Plan hidrológico de las Islas Baleares: herramienta útil o papel mojado

El 3 de abril del pasado año 2025 se abrió la consulta pública de los documentos iniciales para la elaboración del nuevo plan hidrológico de las Islas Baleares. Seis meses después se abrió la consulta pública sobre los temas importantes del futuro plan, que aún permanece abierto hasta el 6 de marzo. Todo esto forma parte de un proceso complejo y largo reglado de acuerdo con la Directiva Marco del Agua Europea, la Ley de aguas y el Reglamento de planificación hidrológica. Continuará con la elaboración y consulta de la propuesta de proyecto del plan y finalmente si todo va bien con la aprobación del nuevo plan hidrológico en 2028. Cuatro años de elaboración para un plan con un período de vigencia de seis años (2028-2033). Puede afirmarse que la planificación hidrológica se elabora con unos requisitos de información y participación pública más fuertes que existen en nuestra comunidad autónoma. Además este ciclo de elaboración, aprobación e implementación del plan hidrológico se repite y este nuevo plan hidrológico será el cuarto. Mientras, se está ejecutando el tercer Plan hidrológico para el período 2022-2027. El resultado será una nueva normativa para regular la gestión de los recursos hídricos y un nuevo programa de medidas con las actuaciones necesarias para conservar y recuperar el estado de las masas de agua de las Islas Baleares: acuíferos, torrentes, humedales y aguas costeras.

Desafortunadamente, desde el comienzo de elaboración del nuevo plan hidrológico no se ha publicitado demasiado en los sectores sociales y económicos interesados, y la participación en los primeros talleres participativos ha sido minoritaria. Tampoco los responsables políticos con responsabilidades en materia de agua han tenido mucha presencia en ese proceso. Hasta ahora, la principal conclusión es que el Plan Hidrológico interesa poco. Esto no es nuevo, tenemos poca cultura participativa tanto por parte de la sociedad, que no encuentra respuesta a sus peticiones durante estos procesos, como por parte de nuestros gobernantes, que pueden encontrar mayor libertad al tomar decisiones en los despachos sin tener que regirse a un plan consensuado con la sociedad. Un ejemplo de esto último ha sido el impulso de una cuarta desalinizadora en la isla de Eivissa. Esta actuación no estaba incluida en el programa de medidas del vigente Plan hidrológico 2022-2027, pero se ha incluido como medida prioritaria del gobierno autonómico durante esta legislatura cuando no existía ninguna demanda por parte de la sociedad civil ibicenca. Esta contradicción se vivió en la última Mesa de diálogo del agua de Ibiza que organizamos el pasado otoño. Este espacio participativo está promovido por la Alianza por el Agua desde hace 10 años para fomentar una cultura participativa, frente a la ausencia de otros espacios reglados y públicos que promuevan el debate y el consenso en temas de agua en nuestra isla.

La mesa tuvo una elevada participación dada la preocupación social por la fuerte sequía que todavía padecíamos y las fuertes inundaciones que se habían producido recientemente. Participaron representantes de agricultores, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, pero también representantes del sector turístico y empresarial. Ante los responsables políticos municipales y autonómicos hubo un consenso mayoritario para pedir acelerar las actuaciones dirigidas prioritariamente al control de las extracciones de los pozos, aprovechar al máximo el agua de las desaladoras para dejar descansar los acuíferos y cerrar el ciclo del agua, la verdadera asignatura pendiente en las Islas. También fue muy mencionado por los asistentes la masificación turística y el crecimiento urbanístico como principal causa del actual agotamiento y salinización de nuestros acuíferos. La demanda de la cuarta desaladora salió, pero la petición fue muy minoritaria. Aún así, la construcción de la cuarta desaladora continúa su curso y recientemente se ha licitado la redacción del proyecto.

Sin embargo, desde la Alianza por el Agua continuaremos defendiendo la importancia del plan hidrológico para llegar a consensos y conseguir una gobernanza del agua de largo plazo. En este sentido, debemos destacar el gran esfuerzo por parte de los técnicos del servicio de planificación hidrológica de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern Balear. Por un lado, han elaborado un exhaustivo análisis de la situación actual que ha dado como resultado unos documentos iniciales de más de 1.000 páginas necesarias para empezar el proceso de planificación. Por otra parte, han realizado un esfuerzo de síntesis con la elaboración de un documento breve por cada tema importante que han identificado. Además, durante los últimos meses hemos podido debatir en más de 10 talleres participativos sobre cada uno de estos temas y proponer medidas para mejorar la crisis hídrica que sufren nuestras islas. Esta fuerza de análisis, normativa, planificadora y participación del plan hidrológico hace que sea la herramienta más útil para llevar a cabo actuaciones que requieren más de dos o tres legislaturas. De esta forma, el plan hidrológico podría ser la mejor oportunidad para salir de los vaivenes políticos de cada cuatro años, cuestión fundamental cuando las inversiones requieren más de dos o tres legislaturas desde que se planifican hasta que se ejecutan.

El reto es enorme y cabe decir que de momento cada plan hidrológico ha fracasado y ya llevamos más de veinte años de planificación hidrológica. Sólo hace falta decir que el 60% de los acuíferos en las Islas Baleares se encuentran sobreexplotados, salinizados o contaminantes. De todas las islas, Eivissa sufre la peor situación con más del 80% de los acuíferos en mal estado. No debe sorprendernos entonces cuando viene una nueva sequía y salen todas nuestras vergüenzas de lo que no hemos hecho: cortes de agua o pérdidas de calidad en el agua en nuestros grifos o abandono de la actividad agrícola por falta de agua. Tampoco hemos hecho los deberes en el ámbito del saneamiento y cada año es noticia la pérdida de calidad de las aguas de las playas por contaminación fecal, todo un riesgo para nuestra salud, pero también para la reputación de las Islas Baleares como destino turístico. Y cuando no es esto tenemos una torrentada que nos muestra cómo se ha urbanizado dónde no tocaba. Da igual en qué isla nos encontramos, todas compartimos los mismos problemas agravados por el cambio climático. Esta incapacidad para solucionar los problemas del agua nos lleva a la conclusión de que cualquier anuncio de inversión millonaria en infraestructuras hídricas será inútil si no se detiene el crecimiento urbanístico. En este sentido, la desregulación en materia urbanística del actual gobierno autonómico ha ido desgraciadamente en esa dirección. Parece que se gobierna con el síndrome de doctor Jekyll y mister Hyde; por una parte, es muy positiva la inversión que se ha puesto en marcha esta legislatura, pero por otra, se sigue promoviendo un crecimiento turístico y urbanístico que pide más y más agua.

Un nuevo plan hidrológico ambicioso y poner límite al crecimiento son deberes fundamentales para hacer frente a la grave crisis hídrica que viven nuestras islas, pero una cuestión más si queremos revertir esta situación es cómo acelerar la ejecución de las actuaciones. Por eso haría falta también modernizar las administraciones y conseguir una mayor productividad de los trabajadores públicos, pero ¿quién pone el cascabel al gato? Si nadie lo hace, acabará llegando un Milei o un Trump con su motosierra para hacer recortes y desmontar la administración pública con la excusa de la ineficiencia. Dependerá de nuestros gobernantes escuchar a la sociedad, asumir estos retos y que el nuevo plan hidrológico no quede en papel mojado.