La Policía Local y su lenguaje. Retos de futuro

El mes pasado hablábamos de la seguridad pública en el artículo La gramática de la seguridad. Lógicamente, también incluimos la percepción, el vínculo social, la fragilidad de las sociedades modernas y la necesidad humana de sentirse protegidos. Ahora el reto es transitar por otros caminos del lenguaje de la seguridad, principalmente hablar del papel y las funciones de las policías locales en el siglo XXI.Realmente, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el alcance de su autoridad? ¿Cómo gestionan la transparencia, la ética o la proximidad? ¿Están preparadas? ¿Las sentimos cerca? Y también: ¿qué transformación humana –la de los policías– implica convivir durante décadas con el conflicto, la tensión y la frustración ciudadana?Desde 1986, las policías locales en el estado español sí son policía, pero no son una “policía plena” en todas las dimensiones clásicas de la actividad policial. Aquel año se promulgó la conocida Ley Orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad, una norma que muchos funcionarios de las policías municipales ya percibieron –desde el primer momento– como una arquitectura legislativa incompleta. El texto deja claro, jurídicamente, que las policías locales son policía. Pero dentro del imaginario de la maquinaria del Estado y de las policías estatales quedaron como simples auxiliares.No pueden desarrollar investigaciones criminales de manera autónoma, si no es bajo dependencia judicial. Tampoco disponen de las funciones propias de la Policía Judicial, ni tienen acceso completo a determinadas bases de datos estatales o europeas. No pueden desarrollar tareas de inteligencia ni actuar con plena autonomía en materias sensibles de seguridad pública.Dicho claramente: nos encontramos ante una policía parcial, excepto cuando hablamos de sus funciones propias –seguridad en espacios municipales, regulación del tráfico, aplicación de ordenanzas, prevención y proximidad–, ámbitos en los cuales las policías locales han desarrollado un nivel notable de especialización y eficacia.El problema es que esta realidad institucional y legislativa dura más de cuarenta años, mientras que el mundo, la sociedad y las formas de conflicto han cambiado profundamente. A principios de los años noventa, hubo una lucha intensa –bajo la dirección del intendente jefe Joan Feliu– para que el panorama no acabara siendo este y para que la interpretación de la ley fuera otra. Las hemerotecas aún conservan los tira y afloja entre la Policía Local de Palma y el resto de cuerpos de seguridad del Estado. También quedó constancia en las directrices, los recursos y las sentencias judiciales de aquellos años. Finalmente, el modelo se consolidó con una delimitación muy estricta de competencias. Quien manda, manda.Continuamos. Dentro del marco constitucional español, la seguridad pública –y hasta la misma seguridad ciudadana– no es una competencia municipal plena. Con las diferentes reformas normativas de las administraciones locales, la poca capacidad política que conservaban los alcaldes en esta materia se redujo progresivamente. La responsabilidad principal continúa siendo del Estado, así, en mayúsculas. Los municipios pueden participar en ella, pero siempre dentro de los límites que marca la norma.Pero, claro, todo esto los ciudadanos no lo saben ni les importa mucho. Quien ven cada día en el bar y en la calle es el alcalde y el concejal de turno, y son estos quienes reciben todas las maldiciones del cielo, mientras los verdaderos responsables no reciben ninguna presión directa. Realmente, los ayuntamientos devienen escudos protectores frente a Delegación del gobierno y los cuerpos del Estado. Las víctimas son los responsables municipales y los policías locales. En el ámbito político no todo vale. Algunos partidos y cabezas de lista piensan que sí y emplean esta difícil coyuntura para acceder al poder o minar la resistencia de quienes gobiernan. Tanto da si se incrementa el populismo barato o el miedo entre los ciudadanos.En la práctica, sin embargo, la seguridad pública y la seguridad ciudadana han acabado por compartir espacios difusos y a menudo ambiguos. En teoría, las juntas de seguridad deberían ayudar a coordinar y suplir estas ambigüedades, pero dejaremos este apartado para otra ocasión. Hasta aquí podemos afirmar que tenemos un modelo de policía local tensionado, parcialmente desactualizado y con desequilibrios funcionales evidentes.Como decíamos antes, el panorama social y delictivo ha cambiado profundamente. Hoy la realidad es mucho más híbrida y compleja. Ha aparecido la ciberdelincuencia, los sistemas de información son completamente diferentes a los de 1986 y la ciudadanía reclama una seguridad de proximidad real, visible e inmediata. Pero el marco legal continúa siendo limitador y encorsetado. Tenemos demasiados cuerpos con competencias parciales y unas policías locales a menudo infrautilizadas.Este modelo también tiene fortalezas reales: mantiene un control centralizado sobre la investigación criminal y la inteligencia, garantiza una cierta homogeneidad penal y evita que cada municipio desarrolle una especie de “policía propia” con criterios diferentes.Ahora bien, las policías locales tienen una presencia efectiva en el territorio. Conocen a las personas, los conflictos y las dinámicas sociales de los pueblos y las ciudades. A menudo son los primeros en intervenir. Hoy disponen de una formación de calidad, experiencia operativa y medios técnicos razonables. Pero también nos encontramos ante una posible infrautilización de recursos públicos. El ciudadano que pide auxilio o protección desconoce casi siempre todo este entramado competencial. Él solo ve un uniforme azul y espera una respuesta. Y muchas veces esta respuesta no es posible o queda limitada legalmente.Entonces aparecen las preguntas incómodas: ¿por qué los ayuntamientos destinan tantos recursos económicos a una policía que solo pueden gestionar parcialmente? ¿Por qué la ciudadanía y los partidos políticos –especialmente desde la oposición– reclaman constantemente más efectivos y más presencia policial? Y, sobre todo, ¿cómo hemos llegado a construir un modelo de policía local que tiende cada vez más hacia la seguridad ciudadana, precisamente en el ámbito donde dispone de menos competencias, mientras se debilitan funciones tradicionales como la prevención, la proximidad o la policía administrativa?Quizás la pregunta final es otra: ¿el modelo actual responde realmente a las necesidades del siglo XXI o continúa siendo, sobre todo, una estructura pensada para una realidad que ya no existe?