El punto de antiguo alumno entiende de linajes: “Queríamos captar a gente autóctona”

PalmaEl punto por ser hijo de antiguo alumno, que el Gobierno ha introducido este curso en los centros educativos, es un criterio opcional de admisión. Desde el momento de la propuesta, ya se advirtió de que beneficiaba sobre todo a la escuela concertada. Y así ha sido: más del 80% de los centros de Mallorca, el 71,4% de los de Menorca y todos los de Eivissa lo han adoptado. Este criterio no tiene en cuenta ninguna circunstancia que afecte al alumno y premia sólo que los padres estudiaran en el mismo centro. Al pasar por el Consell Consultiu, aunque lo validó, dos consejeras emitieron un voto particular en contra.

Algunos centros públicos también lo han incorporado: casi el 35% de las escuelas y siete de los 52 institutos de Mallorca; en Menorca, el 9,5% de los CEIP y el 28,75% de los institutos; y en Ibiza, el 29% de las escuelas. En total, se han beneficiado 1.038 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. La Consejería no facilita datos por etapas, pero las proporciones son importantes. No es lo mismo dividir el total de beneficiados entre los más de 160.000 alumnos que cursan estas etapas, que entre los cerca de 8.000 que hacen 4º de Infantil, nivel que concentra buena parte de las peticiones de plaza.

El 59% de los que han recibido el punto han entrado en centros concertados y el resto, en públicos. Este punto es el máximo dentro de los criterios opcionales, aunque algunos centros han otorgado menos y han repartido el margen restante entre los otros dos criterios voluntarios. Una parte de la comunidad educativa considera este punto discriminatorio y segregacionista, ya que deja fuera a los alumnos recién llegados. Ante esto, la pregunta es inevitable: ¿por qué hay centros que la han adoptado?

"Queríamos captar a gente autóctona y mirar que la vulnerabilidad se reparta entre todos los institutos de la zona", explica Josep Fillol, director del IES Ramon Llull. El impacto ha sido limitado porque el centro tiene cuatro escuelas adscritas y los primeros cursos de ESO ya se llenan con este alumnado. Fillol recuerda que la decisión no corresponde a la dirección sino al Consejo Escolar, con representación de las familias. "Nosotros expusimos la situación, los padres estuvieron de acuerdo y los profesores también", afirma.

Varios centros consultados coinciden en que la voluntad de las familias del centro es determinante. A menudo han sido ellas quienes han reivindicado el criterio, por convicción o intereses particulares, como tener algún familiar o conocido que tenga que matricularse próximamente. El director de una escuela de Mallorca que ha aplicado el punto critica su contradicción social: "Tenemos muchos padres progresistas, contrarios al racismo, al clasismo… Ahora bien, quieren el punto porque desean que sus hijos vayan a clase con gente del pueblo de toda la vida", dice.

Sa Pobla dispone de un acuerdo de redistribución equilibrada del alumnado vulnerable, que permite composiciones similares entre centros públicos y concertados. Sin embargo, tres centros han incorporado el criterio: el CEIP Sa Graduada, el CEIP Vialfàs y el CC San Francisco de Asís. "Todo debe revisarse y repartirse, pero si los alumnos que te piden plaza no tienen problemas de lengua y entran como ordinarios, ya los tienes dentro", explica Miquel Àngel Pons, director del CEIP Vialfàs, que admite que el criterio de antiguo alumno "es injusto". "Si nos dan la opción, se corre el riesgo de que el Consejo Escolar lo apruebe. Entiendo que la gente se enfade, pero todo el sistema de puntuación es injusto. Si eres del pueblo y tienes poca renta, entras seguro", afirma.

Pons alerta de que no todas las familias declaran todos los ingresos, lo que permite que algunas reciban puntuación por renta baja sin necesidad de necesidad. "No tiene sentido que los hijos de los docentes del instituto reciban 2,5 puntos por ir a cualquier escuela del municipio", añade.

En Maó, los tres institutos –Joan Ramis y Ramis, Pasqual Calbó y Cap de Llevant– han gestionado el punto de forma diferente: los dos primeros lo han concedido y el tercero, no. Según una fuente conocedora de la realidad de la escolarización del municipio, tradicionalmente, Cap de Llevant y Joan Ramis tenían demandas similares, con oscilaciones anuales. Este año, Joan Ramis ha subido, impulsado por el efecto llamada del punto. "Joan Ramis es un centro con mucha historia y siempre que se ha permitido, de repente ha puesto este criterio", explica.

El Pasqual Calbó, con menos demanda, ha utilizado el punto "quizás como estrategia de publicidad para atraer a menorquines arraigados". De momento, el impacto real es limitado: familias que habían pedido a Joan Ramis en primera opción y no han entrado han acabado en el Cap de Llevant o en el Pasqual Calbó.

El CEIP Castell de Santa Àgueda, una de las dos escuelas de Ferreries, ha otorgado un punto, mientras que la concertada no lo ha hecho. La directora, Xisca Allès, considera que es un criterio discriminatorio y conservador, pero explica que es un criterio que históricamente el centro ha aplicado siempre que ha sido posible. Los efectos no han sido los esperados. "Ha quedado fuera a gente que tenía el punto y ha entrado gente que no lo tenía. Hay exalumnos que han tenido que ir a la concertada", dice. Cabe recordar que, durante el proceso de admisión, once familias se movilizaron porque no pudieron acceder al centro; Educació les indicó matricularse en la concertada o en otro municipio.

La sectorial de Enseñanza de las escuelas cooperativas (UCTAIB) no niega que el punto pueda ser discriminatorio, pero defiende por qué buena parte de sus centros lo han incorporado. "Algunas escuelas, como Mata de Jonc y Es Liceu, tienen una identidad muy marcada, con proyectos definidos y arriesgados en defensa de la lengua e innovación, y es positivo que la gente que entre tenga una buena disposición y que entienda y valore su manera de hacer. Podría ser discriminatorio, pero es un punto residual, pero es muy determinante y marcar la diferencia, explica Kiko López, presidente de la sectorial.

El punto por antiguo alumno destapa una contradicción de fondo del sistema educativo: mientras se proclama la equidad y la lucha contra la segregación, se consolidan criterios que blindan privilegios familiares, ignoran las necesidades reales del alumnado y condicionan el acceso a la escuela en contra del principio de igualdad de oportunidades.