Los jueces, el fiscal y un líder que hace seguidismo de Ayuso

En todo ese alboroto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a veces se pierde de vista la cuestión principal. La acusación es de haber filtrado un correo –real y verídico– en el que un delincuente confiesa que ha estafado a Hacienda y pide un pacto para reducir la pena. A García Ortiz no se le acusa de prevaricar ni de apropiarse de dinero ajeno, ni de utilizar su cargo para enriquecerse. Lo que, por ejemplo, sí figura en el informe del juez contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que no sólo está investigado por cambiar leyes para beneficiar a determinadas empresas, sino que, además, públicamente, hacía ostentación de que conocía la situación fiscal de sus contrincantes, y también de los correligionarios. Es decir, revelaba secretos que igualmente no podía revelar, o amenazaba con hacerlo.

De acuerdo que en el caso del fiscal general del Estado, al ser una figura preeminente del aparato judicial español, la situación podría ser más grave, pero es bueno recordar el origen de todo el caso que le ha acabado llevando al banquillo. Sobre todo porque el viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudió al acto institucional de apertura del año judicial en protesta por la presencia, obligada por ley, del fiscal general. Acudió, en cambio, al acto que había organizado la pareja del defraudador con el que se inició el caso, Isabel Díaz Ayuso, que intenta, y en algunos entornos lo consigue, asumir el papel de víctima de una supuesta conspiración del gobierno español. Sin contar, además, que Feijóo tuvo que pasarse el acto justificándose por haber despreciado al rey, que presidía el acto al que no había asistido, y al propio Poder Judicial, que lo organizaba.

Había mucha expectación sobre los discursos de García Ortiz y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Y sobre si habría boicot. El comportamiento de los jueces fue ejemplar. La tensión estaba ahí, pero también el respeto y la corrección. Que es lo que exigió Perelló en su discurso, en el que con educación repartió estopa a dos bandas, aunque la mayor parte de las críticas tuvieron como destinatario al gobierno español. Lamentó, sin mencionarlo directamente, las acusaciones de politización de algunos jueces que hizo Pedro Sánchez, y reivindicó la independencia judicial, que considera cuestionada por los cambios legislativos que propone la Moncloa. Pero también recordó que la independencia judicial no significa carta blanca para hacer lo que se quiera, y que existe un sistema interno de control de la mala praxis judicial. El fiscal general insistió en que acudió al acto porque cree "en la justicia y el estado de derecho". Quizás su negativa a dimitir duele más que bien en la institución que lidera. Todo ello deteriora la imagen de la justicia entre la ciudadanía y, a pesar de la legitimidad de muchas críticas, como sociedad no podemos permitírnoslo. Sin confianza en la justicia no puede existir una democracia sana.