Fulgencio Coll (padre), el hombre que votó no

PalmaFue el único procurador de las Baleares en las Cortes franquistas que votó en contra de la Ley de reforma política, la norma que abría el camino hacia la democracia. Fulgencio Coll de San Simón –padre del actual concejal de Vox de Palma Fulgencio Coll Bucher–, también era militar, y fue gobernador civil de Vizcaya y presidente de la Diputación de las Islas. Recuperamos su figura cuando se cumple medio siglo de aquella votación, el 18 de noviembre de 1976, en la que las últimas Cortes de la dictadura se hicieron el harakiri y liquidaron el régimen de Franco.

Los Coll vienen de una destacada familia de políticos, jueces y militares. Apunta Miquel Payeras que dos Coll, Gaspar y Joan, fueron alcaldes de Palma. Fulgencio padre nació en Palma el 26 de mayo de 1907, estudió en la Academia de Infantería de Toledo y fue destinado a Marruecos, entonces colonia hispanofrancesa bajo el eufemismo de ‘protectorado’.

Al producirse el golpe de estado de julio de 1936, Coll no estaba en Mallorca, pero sí que estaba su padre, Joan Coll Fuster, que había dejado el ejército en virtud de la ley Azaña, que permitía a los oficiales retirarse con el sueldo íntegro, y otro hijo de este, Jordi. Ambos se sumaron a la revuelta. Por aquella adhesión de primera hora, Joan Coll Fuster se convertiría en alcalde de Palma en 1945; en 1954 recibiría la Medalla de Oro de la Ciudad.

El joven Fulgencio combatió en el bando franquista y resultó gravemente herido en la mítica batalla de Guadalajara. Tras la Guerra Civil, pasó por el habitual baile de destinos: Menorca, Mallorca, Jerez y otra vez Menorca, esta vez como gobernador militar. En 1966 ascendió a general. Entretanto, había escalado posiciones dentro de la infraestructura del régimen: consejero y delegado provincial de la rama juvenil, el Frente de Juventudes, y subjefe provincial del Movimiento.

Coll de San Simón era –señala Gregorio Morán– “un individuo salido de otro siglo”. De fidelidad pétrea al régimen, por supuesto, y con una sólida cultura, políglota, suscriptor del Geographic Magazine y casado con una ciudadana suiza. El despacho de comandante lo obtuvo en Fort Benning, en los Estados Unidos.

Era 1968 cuando fue designado gobernador civil de Vizcaya, entonces el territorio más problemático de todo el Estado: la organización Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad), ETA, había iniciado las acciones violentas. No se trataba tanto de ejercer de virrey como de correa de transmisión con el gobierno del Estado de todo lo que estaba ocurriendo.

Según Morán, el gobernador general recibió el apodo de don Fulgencio Coll de San Simón y San Exupéry y de los Grandes Expresos, por la “prosapia y soberbia” que le eran propias. Su nombramiento respondía, probablemente, al deseo de apaciguar los ánimos de los ‘neguríticos’, es decir, las grandes familias empresariales, inquietas por la reaparición de la violencia política. “Aquel señor de Mallorca”, de ilustre familia, lo veían como uno de los suyos. El 19 de junio de 1970 presidía el habitual desfile conmemorativo de la ‘liberación’ de Bilbao, es decir, la toma por las tropas franquistas, acompañado por la plana mayor de la oligarquía vizcaína.

En 1974 le llegó el cese, tras cumplir con la tarea que se le había encomendado: ejercer la represión, observar la situación para informar a Madrid y mantener buenas relaciones. El día que embarcó en el aeropuerto vizcaíno no acudió nadie a decirle adiós.

Presidente de la Diputación

El relevo se produjo cuando –¡justamente!– se tenía que designar un nuevo presidente para la Diputación Provincial de las Baleares, en sustitución de Josep Alcover –sí, aquel que había ofrecido humildemente el palacio de Marivent, que debía ser un museo, al entonces príncipe Juan Carlos. Así que su nombre enseguida sonó. Juró el cargo de rodillas, como era la costumbre entonces, ante el gobernador civil del momento, otro militar: Carlos de Meer, un notorio integrante del sector más inmovilista del régimen, del que pronto se diría ‘el búnker’, y Coll se convertía en un valioso aliado.

Tenía que elegirse, también, el nombre del procurador –equivalente a los diputados actuales– en las Cortes franquistas, en representación de la entidad provincial. Y solo había un candidato: el mismo Coll de San Simón. Fue elegido por unanimidad casi total, solo con un voto en blanco.

Fue en aquella etapa que se planteó –una vez más– un régimen especial para las Baleares, para compensar la insularidad. Pese al férreo centralismo de la época, no era ninguna cosa extraña: las Canarias ya disponían de los cabildos –el equivalente a los consejos– desde 1912, y Álava y Navarra con un concierto económico, es decir, hacienda propia. Aquello a Coll no le terminaba de convencer: enseguida puntualizó que se trataba de “desconcentrar”, no de “descentralizar”.

Hasta entonces había sido vicepresidente y presidente interino de la Diputación Jaume Binimelis, falangista y ‘joseantoniano’, pero alejado del inmovilismo bunkariano. Entre Coll y Binimelis se desató una rivalidad más que notable, hasta llegar al cese fulminante del vicepresidente, quien se despachó a gusto en unas declaraciones a Diario de Mallorca, en las cuales, curiosamente, aun manteniendo sus ideales, apostaba por un sistema democrático.

Un poco más tarde, en enero de 1976 cayó el mismo De Meer: Coll fue uno de los fieles que asistió a su cena de despedida. Con un nuevo gobernador, Ramiro Pérez Maura, y con el Ayuntamiento de Palma en manos de los reformistas, con Paulí Buchens como alcalde, la Diputación se convirtió en el último baluarte del ‘búnker’. El general consiguió ser reelegido al frente de la entidad provincial, pero la unanimidad comenzaba a deshacerse: 8 votos, de los 15 emitidos.

Sonaban cantos de sirena reformistas y Coll puntualizaba que en ningún caso se debían imitar, en el Estado, “instituciones de otros países cuyo temperamento es mucho más colectivista”; para él, el talante español era individualista, necesitado de “autodominio y autodisciplina”. Fulgencio Coll fue uno de los procuradores que se opuso a la despenalización –aunque fuera parcial– de los partidos políticos, entonces todavía ilegales.

El harakiri de las Cortes

Pero la Transición continuó, imparable, sobre todo al acceder a la presidencia del gobierno central aquel desconocido que se llamaba Adolfo Suárez. La oposición democrática, ilegal, no terminaba de fiarse de aquel falangista que afirmó aquello de “elevar a la categoría de normal lo que en el ámbito de la calle es plenamente normal”: querían ruptura, no reforma. Como diría más tarde Josep Maria Llompart: “No es por eso por lo que luchamos, pero lo tenemos que aprovechar”.

Y llegó la hora de la verdad: hace ahora medio siglo las últimas Cortes franquistas tuvieron que pronunciarse sobre el proyecto gubernamental de Ley de reforma política, que consagraba su sustitución por los futuros Congreso y Senado, elegidos democráticamente. Significaba, de hecho, la liquidación del franquismo.

Otro procurador mallorquín de aquellas Cortes, pero de posición política opuesta, Josep Melià, expresaba la confianza en que aquello saldría adelante, porque, como declaraba en Diario de Mallorca, “las Cortes son una máquina de aprobar cosas y oponerse equivale a ir contra su naturaleza”. Siempre habían dicho “amén”, y no era previsible que cambiaran la tendencia. Un Primo de Rivera, Miguel, sobrino del fundador de la Falange, se hizo cargo de defender la propuesta: él era, decía, joseantoniano y franquista. Pero, muerto Franco, se debía “sustituir por la voluntad de los españoles”.

Solo faltaban dos días para el primer aniversario de la muerte del dictador cuando, el 18 de noviembre de 1976, se llevó a cabo la votación. Se debía aprobar por dos tercios de la Cámara y, tal como había pronosticado Melià, las Cortes del régimen aceptaron disciplinadamente su desaparición: el harakiri o suicidio ritual, como se calificó. El proyecto recibió 425 votos a favor, 13 abstenciones y solo 59 en contra. Uno de ellos, el de Coll. Era el único de los cinco procuradores de las Baleares, entre los cuales, Melià y Buchens, que había votado en contra.

Fulgencio Coll declaró a Última Hora haber votado ‘no’ “por principios morales”. Aquel proyecto se había tramitado por vía de urgencia, cuando “debía haber seguido el procedimiento normal”. En él reconocía que “el pueblo español ha adquirido suficiente madurez para utilizar su derecho a la libre determinación”. Y añadía: “Pero yo he actuado en conciencia e incluso la constitución republicana respeta los dictados de la conciencia”. No deja de ser curioso que un defensor del franquismo tomara como referente la legalidad que el franquismo se había cargado.

La Diputación que presidía Coll también se pronunció en contra, solo unos días más tarde de remitir un telegrama al presidente Suárez para expresarle la enhorabuena por la aprobación de la reforma política. Eso sí, con un resultado muy ajustado, de ocho votos contra seis. Los tiempos estaban cambiando.

Se rumoreó –añade Payeras–, que se presentaría a los comicios de junio siguiente. Pero no. Coll de San Simón dimitió como presidente, y dio el relevo a Gabriel Sampol, que sería el último de la Diputación, ya que desaparecería para dar paso a los consejos insulares. Murió en Palma en 1978. Era, ciertamente, un hombre de otra época, y aquella etapa se había cerrado.

Información elaborada a partir de textos de Miquel Payeras Femenias, Joan Mas Quetglas, Gregorio Morán, Antoni Ignasi Alomar i Canyelles, la Gran Enciclopedia de Mallorca, el volumen Memòria viva, los diarios Última Hora y Diario de Mallorca y la revista El Temps.