Puente acusa a las Baleares de "hipocresía insoportable" por criticar la ampliación de los aeropuertos y no limitar las plazas

PalmaEl ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este lunes al Gobierno de Marga Prohens de una "hipocresía insoportable" por reclamar límites al crecimiento de los aeropuertos de las Baleares mientras, según denuncia, no reduce la oferta de alojamiento turístico. Las declaraciones llegan en medio de la fuerte contestación social que ha provocado el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza, impulsado por Aena, una empresa controlada en un 51% por el Estado a través de ENAIRE, entidad pública que depende precisamente del ministerio que dirige Puente.

La polémica tiene un epicentro claro: el aeropuerto del Codolar. El plan de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031 prevé destinar unos 230 millones de euros a la reforma de las instalaciones ibicencas, con la ampliación de la terminal y un incremento de las puertas de embarque, las cuales pasarían de las 17 actuales a 32. El proyecto ha despertado el rechazo de entidades ecologistas, colectivos juveniles y vecinales, así como de representantes institucionales y sectores económicos de la isla, que dan por hecho que las nuevas instalaciones facilitarán un aumento del tráfico aéreo y agravarán la saturación turística.

La oposición ha ido más allá de las declaraciones políticas. La Asociación de Jóvenes de Ibiza impulsó una movilización contra el proyecto, mientras que el GEN-GOB, Amigos de la Tierra y otras entidades han advertido de las consecuencias que podría tener sobre el territorio, los recursos hídricos y la presión inmobiliaria. Más de un centenar de personas también suscribieron una carta colectiva para expresar el rechazo a la ampliación. Incluso el presidente del Consell de Ibiza, el popular Vicent Marí, se ha posicionado contra una ampliación que considera desmesurada.

Aena, en cambio, defiende que las obras suponen una modernización necesaria para adaptar el aeropuerto a las nuevas exigencias de seguridad y a los controles fronterizos europeos. El gestor niega que el aumento de puertas de embarque implique necesariamente un incremento de pasajeros. Los colectivos contrarios al proyecto cuestionan esta explicación y alertan de que unas instalaciones más grandes pueden facilitar el futuro crecimiento de la actividad aeroportuaria.

Puente responsabiliza a la oferta de alojamiento

En este contexto, Puente ha defendido durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en Madrid, que el control de los flujos turísticos no se debe hacer limitando la capacidad de los aeropuertos, sino regulando la oferta de alojamiento en los destinos.

El ministro ha calificado de "hipocresía insoportable" la posición de administraciones como el Govern, a las que reprocha que no frenen las licencias de viviendas turísticas mientras exigen "estrangular" los aeropuertos. Según Puente, los aeropuertos son solo una infraestructura que permite llegar al destino, pero no determinan por sí mismos la demanda turística. "La gente no va a los aeropuertos, va a un apartamento, a la costa o a un hotel", ha afirmado. Por ello, ha defendido que, si se quiere reducir el número de visitantes, es sobre la oferta de alojamiento sobre la que se debería actuar.

"Aena no establece quién va a los aeropuertos, pero sí que los puede dimensionar de acuerdo con los viajeros que previsiblemente recibirán", ha argumentado el titular de Transportes. Puente también ha apelado al marco regulador europeo, que establece las condiciones de acceso de las compañías aéreas a los aeropuertos y la asignación de franjas horarias. Según el ministro, el gestor aeroportuario no puede impedir arbitrariamente operaciones si existe capacidad disponible.

Otro de sus argumentos es que la misma cantidad de plazas turísticas puede generar más pasajeros si las estancias se acortan. Puente ha puesto como ejemplo un apartamento en Alcúdia que antes alojaba a dos visitantes durante 15 días cada uno y que ahora puede recibir a cuatro turistas con estancias semanales. La capacidad de alojamiento se mantiene, pero aumenta el número de personas que pasan por el aeropuerto.

Con esta explicación, el ministro sostiene que mantener intacta la oferta turística, especialmente en un contexto de rotación más elevada de los visitantes, dificulta contener el crecimiento del tráfico aéreo.

Bauzà: "Puede decir misa"

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha replicado que Puente "puede decir misa", porque las plazas turísticas de las Baleares "están limitadas". Bauzà ha defendido así las medidas de contención adoptadas por el Ejecutivo y ha reclamado al ministro que las instituciones baleares tengan "voz y voto" dentro de Aena para poder participar en las decisiones que afectan a los aeropuertos de las Islas. La respuesta del consejero pone nuevamente sobre la mesa una de las principales reivindicaciones institucionales del Gobierno: que las Baleares puedan intervenir en la planificación de unas infraestructuras que condicionan directamente la llegada de visitantes, pero sobre las cuales no tienen capacidad de decisión equivalente a la del Estado.

Ahora bien, limitar la creación de plazas turísticas nuevas no significa necesariamente reducir las que ya existen. Esta es una de las cuestiones de fondo del enfrentamiento: mientras Puente reclama actuar sobre la capacidad de alojamiento, el Gobierno defiende contener su crecimiento sin apostar por una reducción generalizada de la oferta legal.

Aena, una empresa bajo control estatal

Las críticas de Puente contrastan con el papel que ejerce el mismo gobierno español en la planificación aeroportuaria. Aena no es una empresa ajena al Estado: el 51% de su capital pertenece a ENAIRE, una entidad pública que depende del Ministerio de Transportes, mientras que el 49% restante es capital privado que cotiza en bolsa.

Además, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que establece las inversiones previstas para el periodo 2027-2031. Es en este marco en el que se inscribe la reforma del aeropuerto de Ibiza, rechazada por una parte importante de la sociedad de la isla. Por tanto, aunque Puente defienda que Aena debe responder a la demanda existente y respetar las reglas europeas, la planificación de las infraestructuras y las inversiones que pueden condicionar su capacidad futura también forman parte de las decisiones públicas en las cuales participa el gobierno central.

La discrepancia ya había provocado un enfrentamiento entre las dos administraciones. El Govern publicó una carta remitida a Aena en la que aseguraba que sus peticiones de inversión se referían a mejoras de movilidad, accesibilidad, tecnología, sostenibilidad y confort de los usuarios, pero no a incrementos de pasajeros. El ejecutivo autonómico rechazó que se vinculasen sus demandas a los planes de ampliación aeroportuaria.