El acuerdo del Gobierno de recalificar los terrenos para la facultad privada es inaplicable

PalmaEl acuerdo que tomó el Govern el pasado 25 de septiembre en Formentera de recalificar los terrenos del antiguo edificio Riskal para acelerar la implantación de la facultad privada de Medicina ha quedado sin efecto, según diversas fuentes jurídicas consultadas por el ARA Baleares. La modificación de la condición urbanística de los terrenos, que han pasado de ocio a equipamiento educativo "se han hecho durante la vigencia del decreto ley, y eso no cambia, pero esta acción no basta", explica una fuente de la Administración que pide el anonimato. "Ahora se necesitan una serie de trámites, y lo más importante es pedir licencia, y como es evidente el Ayuntamiento no puede dar licencia a un proyecto basado en una norma que ya no existe", confirma la misma fuente.

Por tanto, CEU San Pablo no podrá en ningún caso tramitar ahora los permisos urbanísticos municipales para llevar a cabo su universidad privada de Medicina, tal y como tenían previsto. El decreto ley de aceleración de proyectos fue aprobado el 6 de septiembre, pero el 30 el Parlamento lo derogó. Fue clave para este desenlace el voto de los diputados de Vox, que no apoyaron el texto y por tanto el decreto ley de aceleración ha quedado completamente derogado.

La Fundación Universitaria CEU San Pablo ha conseguido en tiempo récord las modificaciones urbanísticas para abrir una nueva facultad privada de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología en Palma. El centro se pretende ubicar en el edificio Riskal, en la calle Antònia Martínez Fiol, ya adquirido por los promotores por un importe cercano a los 40 millones de euros. La operación de adquisición de los terrenos se realizó unos meses antes de conseguir la recalificación urbanística, que ahora ha quedado congelada.

Lo más destacado es la rapidez del proceso: en sólo nueve días se ha conseguido la recalificación de los terrenos y los permisos necesarios. Esto fue posible gracias al decreto ley aprobado por el Gobierno el 6 de septiembre, que permite declarar proyectos estratégicos de especial interés y agilizar sus trámites. Cuando la norma entró en vigor, los promotores ya tenían el proyecto preparado para adaptarlo a los nuevos requisitos, ya que según fuentes del Govern "llevaban mucho tiempo de preparación y ya habían presentado documentación a la Conselleria de Educación".

En el argumentario que se utilizó para decretar el interés estratégico del proyecto, el Ejecutivo defiende que la iniciativa contribuirá a incrementar la tasa de escolarización universitaria de las Islas, actualmente del 10,3% —muy por debajo de la media estatal, del 30,4%—, ya ​​frenar a la calle.

No se ha publicado en el BOIB la derogación

Aunque desde el pasado 30 de septiembre el decreto ley ya no está en vigor porque no superó la validación parlamentaria imprescindible, de momento este acuerdo de la Cámara autonómica no se ha publicado en el BOIB. En principio, los acuerdos sobre la validación o no de un decreto ley son publicadas en los boletines oficiales "precisamente porque se trata de que los operadores jurídicos tengan claro que la norma está o no está vigente con todos los efectos que esto comporta", explica una fuente jurídica consultada por el ARA Baleares. De hecho, es una situación que también ha vivido el gobierno de Pedro Sánchez, el de no poder validar decretos leyes aprobados. El pasado 23 de enero, el BOE publicaba la derogación del decreto ley sobre medidas urgentes en materia de transporte, económico y tributario que el ejecutivo estatal había aprobado inicialmente. Firmado por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, el BOE recogía la derogación de la norma, una vez que no superó la votación del Congreso de los diputados.

Críticas de la oposición

La oposición política ha cargado contra el proyecto de la nueva facultad privada de Medicina del CEU en Palma por varios motivos. El PSIB ha acusado al Gobierno de Marga Prohens de querer impulsar una "universidad privada disfrazada de centro adscrito" para evitar los controles que se exigen a una universidad de nueva creación. También se ha criticado la rapidez del proceso y la falta de transparencia, dado que en tan sólo nueve días se lograron la recalificación de los terrenos y los permisos necesarios gracias a un decreto ley expreso.

Además, se cuestiona el impacto urbanístico y circulatorio de la ubicación elegida, situada en una zona ya saturada y sin estudios de movilidad previos. Los partidos de la oposición y colectivos sociales denuncian también que la oferta académica duplicará grados que ya imparte la UIB, como Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología, y que esto puede agravar los problemas para encontrar centros sanitarios donde realizar las prácticas.

MÁS por Palma también insistió en el aspecto de movilidad, ya que la zona donde se pretende ubicar la facultad (al final de General Riera, a la altura del Camino de los Reyes) es una zona especialmente saturada, y por tanto hay que realizar estudios previos antes de promover recalificaciones automáticas. De hecho, son unos usos "no previstos en el Plan general de Palma", recuerda MÁS por Palma. También se ponen en duda la calidad académica y la capacidad de captar a profesorado cualificado en tan poco tiempo.