Los docentes serán autoridad pública: agredirles tendrá consecuencias más graves
El nuevo decreto actualizará la normativa de convivencia escolar y reforzará el respeto a la función docente en los centros sostenidos con fondos públicos
PalmaLa Consejería de Educación prepara un nuevo decreto con el que quiere reforzar de manera significativa la autoridad del profesorado y de los equipos directivos de los centros educativos. El texto normativo, que se está empezando a diseñar, incluirá el reconocimiento institucional del personal docente como autoridad pública, una medida que el Gobierno considera clave para mejorar la convivencia en los centros. Un funcionario con autoridad pública es aquel empleado que, por razón de su cargo, tiene reconocido legalmente un poder de decisión, mando o jurisdicción propia. Este estatus otorga una protección jurídica superior a sus actos e implica una mayor responsabilidad ante la ley.
Esto significa que su palabra tiene validez probatoria preferente ante los tribunales o en procedimientos administrativos. Atentar, desobedecer, amenazar o agredir a una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones se castiga con penas mucho más duras que si se tratara de un ciudadano cualquiera. Y todo en un contexto en que las agresiones a docentes se multiplican sin tregua.
El consejero de Educación, Antoni Vera, ha trasladado esta iniciativa a los directores de Institutos de Educación Secundaria (IES), Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) y centros de enseñanzas artísticas de Mallorca, en un encuentro de coordinación con la comunidad educativa.
Según ha informado la Consejería, el futuro decreto actualizará la normativa vigente –en vigor desde 2010– que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos. El objetivo es adaptar el marco legal a las necesidades actuales del sistema educativo y reforzar tanto el respeto a la tarea docente como la seguridad y el buen clima escolar.
El nuevo texto también pretende concretar mejor los derechos y obligaciones de familias y estudiantes, además de establecer herramientas más eficientes para la gestión de los conflictos y la disciplina dentro de los centros. Se considera que el reconocimiento del profesorado como autoridad pública es “fundamental” para garantizar un entorno de confianza y respeto. Para la elaboración del decreto se creará un grupo de trabajo con expertos y representantes de la comunidad educativa, con la voluntad de incorporar diferentes puntos de vista en el proceso normativo.
Cierre del curso actual, y el horizonte en el que viene
Durante la reunión, Vera también ha expuesto otras líneas de trabajo de la Conselleria, como las próximas ayudas de comedor y alimentación para el próximo curso y las mejoras previstas en el transporte escolar, que incluirán nuevas rutas para facilitar el acceso del alumnado de FP a los centros. Se han avanzado cambios, como nuevas órdenes para FP, el desarrollo de la normativa de oferta y admisión de alumnos y la elaboración de nuevos decretos curriculares. También se han presentado iniciativas como un programa de excelencia en Bachillerato, el refuerzo de competencias básicas –especialmente en Matemáticas y Comprensión Lectora– y medidas de bienestar emocional y convivencia escolar.
La Conselleria ha destacado el impulso de los programas de innovación, inclusión y participación educativa, además de proyectos vinculados a la cultura, la coeducación y la atención a la diversidad. Finalmente, también se ha tratado el calendario del proceso de adjudicación de plazas docentes de verano, que se desarrollará de manera escalonada entre finales de junio y finales de julio para garantizar la cobertura de todas las vacantes antes del inicio del curso escolar. La reunión forma parte de una ronda de encuentros que esta semana continuará con directores de centros de Menorca y Eivissa, con el objetivo de reforzar la coordinación y planificar el próximo curso con todas las garantías.