El PP y Vox llenan de enmiendas sobre otros temas la ley de proyectos estratégicos

PalmaPP y Vox han utilizado la tramitación parlamentaria de la ley de proyectos estratégicos para introducir decenas de temas que nada tienen que ver. Desde rebajas fiscales, hasta la supresión del requisito de catalán para algunos docentes y cargos en la Administración, hasta impulsar una Oficina Antiempleo. La extrema derecha ha llegado a introducir cuestiones tan alejadas del objeto de la ley como, por ejemplo, que los militares puedan ocupar plazas en la Policía Local de los municipios o, incluso, para castellanizar los topónimos. Mientras, el PP ha aprovechado para llevar a cabo una reforma profunda de la Agencia Tributaria de las Islas (ATIB) a través de esta ley. En un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, MÁS por Mallorca ha levantado la alarma y ha exigido que no se admitan a trámite.

Esta práctica es habitual en el Parlamento. De hecho, tanto el PSIB como MÁS han presentado enmiendas a esta ley para que seaprueben medidas extraordinarias para hacer frente al aumento de precios consecuencia de la guerra en Irán. Sin embargo, los ecosobiranistas consideran que, en este caso, están justificadas porque responden a una situación de emergencia sobrevenida. En el texto que han registrado en la Mesa solicitan que el resto de las enmiendas que no tengan que ver con el proyecto de ley no se acepten, de acuerdo con el artículo 125 del reglamento del Parlamento, que establece que la Mesa "sólo admitirá a trámite aquellas enmiendas cuyo contenido tenga relación con la materia de la denominación del proyecto de ley", excepto

En paralelo, advierten en el escrito de que hay tres enmiendas sobre las que también piden la inadmisión porque afectan, además, a derechos previstos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía, y "atentan contra el principio de no retroversión de derechos, que impide la regresión o más de pérdida de derechos puedan anular derechos consolidados anteriormente por la legislación aprobada desde la recuperación de las instituciones de autogobierno". Se trata de las enmiendas lingüísticas pactadas por el PP y Vox, que establecen la eliminación del requisito de catalán para docentes en puestos de muy difícil cobertura y la supresión del requisito de diversas categorías laborales básicas en la función pública, tanto funcionarios como personal laboral.

"El derecho autonómico vigente en las Islas Baleares blinda de forma inequívoca el requisito de conocimiento de la lengua catalana tanto para el personal funcionario como para el personal laboral al servicio de la Administración pública", exponen en su texto: "Este requisito no es accesorio ni opcional". Así, advierten que "el requisito lingüístico se configura como una exigencia estructural derivada de la oficialidad de la propia lengua y del mandato de normalización lingüística". "Cualquier intento de rebajar, eliminar o aplazar este requisito contradice frontalmente el marco jurídico vigente", defienden.