La sanidad privada ya concentra el 9,3% del presupuesto sanitario de las Baleares

PalmaLa sanidad privada ya concentra el 9,3% del presupuesto sanitario público de las Baleares, según el análisis de las cuentas autonómicas que ha hecho la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de las Islas Baleares (Adspib). Esta cifra sitúa el peso de las externalizaciones por encima del 5,2% que recoge la estadística oficial del Ministerio de Sanidad para los conciertos del año 2024, porque el cálculo de la asociación incorpora otras partidas de asistencia sanitaria con medios ajenos. Los datos forman parte del duodécimo informe sobre la privatización sanitaria de las comunidades autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El estudio sitúa a las Baleares entre los territorios con mayor privatización sanitaria, con 28 puntos en el índice, datos similares a los de Cataluña y Madrid.

El informe destaca que las Baleares sobresalen en seis de los diez indicadores analizados, en los que se sitúan por encima del percentil 75 del conjunto de comunidades autónomas. Entre los datos que aparecen ahí están los 304 euros anuales por habitante de gasto en seguros privados y los 516,85 euros de gasto sanitario directo de las familias. Además, el 35% de las camas hospitalarias y el 33% del equipamiento de alta tecnología están en centros privados. Un 2,8% de los funcionarios adscritos a MUFACE eligen seguros privados.

Para Kiko Puigventós, miembro de la junta de la Adspib y coordinador del informe sobre la privatización en las Baleares, estas cifras reflejan un modelo que favorece al sector privado mientras la sanidad pública continúa sufriendo dificultades para dar respuesta a las necesidades asistenciales. "El sistema está montado para que la privada gane beneficios y la pública se debilite", denuncia. Según los datos expuestos por la asociación, el presupuesto de 2026 destinado a la asistencia sanitaria con medios ajenos llega a los 228,4 millones de euros. La entidad también señala que, entre el 2010 y el 2026, el gasto destinado a conciertos ha aumentado un 165%, mientras que el presupuesto sanitario global lo ha hecho un 46%.

Más de 113.000 personas esperan una consulta o una operación

La Adspib vincula la expansión de la sanidad privada con las dificultades de acceso al sistema público y denuncia que las derivaciones a proveedores externos no han resuelto el problema de las listas de espera. Según los datos que maneja la asociación, más de 113.000 personas esperan una consulta hospitalaria o una intervención quirúrgica. En concreto, 96.258 personas están pendientes de una consulta con un especialista, 9.263 más que en el recuento anterior, mientras que 17.611 esperan una operación, 2.258 más. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica ha pasado de 104 a 113 días, y el de las consultas con especialistas, de 63 a 67 días.

Las demoras también afectan a la atención primaria. Según los datos aportados por la asociación, el 78% de los pacientes esperan más de dos días para conseguir una cita presencial y el 44% esperan más de siete. "Cuando uno llega y tiene una demora de siete días para ver al médico, lo que hace es ir a urgencias para resolver el problema inmediato y, si no se puede resolver, se va a la privada", explica Puigventós. La asociación considera que las listas de espera son un problema estructural y cuestiona que los planes de choque aplicados hasta ahora hayan conseguido resolver las demoras. José Manuel Aranda, coordinador del informe estatal sobre privatización sanitaria, también alerta de que las dificultades de acceso a la asistencia pública pueden favorecer que las personas con más recursos acaben recurriendo a servicios privados. Por eso, defiende reforzar los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Otro de los puntos que cuestiona la asociación es la dificultad para conocer con detalle el destino de los recursos públicos que se derivan a empresas y centros privados. La Adspib asegura que ha pedido información sobre contratos, presupuestos y justificaciones de las externalizaciones, pero que no ha recibido todos los datos necesarios para analizarlas. La entidad reclama más transparencia en las cuentas de IB-Salut para poder evaluar qué servicios se externalizan, por qué motivos y con qué coste. También cuestiona un modelo en el que, según denuncia, la sanidad pública asume los procesos más complejos mientras que los proveedores privados pueden concentrarse en servicios de menor complejidad y más rentables.

Por eso, la asociación pide aumentar la inversión pública, reforzar los servicios propios y revertir las externalizaciones. Considera que las derivaciones al sector privado no pueden sustituir una política destinada a mejorar la capacidad asistencial de la sanidad pública. Miguel Reyero, miembro de la junta de la Adspib, defiende que la sanidad pública es una herramienta esencial para reducir las desigualdades sociales. "Defendemos la sanidad pública porque, en un mundo lleno de diferencias, es una herramienta que reparte igualdad", afirma. Reyero señala las políticas de privatización y las derivaciones de pacientes como dos de las principales amenazas para el sistema público. La asociación sostiene que el acceso a la asistencia no debería depender de la capacidad económica de cada persona y reclama que las administraciones prioricen el refuerzo de los servicios públicos.

La Adspib insiste en que, más allá de las movilizaciones puntuales, hay que abordar las causas de fondo de las demoras, mejorar las condiciones de los profesionales y garantizar que los recursos públicos sirvan para reforzar la capacidad asistencial del sistema. Para la entidad, el aumento de las externalizaciones y las dificultades para acceder a la asistencia obligan a revisar el modelo y a priorizar la sanidad pública como garantía de equidad.