Al Gobierno le gusta mirar dentro de casa de los pobres

PalmaUna cuerda delgada atada entre dos puntales que sostienen las bóvedas de un porche que da a un corral hace las funciones de tendedero. Una toalla asoma a modo de cortina de una vidriera sin cristal y, seguramente, se ha puesto para dar privacidad a quien sea dentro de la habitación. Camas deshechas con mantas y sábanas arrugadas en medio de pasillos y espacios comunes sin ni un centímetro sobrante.

Hay, en las imágenes difundidas por la Consejería de Vivienda y la Policía Nacional de la última operación (qué palabra más quirúrgica y fría) contra la infravivienda en Manacor, una cierta sensación de impudicia. Ver las vergüenzas de los pobres nos provoca una cierta morbosidad. Decía el filósofo Edmund Burke que cuando alguna cosa nos evoca dolor, peligro o terror con suficiente fuerza para conmovernos, pero sin que la amenaza nos afecte de manera inmediata, es cuando surge lo sublime. El esteta inglés vinculaba lo sublime con el terror o el peligro contemplados a una distancia que impide que nos afecte directamente. Mirar la tragedia desde una situación segura no es lo mismo que vivirla en primera persona. Por eso imagino a los responsables de la Consejería de Vivienda como los artífices de un catálogo de fotografías de casas de pobres de solemnidad que tienen que hacer turnos en camas calientes para poder descansar unas horas entre turnos laborales y que nos provocan, desde el sofá, la experiencia estética de sentirnos muy afortunados de no tener que malvivir así.

En Mallorca, esta legislatura el Gobierno de las Islas Baleares ha hecho públicas tres inspecciones, con localización concreta: Manacor. Este septiembre, anunció un plan que incluye inspecciones de infraviviendas, sin especificar si se harían también en otros municipios más allá de la capital del Levante, que se ve que de momento ha concentrado todos los esfuerzos de los responsables políticos de la cartera de Vivienda para señalar el hacinamiento y las malas condiciones en las que viven los pobres.

En septiembre de 2025, el servicio de Inspección de Vivienda del Gobierno y la Policía Nacional se estrenaban en la noble tarea de difundir imágenes de cómo malviven los excluidos del sistema. Se habían localizado once barracas que se alquilaban como vivienda. No cumplían con las condiciones de salubridad ni de suministros básicos que debe tener una vivienda. En las imágenes se veía un cobertizo con utensilios de cocina amontonados y, en el mismo espacio delimitado por sábanas a modo de separadores de estancia, una bombona de butano y un colchón inflable de playa desinflado. Se anunciaron procedimientos sancionadores.

Un año después, en septiembre de 2026, se vuelve a realizar una inspección conjunta en Manacor y los agentes de la policía española detectan a siete personas que malvivían en una vivienda inacabada y que no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias. Ellos mismos advirtieron que llegaron a ser una treintena, en algún momento.

La última noticia sobre las inspecciones conjuntas del Gobierno y la Policía Nacional ha llegado a finales de este octubre, hace pocos días. La inspección detectó a nueve personas y 24 camas, algunas en los pasillos, en una casa sin retrete y con graves deficiencias de higiene y habitabilidad. Los ocupantes aseguraron que en algún momento llegaron a meterse treinta personas, pagaban entre 100 y 200 euros por cama. El Gobierno volvió a anunciar posibles sanciones.

Más allá del esfuerzo del Ejecutivo por anunciar las inspecciones realizadas en Manacor, debemos suponer que estas no son las únicas inspecciones internas del servicio de Inspección de Vivienda.

Existe, también, en la difusión de este material gráfico, un trasfondo culpabilizador. El relato y el discurso público de la Administración se centra en las sanciones contra las personas que se lucran y promueven que determinados inmuebles se conviertan en casa sin cumplir con ninguna condición mínima de habitabilidad, superficie, salubridad o seguridad. En ningún caso, sin embargo, se habla de si se reubicará a las personas a quienes las legítimas inspecciones gubernamentales han vuelto a dejar sin casa, ni qué solución habitacional se les proporcionará a personas desesperadas que aceptan pagar a quien se lucra con la desgracia para no tener que dormir al ras.

Ya se han escrito muchas páginas, muchas palabras y muchos argumentos sobre la emergencia habitacional y sobre el derecho constitucional de tener donde vivir. Y aquí, no nos repetiremos. Lo que sí que echo en falta es la misma transparencia a la hora de comunicar las inspecciones que, por ejemplo, hacen los servicios turísticos del Consell de Mallorca a la oferta turística ilegal. A los pobres, desposeídos de toda dignidad, les podemos entrar hasta la cocina que no tienen y airear las vergüenzas de su malvivir y de su desgracia. Ahora bien, a los grandes tenedores o a los que tienen negocios turísticos les tenemos que salvaguardar la privacidad.

No he visto ni una imagen de cómo es por dentro una mansión ilegal en suelo rústico que se destina a hacer alquiler turístico precintada. Tampoco he visto ninguna habitación de hotel pillada haciendo sobreocupación. Quizás no he sabido buscarlo, quizás no estoy lo suficientemente informada, pero ya me diréis si habéis visto muchas imágenes de inspecciones hechas a establecimientos turísticos precintadas por Sanidad o por Inspección Turística.

Las miserias de los pobres nos hacen sentir seguros. Las vergüenzas de los ricos se tienen que proteger, porque aparte de que tienen más derechos, podrían poner una demanda.