Una campaña electoral que no habla de educación: “Somos los grandes olvidados”

Más alumnos recién llegados, ratios elevadas y falta de profesorado tensan los centros, mientras la mejora educativa queda fuera de las grandes proclamas electorales para movilizar a los votantes

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Una maestra y sus alumnos, en el aula.
21/11/2026 - 16:46 h

PalmaLas escuelas de las Baleares acumulan más alumnos recién llegados, más vulnerabilidad, ratios elevadas, falta de profesorado, infraestructuras pendientes y aulas que queman en verano y se hielan en invierno. Mientras los centros intentan sostener una realidad cada vez más compleja, el estado de la educación pasa desapercibido en la campaña electoral del 29-N. Esta es la contradicción que atravesó el debate organizado por el ARA Balears con representantes de los principales sindicatos educativos, que coinciden en describir una “tormenta perfecta” en los centros y en reclamar una respuesta política a la altura de las necesidades. “Somos los grandes olvidados”, se dijo durante el encuentro.

Vicenç Garcia (STEI), Biel Vives (UOB), Joan Crespí (SIAU), Azahar Tortonda (UGT), Mario Devis (CCOO), Miquel Àngel Santos (Alternativa) y Víctor Villatoro (ANPE) participaron en el debate, hecho con la vista puesta en las elecciones sindicales del 2 de diciembre. El diagnóstico que comparten va más allá de las reivindicaciones laborales: el sistema educativo ha cambiado, las necesidades del alumnado se han multiplicado y los recursos no han crecido al mismo ritmo. La infrafinanciación histórica cada vez se hace más evidente.

En cambio, los grandes mítines y las proclamas electorales han situado en el centro del debate cuestiones como la derogación de la LOMLOE, que reclaman el PP y Vox. Durante el cara a cara con Sánchez, Feijóo criticó duramente la ley, mientras que el presidente del gobierno español y candidato socialista defendió la inversión millonaria en el sistema de becas. En el mitin en Mallorca, la diputada del PSIB Amanda Fernández reivindicó la labor de las educadoras del primer ciclo de Infantil y la necesidad de garantizar una educación “pública, inclusiva y de calidad”. El Frente Amplio, en cambio, propone, entre otras medidas, elevar la inversión en Educación hasta un mínimo del 7% del PIB en 2030 en el ámbito estatal y garantizar el comedor escolar gratuito y universal para los alumnos de Infantil y Primaria.

Las condiciones materiales de los centros, las desigualdades entre las redes pública y concertada y la capacidad del sistema para atender al alumnado más vulnerable, en cambio, han tenido menos protagonismo en los actos de campaña, a pesar de que sí aparecen en los programas electorales. Es cierto que la educación es una competencia autonómica y que esto condiciona su peso en una campaña estatal. Pero esta circunstancia no debería dejar fuera del debate político los déficits estructurales que arrastra el sistema educativo.

Una escuela que lo asume todo

Los sindicatos sitúan el aumento del alumnado recién llegado y de la vulnerabilidad entre los principales factores de presión. Las Baleares registraron 3.801 incorporaciones de alumnos con el curso 2025-2026 ya empezado. El número de estudiantes de incorporación tardía registrados por Educación pasó de 1.297 el curso 2021-2022 a 6.814 el 2025-2026, un incremento del 425%, mientras el conjunto del alumnado solo creció un 4,9%. Este cambio demográfico exige más recursos de acogida, refuerzo lingüístico y atención individualizada. Algunos niños llegan sin conocer ninguna de las lenguas oficiales y con situaciones personales marcadas por el duelo migratorio. Los docentes deben acompañarlos en la integración, a la vez que atienden al resto del grupo, a menudo con ratios elevadas y sin suficiente personal de apoyo.

La falta de profesorado agrava esta situación. Las organizaciones alertan de las dificultades para captar profesionales en un mercado laboral que ofrece alternativas en la empresa privada, a menudo con mejores condiciones. También denuncian el desprestigio de la profesión, la pérdida de autoridad docente y la falta de acompañamiento de algunas familias. El trabajo en las aulas ya no consiste solo en enseñar contenidos: los centros también deben afrontar problemas de convivencia, necesidades emocionales y situaciones de pobreza que condicionan el aprendizaje.

Debate electoral sindical organizado por el ARA Balears titulado ‘La educación, a examen’.

Las ratios son otro obstáculo para responder a esta realidad. Un reportaje del ARA Balears documentó el curso 2025-2026 que 84 centros públicos superaban las ratios máximas en grupos de Primaria y 22 lo hacían en Infantil. La masificación reduce el tiempo que cada docente puede dedicar a cada alumno y dificulta especialmente la atención de los niños que necesitan más acompañamiento. Los sindicatos relacionan esta situación con el deterioro de los resultados académicos que reflejan las pruebas PISA y las del IAQSE.

La vulnerabilidad, además, no es una abstracción estadística. En el IES Son Cladera, el centro creó un comedor después de detectar a alumnos que llegaban a clase sin haber comido, y lo mismo ha ocurrido en otros institutos. En Son Cladera, la secretaria compraba leche y galletas para los niños que acudían en ayunas, y el instituto asumía gastos de material, excursiones y gafas que las familias no podían afrontar. “Si un alumno viene a clase sin comer y se duerme, ¿cómo le vas a reñir? No tiene sentido”, explicaba el director, Manuel Blanco. Este es un ejemplo de cómo la escuela acaba cubriendo necesidades sociales que van mucho más allá de su función educativa.

Desigualdad entre centros

Esta carga, sin embargo, no se reparte de manera equilibrada. Los sindicatos denuncian que los centros públicos asumen una proporción más elevada de alumnado vulnerable que los concertados, una distribución que concentra las necesidades sociales en determinadas escuelas. Señalan la zona escolar única, especialmente en Palma, y el criterio del antiguo alumno como factores que pueden favorecer a las familias con más recursos y perpetuar las diferencias entre centros. También cuestionan que algunos concertados no respeten la reserva de plazas para alumnos de incorporación tardía.

El CEIP Escola Graduada y el colegio Sant Francesc, en Palma, son dos ejemplos de realidades muy diferentes separadas por menos de dos minutos a pie. El centro público atiende una proporción elevada (casi total) de alumnado con necesidades sociales y educativas, mientras que el perfil del alumnado del concertado es más favorecido. Para los representantes de los docentes esta distancia evidencia que la igualdad de oportunidades no se garantiza solo ofreciendo plazas escolares: también hay que distribuir de manera justa las responsabilidades y los recursos. Ahora, en Palma no es así porque las concertadas se oponen a ello.

La crítica se extiende a la expansión de la concertada. Los representantes sindicales consideran que esta red se ha beneficiado de un incremento muy importante de las dotaciones económicas y de personal, mientras que la pública continúa asumiendo una parte desproporcionada de las necesidades más complejas. También cuestionan la concertación de miles de plazas de cero a tres años, que, según alertan, refuerza un modelo en el que las patronales pueden acompañar a las familias desde la escolarización temprana hasta el Bachillerato. La discusión, por tanto, no es solo cuántos recursos recibe el sistema, sino cómo se reparten y qué modelo educativo se prioriza.

Defender el catalán sin suficientes herramientas

La lengua catalana es otra de las preocupaciones compartidas. Los sindicatos denuncian que hay centros que no cumplen el decreto de mínimos y consideran que la normativa ha quedado obsoleta. Defienden una escuela pública en catalán, pero advierten de que la integración lingüística es especialmente difícil cuando llegan alumnos que no conocen la lengua y se incorporan a grupos donde tampoco hay otros niños que la hablen.

La responsabilidad de integrarlos recae en buena parte sobre los docentes, que deben garantizar el aprendizaje del catalán, a la vez que atienden las necesidades sociales y curriculares de cada alumno. Así, la defensa de la lengua topa con una realidad material: sin profesorado, recursos de acogida y financiación, la integración lingüística queda en manos de los centros y de sus docentes.

En esta campaña, Vox ha rebajado el protagonismo que el debate sobre el catalán había tenido en otras contiendas, un hecho que ha precipitado que el resto de partidos no hablen de ello de manera directa. Fuentes próximas al partido apuntan que esta menor insistencia podría responder al interés por no perjudicar su estrategia electoral en Cataluña ante Alianza Catalana. Esta menor presencia en el discurso electoral no tapa la realidad cotidiana de los centros baleares, donde la integración lingüística sigue siendo un reto que requiere recursos y planificación. La situación es de emergencia lingüística. La escuela es el último bastión de la lengua, lo admite el consejero de Educación, Antoni Vera, a pesar de que las medidas que ha tomado van en la dirección contraria. Pero este bastión se tambalea con fuerza.

Malestar contenido

Las infraestructuras son otra muestra de la distancia entre los anuncios y las necesidades. El Gobierno presentó en 2024 un plan de cerca de 600 millones de euros para impulsar 300 actuaciones durante una década. La Consejería aclaró, sin embargo, que esto no implicaba que todas las obras estuvieran terminadas en diez años, sino que los proyectos se tendrían que ir iniciando. Mientras tanto, la climatización sigue siendo un problema: en el IES Can Peu Blanc se registraron 34,7 grados dentro de las aulas y en el IES Berenguer d'Anoia las familias aportaron 20 ventiladores. En algunos centros, docentes y familias acaban asumiendo gastos que deberían tener respuesta institucional.

Los sindicatos también reconocen que no han conseguido movilizar lo suficiente al profesorado para convocar una huelga. Consideran que el colectivo no está lo suficientemente activado y algunos hacen autocrítica por no haber sabido transformar el malestar en movilización, a pesar de los momentos de tensión. También señalan que el consejero de Educación, Antoni Vera, ha conseguido contener parte del descontento con incrementos salariales, nuevos complementos y medidas como la incorporación de psicólogos educativos a los centros. A pesar de valorarlo, consideran insuficiente el refuerzo del personal de apoyo. Los salarios, a pesar de situarse entre los más altos del Estado, tampoco compensan el coste de vida de las Islas.

Las elecciones sindicales del 2 de diciembre medirán el apoyo de los docentes a las diferentes organizaciones. Pero el problema que describen no se resuelve con una disputa entre siglas. La escuela pública asume cada vez más funciones: enseña, acoge, integra e intenta compensar desigualdades que nacen fuera de las aulas. Lo hace, demasiadas veces, con ratios elevadas, falta de personal e infraestructuras insuficientes.

Esta es la realidad que queda fuera de la campaña del 29-N. Mientras los partidos debaten sobre leyes y modelos en términos generales, los centros deben resolver cada día las consecuencias de déficits estructurales y de una distribución desigual de los recursos. La educación puede no dar rédito electoral inmediato, pero su deterioro tiene consecuencias que no desaparecen cuando se acaba la campaña. Ya no depende de si la educación es competencia autonómica o estatal, porque la inversión en educación es pasado, presente y futuro.

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