Vera y el arte de desactivar conflictos educativos con dinero

PalmaLa política de repartir recursos a todos que ha aplicado la Conselleria de Educación desde el inicio de la legislatura ha ido apagando, poco a poco, cualquier chispa de movilización en defensa de la escuela pública y en catalán, como también la denuncia de la derivación masiva de recursos hacia la concertada, en un momento en que la pública necesita oxígeno con urgencia. El contraste con lo que pasa al otro lado del mar es difícil de ignorar: en Cataluña y en el País Valenciano, realidades educativas similares han encendido movilizaciones contundentes y huelgas que han sacudido a los respectivos gobiernos. En las Baleares, en cambio, la tensión se ha ido disolviendo sin estrépito, como si se hubiera evaporado antes de convertirse en conflicto. Es cierto que los docentes isleños, al menos antes de que se concreten las mejoras pactadas o pendientes, cobran más que sus homólogos valencianos y catalanes. Pero el dinero, a menudo, no explica lo que pasa en las aulas.

En conversaciones privadas, el diagnóstico es recurrente e incómodo: “Deberíamos movilizarnos, están desmontando la escuela pública y favoreciendo la concertada”. La frase circula con insistencia, pero casi nunca cruza el umbral de la acción. Y así, mientras el malestar queda a medio camino, el sistema se va reconfigurando en silencio.

Desde el cambio de gobierno en 2023, la concertada ha ido ganando terreno a la pública. En paralelo, la educación 0-3 se ha ido concertando de manera progresiva, en un escenario que muchas familias viven con pragmatismo: más plazas, menos coste, decisiones inmediatas. La Consejería insiste en que también apuesta por la 0-3 pública, pero el consejero Antoni Vera dejaba una frase que lo puede condicionar todo: “No construiremos plazas públicas allí donde las haya concertadas”. Muy poco sutil fue.

Incluso decisiones concretas, como el cierre del IES Politècnic mientras se amplían dispositivos concertados, han alimentado una sensación difícil de borrar: que el sistema se mueve, pero no en la dirección que se anuncia. También lo sugiere la llegada de proyectos universitarios privados como el del CEU Beato Luis Belda, que han hecho que, por primera vez, la UIB tenga una competencia real que la obliga a defender su espacio.

Y, sin embargo, el gran vencedor político de esta etapa parece que es el mismo conseller Vera. La legislatura arrancó con tensión, con el recuerdo aún reciente de una etapa de confrontación abierta y con la campaña ‘La lengua no se toca’ que marcaba el pulso a los centros. Pero aquella intensidad inicial se ha ido disolviendo hasta desaparecer casi del todo.

Han ayudado las medidas concretes: el incremento del complemento de tutoría, los pluses para plazas de difícil cobertura, la mejora de la compensación por hacer escuela matinal, la incorporación de psicólogos educativos (con un peso que inclina la balanza hacia la concertada), la buena sintonía (al menos aparente) con la UIB y un plan de climatización que aún es más promesa que realidad. Todo ello dibuja una política de grandes anuncios y despliegues lentos, algunos de los cuales difícilmente llegarán a ver la luz dentro de esta legislatura, ni siquiera en la siguiente, como el ambicioso plan de infraestructuras a diez años vista y los 600 millones de euros previstos.

Mientras tanto, los problemas estructurales continúan intactos: aulas masificadas, docentes al límite, centros que acumulan años de falta de inversión y edificios que ya no aguantan el paso del tiempo ni la temperatura. Y un sistema de comedores escolares dominado, de momento, por una empresa marcada por mala práctica y situaciones de riesgo.

Y así, el curso acaba como empezó: con una calma aparente que no es paz, sino suspens. Una quietud densa, casi incómoda, como si todo se hubiera detenido justo antes de implosionar. Una tempestad que no estalla, pero tampoco desaparece. Y que, de momento, solo descarga al otro lado del mar, en los territorios hermanos de los Países Catalanes.u