La comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados pide una investigación judicial por las cargas policiales

PalmaLa Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de las Baleares ha condenado las cargas policiales tras la manifestación del pasado domingo en Palma bajo el lema 'Mallorca, al límite' y ha reclamado que se abra una investigación judicial independiente y eficaz en cuanto a las lesiones provocadas a una veintena de personas y de los responsables de ordenar y ejecutar estas agresiones.

Así lo han indicado en un comunicado en el que censuran el uso "innecesario, arbitrario y desproporcionado de la fuerza" y señalan que se llevó a cabo un uso "injustificado" de elementos disuasorios y peligrosos contra manifestantes indefensos y periodistas, y con un uso "ilegítimo de la fuerza".

"Denunciamos la violación de derechos fundamentales", han remarcado al explicar que las cargas policiales y actos de dispersión violenta atentan directamente contra el derecho a la libertad de expresión, el de reunión pacífica y la integridad física.

Según defienden, en una sociedad democrática, el derecho de reunión y manifestación es esencial para la construcción del pluralismo político. Así, recuerdan que la Constitución española lo consagra en su artículo 21 y atribuye a las fuerzas y cuerpos de seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Añaden también que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, reproduce este contexto garantista, que debe interpretarse en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal creado por el convenio mencionado.

"Los estados no deben limitarse a no interferir, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas razonables y apropiadas para garantizar que las reuniones pacíficas se desarrollen sin incidentes", dicen. Según consideran, debe presumirse el carácter pacífico de la manifestación, motivo por el cual la carga probatoria de las intervenciones violentas de los participantes "recae en las autoridades, que deben presentar pruebas creíbles respecto de este tema". Por ello, apuntan, se requieren "indicios fácticos objetivamente verificables".

En cualquier caso, señalan que la violencia real de unos pocos participantes no hace que una reunión no sea pacífica, ya que cada manifestante ejerce su derecho a la libertad de reunión pacífica de manera individual. Por lo tanto, se debe respetar, proteger y facilitar el derecho. Para alcanzar el umbral de violencia o de acto no pacífico en el contexto de las reuniones, "el comportamiento debe equivaler al uso de fuerza física contra otras personas que pueda provocar lesiones o la muerte, o que cause daño grave a la propiedad".

En el caso de la manifestación del domingo pasado, defienden que no les consta que se haya acreditado la producción de este tipo de actos por parte de algunos de los participantes, "pero sí que hemos visto cargas policiales indiscriminadas contra personas en actitud no violenta y agresiones con porras a ciudadanos en actitud pacífica, erguidos con los brazos en alto en señal de paz, o que simplemente estaban haciendo fotografías o vídeos, entre ellos un fotoperiodista que hacía su trabajo, con el resultado de una veintena de personas heridas, según los datos actuales".