Protesta masiva contra las detenciones y la confiscación de papeletas del 1-O

BarcelonaLa reacción de protesta pacífica contra la macrooperación policial lanzada hoy por el Estado para intentar detener el 1-O no ha parado de crecer durante el día. Lo que ha comenzado por la mañana como una concentración espontánea de decenas y, después, cientos de personas ante la sede del departamento de Economía, se ha convertido esta tarde en una protesta multitudinaria de 40.000, según el recuento de la Guardia Urbana, en el cruce de la Gran Vía con la rambla Cataluña, muy cerca del departamento.

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas –tres de las cuales han quedado en libertad y pendientes de ser citadas por el juez ya esta misma tarde– y ha confiscado cerca de 10 millones de papeletas (9.894.350) en el marco de una macrooperación contra el referéndum.

Los agentes han confiscado las papeletas para votar en el referéndum del 1 de octubre durante el registro de una nave industrial de Bigues i Riells, en Barcelona, según ha confirmado el ministerio del Interior en una nota de prensa.

Además de las papeletas impresas con el 'sí' y el 'no', los agentes han intervenido una gran cantidad de material electoral para el 1-O que todavía no han contabilizado: carteles con la leyenda 'local electoral', actas de listas numeradas de votantes con la inscripción 'referéndum de autodeterminación de Cataluña 2017', actas de sesión de escrutinio, actas de constitución de mesa y otros formularios. El propietario de la nave, el abogado Pau Furriol Fornells, es uno de los detenidos, y otra persona vinculada a la imprenta, de la cual no ha trascendido el nombre, completa la lista de arrestados.

Según fuentes del departamento de Economía, elsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, ha sido detenido en su coche en la ronda Litoral mientras iba hacia el trabajo. También han sido detenidos el responsable del voto electrónico, J.M. G., y el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Josuè Sallent. En cuanto al primero, en estos momentos está en Reus -donde vive- acompañado de la Guardia Civil, y se prevé que llegue a la sede de la Administración Abierta de Cataluña, donde tiene el despacho, dentro de 4 horas. Respecto a Sallent, su mujer ha confirmado la detención en un tuit.

David Franco y David Palanques, jefe de desarrollo del área de tecnologías de la información y responsable de la oficina técnica de proyectos del departamento del CTTI, también han sido detenidos. Ambos son personal contratado por la entidad que trabaja en todas las consejerías.

La Guardia Civil también ha detenido al director del departamento de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, y a Pep Masoliver, del área de información y sistemas de la Fundacio.cat. Han registrado el domicilio del primero, y el segundo también ha sido detenido en su casa. Además, los agentes han detenido a Mercè Martínez Martos, técnica del departamento de Vicepresidencia, del área de sostenibilidad financiera, cuando iba a buscar el coche para llevar a sus hijos al instituto. Según Efe, Martínez estaba vinculada a la empresa donde se han encontrado las papeletas. Posteriormente se ha sabido que también han arrestado a Natàlia Garriga, directora de Servicios del departamento de Economía.

El asesor del departamento de Gobernación Joan Ignasi Sánchez estaba retenido en su casa, en Sabadell, y han registrado su domicilio. Cerca de 200 personas se han concentrado ante su piso, donde han cerrado el paso a la Guardia Civil. Poco después han llegado los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. La gente les gritaba: "Defended al pueblo catalán". Finalmente, la Guardia Civil se lo ha llevado detenido.

El responsable del área de tecnologías de la información y las comunicaciones del departamento de Exteriores, Xavier Puig, también ha sido detenido. Aunque en un primer momento se había informado también de la detención de la directora de Servicios de T-Systems, Rosa Maria Rodríguez Curto, que gestiona los servicios informáticos de la Generalitat, la empresa ha asegurado al ARA que no le "consta" este hecho.

Las otras personas detenidas o retenidas durante los registros serían el secretario de Hacienda Lluís Salvadó y el responsable del área de tecnologías de la información y las comunicaciones, Xavier Puig, y Pau Furriol i Fornell, abogado y militante de ERC.

Los agentes se han personado en el departamento de Economía de la Generalitat y en varias de sus dependencias, como en la secretaría de Hacienda, en Gran Via, 639, y en la dirección general de Patrimonio, en Gran Via, 635. También habrían entrado en el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, hecho que ha confirmado la consejera Dolors Bassa en un tuit. También se han personado en la Consejería de Gobernación, en la de Exteriores, en la Administración Abierta de Cataluña (que se encuentra en el interior de la sede de la tecnológica Indra), en el CTTI y en la sede de la empresa T-Systems.

La Guardia Civil ha entrado, además, en el Palacio Centelles, sede del Instituto de Estudios Autonómicos y Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. El director de este organismo es el jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional (1992-2001) y presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional.

Prensa de Gobernación confirma que hay Guardia Civil en la séptima planta, donde está el despacho de la consejera Meritxell Borràs. Además, trabajadores del departamento de Economía han confirmado al ARA que la primera planta de la consejería ha sido desalojada, así como dos despachos del área de procesos electorales, que están custodiados por tres agentes de la Guardia Civil cada uno. También hay agentes en las plantas 7 y 8 del edificio, y se han cortado las comunicaciones en el edificio (wifi y teléfono).

Así, en total el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado 41 registros, seis de los cuales son en despachos situados en diferentes sedes oficiales del Gobierno. Según el tribunal, los registros se limitan a los despachos de las personas que tienen la condición de investigados en la causa. El magistrado también ha acordado registros en tres empresas de Barcelona, en despachos profesionales no oficiales y en domicilios particulares. La causa está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, con una veintena de personas investigadas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este mediodía que "esta agresión está fuera de amparo legal": "El gobierno español ha suspendido 'de facto' el autogobierno de Cataluña". "El gobierno español ha superado la línea roja que le separaba de los regímenes antidemocráticos", ha lamentado, pero ha insistido: "El día 1 saldremos de casa con una papeleta y la usaremos".

Por su parte, Carme Forcadell ha dicho que las actuaciones policiales suponen "la suspensión de la autonomía de Cataluña" y que "nos encontramos ante la aplicación de un estado de excepción 'de facto'". Ha condenado las actuaciones que "criminalizan y obstaculizan" que los ciudadanos voten. Ha hecho un repaso de las operaciones policiales y judiciales contra el referéndum y se ha dirigido al gobierno español con las siguientes palabras: "¿Esta es la única respuesta que podéis ofrecer ante la voluntad de votar?"

Fuentes del Gobierno consultadas por el ARA creen que la macrooperación está llena de irregularidades. La principal sería, afirman, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya debería haber asumido la investigación, dado que hay implicadas personas aforadas. En cambio, el caso continúa en manos del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que es el que inició la investigación a raíz del caso Vidal. El Gobierno considera que el juez, Juan Antonio Ramírez, conocido por haber llevado casos como los de las pintadas al rey, se debería haber inhibido en este caso en favor del TSJC, "que ofrece más garantías a los cargos catalanes".

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha condenado la actuación en Catalunya Ràdio: "Esto es una demostración más de que hay un verdadero estado policial: estamos en una situación absolutamente excepcional y fuera de cualquier garantía democrática".

"El pueblo defenderá sus instituciones"

Miles de ciudadanos se han concentrado en la Rambla de Catalunya con pancartas que piden "democracia". Esta se habría convertido en la manifestación más multitudinaria, aunque también hay concentraciones en otros puntos de Barcelona. Con ellos están Joan Tardà, Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC), también. La gente grita "Democracia" y "Esto es un golpe de estado". Tardà ha calificado la operación de "atentado a la democracia", pero ha reclamado serenidad: "No caigamos en ninguna provocación, nos quieren hacer descarrilar, pero nos tenemos que mantener firmes en la defensa de los derechos civiles".

La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha llegado a la sede del departamento donde se está produciendo un registro entre aplausos de los trabajadores. Ha asegurado que el Gobierno "continúa trabajando con la misma firmeza" para hacer posible el referéndum. Tras una breve atención a los medios, ha dejado un clavel encima de uno de los coches de la Guardia Civil.

"Este pueblo defenderá sus instituciones", ha asegurado el portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, en la Rambla: "Hemos sido, somos y continuaremos siendo, a pesar de las agresiones, un solo pueblo que quiere decidir". El secretario general de la UGT, Camil Ros, ha pedido la "libertad inmediata" de los detenidos esta mañana "de forma desproporcionada", mientras que Anna Gabriel (CUP) ha pedido hacer resistencia pacífica y no caer en provocaciones. "Esperamos que ganen las urnas y no el golpe de estado", añade.

Miembros de Comisiones Obreras (CCOO) también se han concentrado ante la sede de Exteriores para "defender las instituciones", han cortado la Vía Laietana y se han sumado a la multitud de personas que protestan. En un momento determinado la Guardia Civil ha cargado un coche con material extraído del departamento, pero los manifestantes se han colocado alrededor del coche para impedir que salieran del vehículo.

Además, estudiantes han cortado la Diagonal durante cerca de 45 minutos, aunque el tráfico ya se ha restablecido. Según los universitarios, el SEPC ha entrado en las clases y ha hecho un llamamiento a salir a la calle contra las detenciones. Mañana han convocado una concentración a las 12.00 h. También se ha organizado una concentración de rechazo en la plaza Sant Jaume.

Intervención total del Estado

En paralelo a esta información, el gobierno español ha efectuado la intervención total de las finanzas catalanas. La Generalitat ya ha recibido la notificación firmada directamente por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la cual comunica que le retira la gestión de unos 4.500 millones de euros del presupuesto que el gobierno catalán tenía previsto gastar lo que queda de ejercicio en servicios "no fundamentales". El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha convocado de urgencia a los líderes del PSOE y Ciudadanos en la Moncloa, ante los últimos acontecimientos en Cataluña.

Además, un gran barco comercial de la naviera italiana Grandi Navi Veloci está atracado desde esta mañana en el muelle de Lepanto de Barcelona. El puerto recibió ayer un escrito oficial del gobierno español informando de que se trata de un "barco de estado", pero sin precisar con qué objetivo se ha amarrado en el puerto. Se trata de la embarcación 'Rhapsody', que tiene capacidad para 2.448 pasajeros y que dispone de servicios como restaurante, piscina o sala de reuniones. Según ha podido saber el ARA, el barco tiene previsto estar en Barcelona hasta el 3 de octubre y, además, un segundo barco aún llegará al puerto de Barcelona esta misma tarde. La embarcación es, en este caso, de la empresa naviera Trasmediterránea, señalan las mismas fuentes.

En Tarragona, el Estado ha ordenado al puerto que deje amarrar un crucero con capacidad para 800 personas. Podría servir para alojar policías, aunque oficialmente se desconoce el motivo de la petición. Se trata de una embarcación comercial como la que ya ha atracado en Barcelona con capacidad para más de 2.000 personas. La de Tarragona se trata de la embarcación 'GNV Azzurra', y también es propiedad de la naviera italiana Grandi Navi Veloci.

El Ministerio del Interior y las direcciones generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional han suspendido los permisos y vacaciones de todos los agentes destinados en Cataluña entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre. El objetivo es "garantizar el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el referéndum ilegal en Cataluña". Concretamente, han cursado una instrucción que modifica el régimen de vacaciones, permisos, licencias y horarios del personal, y los agentes no podrán solicitar ninguno. La instrucción se podría alargar más allá del 5 de octubre "si las circunstancias lo aconsejan".

A esto se suma el hecho de que, este mediodía, agentes de la Policía Nacional han intentado entrar en la sede de la CUP de Barcelona, en la calle Casp, pero no han podido porque las personas que estaban en el interior del local han visto por la videocámara de seguridad que quienes llamaban a la puerta eran agentes de la policía y han bajado las persianas. La concentración de protesta también ha ido creciendo y haciéndose masiva.

También cabe destacar que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha denunciado que se han registrado despachos de abogados y que, por tanto, se ha vulnerado el derecho de defensa. Esto, según el ICAB, "viola el derecho al secreto profesional de los abogados", ya que los registros se han practicado de manera "indiscriminada" y han afectado a la protección de datos personales "de cualquier cliente". Además, ha recordado que se ha incumplido el Estatuto de la Abogacía porque no se ha informado de los registros a la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Rajoy dice que han hecho "lo que tenían que hacer"

Rajoy ha asegurado en el Congreso que han "hecho lo que tenían que hacer" y lo que era su "obligación" para mantener el estado de derecho, y ha insistido en que los partidos soberanistas se "cargaron la Constitución" en el Parlament hace dos semanas. "La Constitución se la cargó usted, con el PSOE cuando reformaron en una noche el artículo 135", ha dicho ante una interpelación de Gabriel Rufián.

Los diputados del PDECat y de ERC han abandonado el Congreso de los Diputados, donde había pleno, como protesta por los registros. Antes de marcharse, Gabriel Rufián ha dicho al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy: "Quite sus manos sucias de las instituciones catalanas". "En este momento están deteniendo a cargos electos catalanes simplemente por sus ideas", ha lamentado. "Que sepa que por cada persona que detenga hay 100 que están dispuestas a respetar el mandato inequívocamente popular. Es una lucha no por los derechos nacionales, sino por los derechos civiles de todos", ha sentenciado.

Posteriormente, Rufián ha viajado hasta Barcelona para asistir a la concentración ante el departamento de Economía de la Generalitat. "Sois dignos herederos de vuestros abuelos y de vuestros padres", ha gritado megáfono en mano a los manifestantes: "Nosotros no solo luchamos por el derecho a decidir en los Países Catalanes, luchamos por los derechos civiles de todos los pueblos del Estado. Cuando os digan que el problema solo es el PP, recordad que también lo es el PSOE, Cs y el Tribunal Constitucional".

Los diputados de En Comú Podem en el Congreso: "Pedimos a toda la ciudadanía catalana serenidad absoluta, firmeza para responder a los ataques que estamos sufriendo como ciudadanos y ciudadanas y como país", ha dicho Xavier Domènech en una comparecencia posterior. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a Rajoy "que rectifique, que detenga esta deriva represora y que devuelva el autogobierno". "Si cree que con esta estrategia tendremos miedo, es al revés; saldremos a la calle más unidos".

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha denunciado que el macrooperativo policial significa "la aplicación del artículo 155 en un ataque sin precedentes al autogobierno de Cataluña". Asens ha afirmado: "Nos están tratando como una colonia que se debe ocupar". Después de dejar claro que "el Ayuntamiento de Barcelona está al lado de la Generalitat y del pueblo de Cataluña", el dirigente de Catalunya En Comú ha avanzado que han llamado a su militancia a sumarse a las concentraciones.

A pesar de esta escalada de las tensiones, sin embargo, el gobierno español no ha modificado ni una coma de su discurso. El portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha atendido al mediodía a los medios desde el Congreso y ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "buscar con manifestaciones en la calle la legitimidad que no tiene".

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado en Catalunya Ràdio que "es normal que la justicia actúe", y ha defendido que su partido está dando "una salida" política a la situación actual: "Esto se solucionará con urnas, pero urnas de verdad", en referencia a la convocatoria de unas elecciones autonómicas para buscar un nuevo gobierno que defiende Ciudadanos". "Lo que está pasando en Cataluña es muy grave", ha añadido Arrimadas, que no sabía nada del dispositivo: "Evidentemente que no, a mí no me llaman antes de hacer una detención. No tenía conocimiento".

El expresidente español José María Aznar también ha hecho declaraciones y ha pedido al gobierno español mano dura contra el referéndum del 1 de octubre. "No se puede tratar con golpistas y secesionistas", ha sentenciado Aznar en una entrevista con el canal internacional de noticias NTN24, con sede en los Estados Unidos.

Los alcaldes se niegan a declarar por la cesión de locales del 1-O

De los 17 alcaldes que estaban citados este miércoles por la fiscalía por haber cedido locales para el 1-O, 16 han comparecido y se han negado a declarar mientras que el restante, el de Sabadell, Maties Serracant, no se ha presentado a la citación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado 48 horas a la AMI y a la ACM para que retiren de sus páginas web los contenidos sobre la preparación y la celebración del referéndum. Si no, amenaza con retirar los contenidos forzosamente o de cerrar las webs. Son las medidas cautelares por la querella.