El peligro de vivir en un acantilado

CiudadelaRamon Saura tiene 72 años y ha vivido toda su vida en la Cala, que es como dicen los residentes del Castell en la entrada de mar de siete metros de ancho que se abre paso entre el fuerte Marlborough y el castillo de Sant Felip. A 20 metros de su casa, bajo el acantilado, una roca de 20 toneladas se desprendió hace dos semanas sobre la casa de la familia Serra. Atravesó las dos plantas superiores y sepultó, literalmente, al hombre de 66 años que dormía en la habitación de abajo. Su mujer, de 62, pudo salvar su vida por centímetros. Inmediatamente, las autoridades evacuaron de forma preventiva a las familias que viven en los ocho edificios de los alrededores que, con la ley en la mano, ahora no se dejarían construir. Dos semanas después, ninguno de ellos, ni siquiera Ramón, han podido volver a su casa.

En la Cala, un lugar tranquilo y alejado del bullicio turístico estival, no hay restaurantes, ni tiendas. Tampoco tienen saneamiento en condiciones, ni cobertura telefónica. De hecho, cuando sucedió la tragedia, Emergencias tuvo que instalar una antena de TetraIB para garantizar la comunicación entre todos los cuerpos de seguridad implicados.

Los días posteriores, ya con todo el mundo fuera de sus viviendas, técnicos de RiscBal se sirvieron de un dron para analizar al detalle el estado del acantilado. Aunque sus conclusiones son sólo por ahora preliminares, la cosa parece que va por largo. Los expertos han detectado que al menos otra roca, aún mayor que la del desprendimiento, tiene riesgo de caer, justo al lado de la que derrumbará la casa vecina. El estudio parece apuntar a que podría no ser la única.

"Volveré a casa, no me lo pueden prohibir"

Sin embargo, Ramon Saura dice que, justo le dejen, volverá a casa. "Cala es mi vida y me hago responsable de que ocurra. No me lo pueden prohibir". Aunque en siete décadas nadie nunca le había advertido, ni a él ni a su familia, del peligro potencial que corrían, ahora tampoco ve "un riesgo muy grande. Sí que a veces he tenido avisos, con alguna piedrecita que ha caído en la azotea, pero, a diferencia de otros vecinos, yo no tengo una cueva detrás de que se pueda precipitar".

En cualquier caso, Ramon, que además es presidente de la asociación de vecinos, dice que "el trauma por la trágica muerte todavía es demasiado reciente para provocar una reflexión colectiva. Hay que tener paciencia y esperar a que, con toda su buena intención, las instituciones actúen". Mientras, él seguirá viviendo en casa de su padre o en casa de algún familiar, como el resto de los desalojados. Sólo dos de los afectados, añade, han tenido que pedir ayuda de vivienda al Ayuntamiento.

El alcalde, Lluís Camps, que siguió de cerca las primeras intervenciones, ha querido curarse en salud y ha hecho que la Policía Local avise también a todos los vecinos del núcleo cercano del Fonduco del potencial riesgo de desprendimientos que corren. Algunos residentes han tomado igualmente la iniciativa y han registrado instancias para pedir al Ayuntamiento que actúe y revise el estado del acantilado.

Las soluciones ya están en marcha. El gobierno municipal mantiene contactos con arquitectos, ingenieros y geólogos, así como con administraciones superiores, para garantizar la seguridad de todos, mientras trata de aclarar la titularidad de las parcelas afectadas. Incluso estudia diferentes medidas temporales, incluido el desalojo preventivo de viviendas que, al margen de las ya evacuadas a Cala Sant Esteve, puedan encontrarse en situación de riesgo. "Cualquier decisión en este sentido se tomará con criterios estrictamente técnicos, con el máximo rigor y con la seguridad como prioridad absoluta", señala.

También ha reorganizado el Servicio de Atención Ciudadana para atender mejor a los afectados y pide "comprensión, tiempo y prudencia" para poder tomar "decisiones responsables" sin caer en "alarmas innecesarias". "Se trata -avisa- de una problemática de largo recorrido, que no tiene soluciones inmediatas ni sencillas", opina.

Emergencias de responsabilidad municipal

La Dirección General de Emergencias compara el caso del Castell con el que ocurrió unos días antes en Esporles, con el desprendimiento de árboles y rocas de grandes dimensiones, pero que no tuvo ninguna consecuencia trágica. Los técnicos atribuyeron los deslizamientos a la acumulación de humedad en el suelo debido a las precipitaciones de los últimos días. Pero el hecho de que no sea la primera vez que se producen desprendimientos en la zona y que el incidente sea recurrente hizo que los técnicos de RiscBal realizaran también una evaluación del terreno con drones. La conclusión, como en el caso del Castell, es que hay viviendas que se encuentran en situación riesgo y, por este motivo, fueron desalojadas como prevención.

A raíz de estos precedentes, Emergencias ha instado a todos los ayuntamientos de las Islas a identificar, revisar y proteger las zonas de potencial riesgo por desprendimientos o similares para que tomen las medidas preventivas necesarias. De hecho, la Dirección General insiste en que "cada municipio es responsable de sus riesgos y, si tienen plan municipal de emergencias, deben quedar reflejados".

Es el caso del Castell que, después de Ciutadella, fue el segundo municipio menorquín en encargarlo. Pero los desprendimientos no están entre los principales riesgos del municipio, según su plan de emergencias, que ve más peligrosos los temporales en el mar, los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación marina y la temperatura adversa.

Lo cierto, sin embargo, es que el acantilado que el Castell comparte con Maó, mirando la bocana del puerto, ya ha dado hasta cinco sustos en tan sólo 15 meses. Sin embargo, todos, salvo el trágico desenlace mortal de la Cala Sant Esteve, han provocado tan sólo daños materiales. El último, el que afectó, también de madrugada, a la fábrica de Xoriguer en el puerto. Por suerte, a esa hora no había nadie haciendo trabajo.