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Las Galias de izquierdas en la Mallorca del PP y Vox

Prohens mantiene el diálogo abierto con los ayuntamientos gobernados por el PSIB y MÁS, pero no duda en utilizarlos para desgastar a la oposición en el Parlament

La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, conversa con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.
10/01/2026
4 min

PalmaLas Islas se teñieron de azul en 2023. El PP creció con casi cien concejales, fue la fuerza más votada en mitad de los pueblos de Mallorca y logró el poder de las principales instituciones –el Gobierno, el Consell Insular y Palma– gracias a Vox. Pero no de todas: las formaciones progresistas resistieron en una quincena de municipios de la isla. Los mayores, Inca, Manacor y Pollença, se han convertido en un estandarte de la oposición y un potencial foco de desgaste para el Gobierno. La presidenta Marga Prohens ha optado por una estrategia de diálogo abierto con estos ayuntamientos, pero también ha empleado ese acercamiento para desgastar a la izquierda en el Parlament.

Los alcaldes de los tres consistorios destacan que, pese a la distancia ideológica, las reuniones con los miembros del Govern y también del Consell son habituales. Ahora bien, existen diferencias en cuestiones como la vivienda. Buena parte de los ayuntamientos gobernados por la izquierda han reclamado que se les permita realizar un estudio en los respectivos municipios para declararles Zonas de mercado residencial tensado y aplicar el tope a los alquileres que permite la ley española. Pero el Govern balear se ha negado. "Hay que limitar los alquileres", insiste el alcalde de Inca, Virgilio Moreno (PSIB). "El PP lo ve como una intervención del mercado, algo socialcomunista soviético, pero no es así", insiste: "Hay familias con dos nóminas que no llegan a fin de mes para pagar el alquiler, tenemos que hacer algo". En cambio, los alcaldes sí han aceptado la normativa aprobada por PP y Vox en materia de vivienda, aunque de forma quirúrgica. "Nuestra filosofía es aplicar todo lo que se apruebe desde Madrid, el Gobierno y el Consell, pero adaptado a nuestras normas urbanísticas", expresa Moreno.

Virgilio Moreno.

En el mismo sentido, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÁS), asegura que han aprovechado la normativa para aumentar la construcción de viviendas en el casco urbano. Sin embargo, rechaza la construcción impulsada por el PP y Vox en áreas de transición. "Basta con el consumo de territorio que hemos hecho, como por ahora, de forma desordenada e irresponsable, emplear aún más", opina: "La falta de vivienda no puede ser una excusa para liberar suelo hacia un crecimiento desmedido". También es crítico con la creación de la Vivienda de Precio Limitado (HPL) como complemento al protegido, porque tiene un precio mucho más elevado. Pese a admitir que la relación con los consellers y la presidenta es "constante", ambos alcaldes denuncian que se centralicen todavía muchos recursos en Palma por encima de Inca y Manacor. "El Gobierno y el Consell han castigado a los manacorenses con una falta de inversión", lamenta Oliver. "Damos una cobertura comarcal más allá del Raiguer y servicios a las poblaciones del Pla y la Tramuntana, necesitamos más financiación", insiste, a su vez, Moreno.

Pollença, arma arrojadiza del PP

El alcalde de Pollença y exconseller de Educación, Martí March (PSIB), ha optado por mantener un perfil "institucional" y buscar el consenso con el Govern y el Consell, pese a que el PP lo haya empleado a menudo como arma arrojadiza contra el PSIB. Los populares bautizaron como "enmienda March" la modificación de la ley que amnistía las viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico que se destinan al alquiler turístico –muchos de los cuales se encuentran en Pollença– y también defendieron la inclusión de la vehicularidad del castellano en la Ley de educación insistiendo en que el mismo March, como el mismo March, "He estado prudente y me he centrado en el trabajo de alcalde", explica al ARABalears: "A pesar de que ideológicamente no me siento cómodo con el Govern, un ayuntamiento no puede ser una punta de oposición", continúa. En este sentido, se ha quejado en privado de la utilización de su figura: "Al señor Sebastià Sagreras [portavoz del grupo parlamentario del PP] le dije que yo no presenté ninguna enmienda March, y que no me emplee para poner el dedo en el ojo al PSIB", expone: "Defiende una regularización de estos inmuebles porque encima". Con la mirada puesta en el municipio, reclama avances en el Consell en la construcción de varias rotondas y recuerda que el centro de salud que se inaugurará este año "viene de la legislatura de 2015 a 2019".

Miquel Oliver.

Fuentes del Gobierno admiten ese uso político de la figura del exconseller y otros alcaldes de izquierdas por el hecho, por ejemplo, de que apliquen la Ley de emergencia habitacional a la que la izquierda votó en contra. "La oposición se instala en el no a todo y después los propios ayuntamientos socialistas aplican lo que su partido ha criticado en el Parlament", justifican. Aunque consideran que el tratamiento con los alcaldes es "cordial", estas voces admiten fricciones con los consistorios gobernados por MÉS por Mallorca sobre la cesión de espacios para acoger a los menores migrantes no acompañados. Mientras que el PP critica que los ecosoberanistas no hayan puesto espacios a disposición del Consell, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà (Pas-MÉS), critica que no se les explicara "qué tipología de espacios, para cuánta gente, cuánto tiempo y qué recursos" debían menester.

Ferrà ha estado, junto a March, entre los alcaldes más críticos con la ley de la sierra de Tramuntana que preparan el PP y Vox. Desde Esporles, el ecosoberanista se ha esforzado en hacer contrapeso de la agenda ideológica del PP y Vox a escala autonómica. "Retiramos la invitada a las fiestas al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tras su acto de agresión y deslealtad contra Aurora Picornell", asegura: "Con motivo de la derogación de la Ley de memoria democrática, aprobamos la primera ordenanza municipal de memoria del Estado". En cambio, explica, los ayuntamientos de la Serra han colaborado independientemente de su color político para reclamar infraestructuras o gestionar emergencias como la falta de agua.

Un ajuntament no pot ser una punta d’oposició.

Así, los alcaldes de los principales ayuntamientos progresistas optan por el diálogo y un perfil bajo, a la espera de que la balanza se incline a su favor en los próximos comicios. "En el 2027 espero que vuelva a gobernar la izquierda", confía March.u

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