierda y culpó al ejecutivo español de las cargas policiales en la manifestación de Palma. Pero las últimas semanas, se le ha abierto otro frente: las protestas de cada vez tienen más presencia en el día a día de los municipios. Los alcaldes son quienes reciben las quejas de primera mano, centradas en los problemas de transporte y la falta de vivienda. El Ejecutivo reivindica medidas de contención, pero es consciente de que estos problemas no se han resuelto.
“La presión contra el Gobierno existe”, admite una fuente del Ejecutivo. La pintada con el mensaje ‘El turismo mata’ que apareció hace pocos días en la sede de la Conselleria de Turismo es un síntoma. El malestar social, que se acentúa durante la temporada, alcanzó la expresión más multitudinaria en la manifestación del 27 de julio pasado en Palma. Pero el desgaste que ha acusado el Gobierno –y que admiten fuentes diversas del PP– ha sido acumulativo: desde la cadena humana para exigir la protección de El Trenc hasta las protestas contra la detención de dos activistas en Santa Maria y las cenas reivindicativas de Brunzit en Palma, pasando por las consignas que se oyeron durante la concentración contra la turistización del 8 de agosto en Sóller: “[Marga] Prohens, escucha, estamos en lucha”.
“El PP puede sentirse señalado”, dice el alcalde popular de Sóller, Miquel Nadal. Fuentes municipales cercanas a la dirección del partido coinciden en expresar preocupación por el hecho de que las protestas puedan desgastar la marca. Expresan, como el alcalde, una sensación de injusticia. “Ahora, curiosamente, hay más crispación”, continúa Nadal. “Pero el problema no es de hace tres años, y en los ocho años anteriores gobernaron las izquierdas”, añade. Lo resume así una fuente del equipo de la presidenta Prohens: “Nos hacemos cargo del movimiento ciudadano, pero también entendemos que se está intentando vincular con el gobierno del PP, y se nos exige actuar”. “Seguramente, esto puede afectar el comportamiento electoral”, opina a su vez un cargo del Gobierno: “Depende de si los ciudadanos se lo creen o no, porque nosotros hemos puesto bases para la mejora”.
La vivienda, un quebradero de cabeza
Diversas fuentes del PP consideran, pues, que tras las quejas por la saturación turística hay un malestar aún mayor por las dificultades de acceso a la vivienda y la movilidad. Cuatro alcaldes consultados por el ARA_Balears dicen haber tenido esta misma percepción en el contacto con los vecinos y algunos lo han trasladado al Govern.
“Prohens tiene que tragárselo y actuar, aunque ha hecho más que [Francina] Armengol”, opina un cargo local del PP. “Tenemos que controlar el crecimiento, los pisos turísticos, la inmigración y los precios de la vivienda, porque muchos jóvenes, sin padres que les ayuden, no pueden acceder a ella”, asegura esta fuente. Según explican diversas voces consultadas, el diálogo entre el Ejecutivo y los consistorios del PP es fluido. Fuentes del partido apuntan que en las últimas semanas diversos alcaldes han hecho llegar esta inquietud a la presidenta. Ahora bien, matizan que “la realidad en cada ayuntamiento es diversa: no hay una posición homogénea”.
Los alcaldes consultados por el ARA_Balears coinciden en señalar la vivienda y la movilidad como las grandes fuentes de quejas vecinales. “En Alcúdia no podemos hablar de una situación generalizada de masificación, aunque tenemos momentos concretos de mucha afluencia”, apunta la alcaldesa Fina Linares. “Donde sí tenemos una preocupación importante es en la vivienda, porque el precio de los alquileres están por las nubes”, añade. Coincide Nadal: “En Sóller, el precio es tan elevado que solo puede acceder gente de otros países”. En el mismo sentido se expresa el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual que, a pesar de que no percibe un “sentimiento antiturístico” en el municipio –detalla que muchos vecinos se dedican al turismo–, admite que “el incremento de la vivienda turística y la oferta ilegal han hecho mucho daño”. Por su parte, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, también subraya los problemas de los residentes para tener un lugar donde vivir. Todos ellos destacan que trabajan con el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) para construir viviendas de alquiler asequible, en algunos casos, limitando el acceso a los no residentes del municipio. Por ejemplo, Sóller y Alaró quieren pedir un mínimo de 18 y 20 años de residencia en el pueblo para acceder a ellas, respectivamente.
La limitación de vehículos, en el horizonte
La otra gran cuestión que señalan los alcaldes se refiere a la movilidad, con Sóller como uno de los municipios más afectados. “Uno de los problemas que nos encontramos ahora es que todo el mundo viene en coche”, explica Nadal. También Perelló advierte de los problemas de aparcamiento que hay en Alaró, mientras que Amengual apunta a los atascos de la vía de cintura: “Ahora mismo es nuestro talón de Aquiles”. En este sentido, la limitación de la entrada de vehículos a Mallorca que a partir de septiembre se empezará a tramitar en el Parlament es percibida por los alcaldes como una herramienta clave. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se vio forzado a demorar su aprobación por la posición en contra de Vox. Finalmente, la sacó adelante gracias al apoyo de la izquierda, mientras que la extrema derecha acabó absteniéndose. “Vox se ha dado cuenta de que no se puede posicionar abiertamente en contra de esto, porque es un clamor transversal”, apuntan fuentes del Ejecutivo. Ahora bien, la demora ha puesto en duda que la medida se ponga en marcha esta legislatura. “Tengo esperanza de que se apruebe”, dice Nadal. A pesar de haber aprobado algunas iniciativas de contención y limitación del alquiler turístico, fuentes del Govern admiten que, por ahora, “la calle todavía no percibe el efecto”. Las mismas voces prometen que los indicadores de presión humana habrán disminuido en verano y estas iniciativas empezarán a dar frutos. Sea como sea, la última temporada turística de la legislatura habrá estado atravesada por las protestas sociales. Fuentes del PP admiten que ven un riesgo de que una parte de este descontento les penalice en las urnas: especialmente, porque Prohens ambiciona obtener una mayoría absoluta. Aun así, esperan que la correlación de fuerzas no cambie. Se aferran al desgaste de la izquierda después de los dos gobiernos de Armengol –el PP lo recuerda constantemente– para mantener la expectativa.
