3.152

La noche del pasado 30 de septiembre, más de 400 personas salimos a las calles, polígonos y márgenes de algunas carreteras por todas las Islas Baleares. No era para ir a tomar una copa, sino para contar para que todo el mundo cuente, como decía el lema del proyecto de ciencia ciudadana impulsado por la UIB y la Red para la Inclusión-EAPN. Íbamos a contar personas que dormían a la intemperie, en tiendas, dentro de vehículos, en barracas. El resultado de aquella noche –el I Censo autonómico de sinhogarismo y exclusión residencial– es una cifra que debería sacudir conciencias y agendas políticas: 3.152 personas sin un lugar digno donde vivir en nuestras Islas.

3.152, pero conviene dejarlo claro desde el primer momento: no es la magnitud del problema, sino un mínimo. Las personas que diseñamos el censo éramos conscientes de que los datos de los que disponíamos hasta ahora, que hablaban de unas 600 personas hace tres años, eran insuficientes, porque ni abarcaban todo el Archipiélago, ni recogían la diversidad de tipologías de exclusión residencial que recoge la categoría Ethos en el ámbito europeo, que va desde el sinhogarismo (que solo es la punta del iceberg) hasta personas que viven en situaciones de vivienda insegura o de vivienda inadecuada. La foto después de este recuento científico y ciudadano es un poco más nítida, pero continúa siendo incompleta. Es la fotografía que, por ejemplo, deja fuera a todas las personas que han aprendido a hacerse invisibles, especialmente ante el alud de desalojos de asentamientos en Palma e Ibiza. Lo que hemos contado es lo que hemos podido ver y, por tanto, una aproximación a la baja. La realidad, como siempre, es peor.

Los datos desmienten algunos relatos que circulan con demasiada comodidad por los discursos políticos y mediáticos. El 45% de las personas entrevistadas aquella noche tenía alguna actividad remunerada, y casi la mitad trabajaba. Y a pesar de ello, tenían que pernoctar en la calle, en un vehículo o en un recurso de urgencia. El 95% identificaba la barrera económica como el obstáculo principal para tener una vivienda: no es una cuestión de voluntad ni de mérito, sino de unos salarios que no pueden seguir el ritmo de los precios de los alquileres que han perdido cualquier conexión con la vida real de la mayoría de los residentes en las Islas Baleares.

Sin embargo, la situación en cada isla merece una lectura propia. En Ibiza, por ejemplo, siete de cada diez personas dormían a la intemperie o en barracas; en Menorca, la mayoría se concentra en vehículos y edificios abandonados; en Mallorca, el reparto entre calle y estructuras es casi simétrico. En cada isla la exclusión residencial se expresa de maneras diferentes, y cada isla merece una respuesta propia. No hay una ‘solución’ balear genérica, pero sí debe haber el esfuerzo compartido de todas las administraciones.

También me gustaría hablar de las más de 400 personas que aquella noche salieron a hacer el recuento, porque sin ellas ahora no dispondríamos de estos datos tan importantes para conocer la magnitud del problema y para que quien tenga que actuar, actúe. Hablamos de estudiantes de la UIB, profesionales del ámbito social y educativo, trabajadoras de los servicios sociales municipales involucrados y personas de la ciudadanía sin ningún vínculo profesional con el tema. Más de 400 personas que dejaron el sofá aquella tarde-noche para ayudarnos a entender una realidad que a menudo queda fuera de foco. Fue, en el sentido más literal del término, ciencia ciudadana. Y la respuesta fue magnífica, sinceramente emocionante: una comunidad que se organiza para producir conocimiento sobre su propia realidad.

Tampoco fue fácil… Los desalojos continuos que se habían producido en Ibiza y en Palma durante las semanas previas hicieron que, sobre todo en el primer caso, las personas víctimas de la exclusión residencial se hubieran dispersado por el territorio, y que no hubiera mucha predisposición por parte de algunas personas para ser entrevistadas, con el miedo de que la información que nos diesen sirviera para desalojarles nuevamente. Para que nos entendamos, contar exclusión residencial en un contexto de desalojos sistemáticos es como intentar tomar la temperatura de un paciente mientras alguien le quita el termómetro de la boca.

Comenzamos a tener datos, pero no bastan. Por eso, en la próxima fase queremos ir más lejos, e incorporar los recursos para mujeres que huyen de la violencia, para personas refugiadas y para jóvenes en proceso de emancipación, entre otros. Y, sobre todo, aproximarnos a la exclusión que no es tan visible en las calles, pero que todos y todas conocemos: familias que viven en una habitación, viviendas sin luz ni agua, personas bajo la amenaza de ser desahuciadas… situaciones que no vemos, porque nadie las quiere mirar con la atención que la situación merece.

Qué suerte que estos primeros datos, que como os decía no dejan de ser un suelo, porque hay muchos más, sean la base para que la mayoría, un día no muy lejano, pueda tener un techo. Y cuanto más digno, mejor.