Libertad educativa, un caso práctico
La inauguración oficial del pasado curso escolar fue una declaración de intenciones. La presidenta Prohens eligió para la ocasión una puesta en escena muy significativa: la visita al Bachillerato concertado de La Salle de Maó.
Arrancaba así la primera aula concertada de Bachillerato de toda la isla de Menorca, donde no hay falta de plazas públicas en esta etapa educativa y que, recordémoslo, es postobligatoria.
La dudosa necesidad de concertar –o sea, subvencionar al 100%– este Bachillerato privado invita a profundizar sobre el sistema de conciertos escolares, regulado por la normativa vigente. La ley deja claro que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación mediante "una oferta suficiente de plazas públicas" (Art, 109.1 de la LOMLOE) y pide que se garantice "la existencia de plazas públicas suficientes" (Art. 109.3). Igualmente obliga a observar el principio de "economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos" (Art. 109.4) ya promover "un incremento progresivo de las plazas escolares en la red de centros de titularidad pública" (Art. 109.5).
La misma ley también aclara que los centros susceptibles de acogerse al régimen de conciertos educativos deben resolver "necesidades de escolarización" (Art. 106.1) y que, a la hora de concertar, tendrán preferencia "aquellos que atiendan poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, los que realicen experiencias de interés pedagógico, los que realicen experiencias de interés pedagógico, y funcionen en régimen de cooperativa" (Art. 116.2). Y todavía un último apunte: "El concierto para las enseñanzas postobligatorias tiene carácter singular" (Art. 116.7).
Es evidente que la lógica de los conciertos educativos es la de "externalizar" la gestión de una parte de las plazas educativas, para garantizar de forma efectiva el derecho a la educación en aquellos casos concretos en los que la red pública no pueda dar respuesta. Y que esto –muy importante– no exime en ningún caso a la Administración de seguir trabajando para conseguir la cobertura del derecho –educación gratuita universal– a través de plazas de la red propia.
Sin embargo, parece que la actual Conselleria no tiene muy clara algo tan lógico –y tan diáfano desde el punto de vista legal. El curso inaugurado en la flamante aula concertada de La Salle comenzaba con otros 1.183 alumnos: los centros públicos perdían 488, mientras que la concertada ganaba 1.671.
Es evidente que la justificación de esta tendencia no es una externalización puntual para cubrir una necesidad concreta, sino una decidida apuesta por la privatización progresiva del sistema escolar, con cargo a los presupuestos de la CAIB. No es una solución organizativa, sino una opción ideológica. "Libertad", dice la presidenta Prohens.
Ya conocemos la tendencia del actual Gobierno de ampliar y amplificar la "libertad de elección", más allá de la lógica o de lo que prevé la ley. Y la obsesión de hacerlo siempre en la misma dirección: castellanización, privatización... Veámoslo con un caso práctico: el caso de Ferreries.
El CEIP Castell de Santa Àgueda ha sido noticia porque este año ha recibido 33 peticiones para el aula de 3 años –el ratio máximo son 22 alumnos–, por lo que 11 alumnos han quedado sin plaza para el próximo curso. Aunque la escuela se ofreció para habilitar una nueva aula para atender la demanda como se había hecho en otras ocasiones, la Conselleria –de golpe no tan sensible al tema de la libertad– ha descartado cualquier ampliación de plazas y envía a los alumnos excluidos al colegio religioso del pueblo, que sólo había recibido nueve solicitudes y que, por tanto, si no hubiera sido de la matrícula peligrar la subvención de este grupo.
O sea, que la libertad de elección de las familias de Ferreries que habían optado por la red pública ha resultado "inasumible" para un Gobierno tan "liberal" que se ha apresurado a salvar la oferta concertada pese a la falta de demanda.
En el Plan piloto, en cambio, la "libertad" está mucho mejor remunerada y el Govern siempre encuentra "asumible" el precio a pagar Consultando los datos de la propia Conselleria –respuesta a la OCB vía Portal de Transparencia, febrero del 2025– aparecen casos incomprensibles.
Sólo unos ejemplos: Nuestra Señora de Consolación de Alaró ha recibido recursos extras para segregar a los alumnos, aunque sólo cinco eligieron hacer Medi en castellano. Igual ocurre con Juan de la Cierva: aula desdoblada para seis alumnos que eligieron castellano; a Virgen de las Nieves: cuatro alumnos en castellano; a Alonso M. de Ligorio: cuatro alumnos en castellano... Podríamos continuar. Todos han podido desdoblar el aula. La Conselleria lo ha pagado sin problema.
La comparación con Ferreries es lacerante. Y esto son datos, Dª. Prohens, no percepciones.
