Así se confecciona la fiesta del alquiler ilegal en Mallorca

La idea del alquiler turístico surgió con un discurso de economía colaborativa que permitiría democratizar ingresos. Al validarla, no sé quién fue el ingenuo de izquierdas que obvió la voracidad del hombre y el capitalismo. Con el tiempo, la vivienda se ha transformado en un activo financiero, un negocio profesionalizado en el que grandes conglomerados, fondos buitre y cualquier avaricioso ha metido las garras.

El resultado de la operación es innegable: la oferta de vivienda para vivir ha disminuido (los precios suben), los residentes han sido expulsados de barrios convertidos en espacios turísticos y se ha establecido una competencia desigual e imbatible para el local, porque el turista paga más por menos tiempo.

Mientras que en el resto de las Islas el alquiler turístico no encontró ni una norma que lo frenase, Palma sí que tiene una ley para limitarlo. Si no hubiera sido así, el problema sería aún más grave. Y eso es decir mucho cuando hemos normalizado que la gente viva en caravanas, barracas o, directamente, debajo de un puente. En la práctica, la oferta ilegal campa a sus anchas con anuncios opacos que surgen en webs extranjeras y desaparecen. Son difíciles de rastrear. Una inspectora del Consell de Mallorca ha sentenciado a Anna Mascaró para el ARA Balears que es “imposible” acabar con el negocio que opera al margen del sistema. El mercado se mueve mucho más rápido que la Administración y “muchísimas sanciones prescriben”.

Si es difícil probar el fraude y las multas no se cobran, las instituciones están obligadas a actuar. La gestión de un problema tan grave y estructural debería recaer en el Gobierno y no estar transferido a los Consejos. Nadie se creerá el discurso de la coordinación entre organismos, porque no existe. El Ejecutivo debería poner los medios necesarios, actuar con contundencia y dictar a los gobernantes insulares políticas ambiciosas. Y efectivas. No puede continuar ignorando el fracaso, en este caso, más visible del Consell de Mallorca. Pero ¿qué podemos esperar de quienes, abogando por el libre mercado, se niegan a declarar zonas tensionadas ni a topar el precio de los alquileres.

Necesitamos multas ejemplares y que el alquiler turístico ilegal también se beneficie de la agilización administrativa que tanto promueve el PP y no llega donde realmente importa. La regulación es laxa; la actuación política, ineficaz; y la gente no tiene, literalmente, dónde vivir.