La Sindicatura de Cuentas saca los colores a los ayuntamientos: la mayoría no controla como es debido los gastos
Ningún ayuntamiento de Menorca tiene un interventor con plaza en propiedad y todos son interinos
PalmaLa Sindicatura de Cuentas ha detectado deficiencias generalizadas en los mecanismos de control interno de los ayuntamientos de Mallorca, Menorca y Ibiza. El informe del ejercicio 2024 que ha publicado recientemente concluye que una parte importante de los consistorios incumplen obligaciones básicas de “fiscalización económica, auditoría pública y supervisión financiera”. Entre los principales reproches está el control de los gastos, ya que no se cumple la normativa en la mayoría de los casos. De hecho, los interventores municipales admiten que no disponen de recursos humanos suficientes para ejercer adecuadamente estas funciones.
La revisión no detecta casos concretos de corrupción ni desvíos de fondos, pero sí un problema estructural de control administrativo. La Sindicatura alerta que muchos ayuntamientos funcionan con mecanismos de supervisión insuficientes para garantizar un seguimiento riguroso de millones de euros de gasto público.
El organismo fiscalizador recuerda que la normativa obliga a los ayuntamientos a garantizar un “control efectivo 100% del presupuesto general consolidado” mediante la función interventora, el control financiero y las auditorías públicas. Y el informe concluye que buena parte de los consistorios no cumplen estas exigencias.
Una de las cuestiones más relevantes afecta a la fiscalización previa. Este mecanismo implica que los interventores municipales revisen expedientes de gasto antes de que el ayuntamiento apruebe pagos, contratos y subvenciones, para comprobar si cumplen la legalidad presupuestaria y administrativa. Para reducir carga burocrática, muchos consistorios aprovechan que la normativa permite sustituir esta fiscalización completa por un sistema simplificado llamado “fiscalización limitada de requisitos básicos”, que solo verifica algunos aspectos mínimos antes de tramitar el gasto. La normativa obliga a controles posteriores para revisar con profundidad si los expedientes eran correctos, pero la Sindicatura detecta que muchos municipios no los realizan.
Verificaciones mínimas
Los ayuntamientos de Artà, Capdepera, Consell, Manacor, Marratxí, Pollença, sa Pobla, ses Salines, Sóller, Son Servera y Valldemossa no realizan un control permanente sobre los gastos sometidos a fiscalización limitada. Esto significa que numerosos gastos municipales solo se verifican mínimamente, sin que después se revise de manera exhaustiva si los expedientes cumplen todos los requisitos legales.
La situación también afecta a los ingresos municipales. Palma, Alcúdia, Algaida, Artà, Bunyola, Capdepera, Felanitx, Manacor, Marratxí, Pollença, Porreres, sa Pobla, Santa Maria del Camí, Sóller, Son Servera y Valldemossa no realizan controles posteriores sobre impuestos, tasas y otros ingresos públicos después de haber sustituido la fiscalización previa por simples anotaciones contables. En la práctica, esto implica que muchos ayuntamientos renuncian a verificar de manera sistemática si determinados ingresos municipales se han liquidado y cobrado correctamente.
No remiten información al Estado
La Sindicatura considera especialmente preocupante que muchos ayuntamientos ni siquiera elaboren el informe resumen anual de control interno –obligatorio por ley y clave para supervisar el funcionamiento financiero municipal– ni lo remitan al Estado. Entre los ayuntamientos que no lo han elaborado o no lo han enviado a la Intervención General del Estado figuran Alaró, Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Llubí, Mancor de la Vall, Marratxí, Montuïri, Muro, Petra, Sant Joan, Santa Eugènia, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller y Vilafranca de Bonany.
En algunos casos, las carencias afectan a las auditorías públicas obligatorias. Andratx, Binissalem, Capdepera, Muro, Petra, Porreres, sa Pobla, Santa Maria del Camí, Valldemossa y Vilafranca de Bonany tienen entidades públicas dependientes, pero no hacen las auditorías exigidas por la normativa, según constata la Sindicatura.
Otros consistorios aseguran que han hecho auditorías, pero no las remiten oficialmente al Portal de Rendición de Cuentas, cosa que impide que queden integradas en el registro estatal correspondiente. Es el caso de Manacor, Marratxí, Pollença y Sóller. En Ibiza hay incidencias similares en los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni de Portmany.
El informe también detecta irregularidades en el uso del régimen simplificado de control interno, un sistema reservado a municipios pequeños con presupuestos reducidos. Sant Llorenç del Cardassar y ses Salines (Mallorca), es Castell (Menorca), y Santa Eulària des Riu (Eivissa) se han acogido a este modelo simplificado, a pesar de superar el límite de población o presupuesto de la normativa.
La situación de Menorca es muy preocupante
La situación de Menorca es una de las que más preocupa a la Sindicatura. Ninguno de los ocho municipios menorquines tiene la plaza de interventor ocupada por funcionarios con habilitación estatal, que son los perfiles específicamente formados para ejercer las funciones de fiscalización. Además, el 100% de los ayuntamientos de la isla reconoce que no dispone de recursos humanos suficientes para cumplir las exigencias legales en materia de control interno.
La situación es muy similar en Eivissa. Ninguno de los cinco municipios tiene interventores con habilitación nacional y todos aseguran que no tienen medios suficientes para ejercer adecuadamente las funciones de control financiero y presupuestario. La Sindicatura identifica como problema estructural la insuficiencia de personal en los órganos de intervención municipal. De hecho, los interventores han advertido formalmente a los equipos de gobierno de la falta de recursos humanos para llevar a cabo las tareas de control que exige la normativa.
El informe apunta indirectamente a los responsables políticos municipales. La Sindicatura recuerda que los equipos de gobierno tienen la obligación legal de dotar a los órganos de intervención de los recursos necesarios para garantizar un control efectivo de los presupuestos públicos. Por ello, el organismo reclama reforzar urgentemente los servicios de intervención, aumentar los recursos humanos especializados, ejecutar las auditorías obligatorias y garantizar que los consistorios ejerzan un control real sobre los presupuestos municipales.
