El jefe de la Guardia Civil en Baleares que avala las detenciones de Santa María fue investigado en un caso de torturas en el País Vasco
Alejandro Hernández Mosquera, actual jefe de la Guardia Civil en las Islas Baleares, fue exonerado por la Audiencia Provincial de Vizcaya en la causa por las torturas denunciadas por Kepa Urra, mientras tres agentes fueron condenados por el mismo procedimiento
PalmaEl general de la Guardia Civil de las Islas Baleares, Alejandro Hernández Mosquera, que ha defendido las detenciones de las dos jóvenes de Santa María, fue investigado en el caso de las torturas denunciadas por Kepa Urra durante su estancia en el cuartel de Intxaurrondo entre los años 1990 y 1993.
![Presentación de los nuevos agentes de la Guardia Civil](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
La semana pasada, Hernández rechazó cualquier crítica al operativo desarrollado por el cuartel del Pont d'Inca y aseguró que no hubo "ningún tipo de desproporcionalidad" en las detenciones ni en el hecho de que las dos jóvenes fueran trasladadas esposadas. También justificó la acusación de organización criminal argumentando que se ajusta a la definición prevista en el Código Penal cuando intervienen más de dos personas concertadas.
La investigación y la sentencia del caso Kepa Urra
La trayectoria del general tiene un episodio controvertido de sus primeros años como oficial de la Guardia Civil. En 1992, cuando era teniente destinado al País Vasco, fue investigado en el procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia por torturas presentada por Kepa Urra tras su detención.
La investigación se centró, entre otros aspectos, en un episodio ocurrido en el Hospital de Basurto, donde una enfermera declaró haber oído gritos de socorro y haber visto a Urra con lesiones tras la presencia de dos agentes en la habitación. Hernández Mosquera negó cualquier agresión y la Audiencia Provincial de Vizcaya lo absolvió al considerar que no había elementos suficientes para acreditar su participación en estos hechos.
En el mismo procedimiento en que fue investigado el actual coronel de las Baleares, fueron condenados por un delito de torturas José María de las Cuevas Carretero, Manuel Sánchez Corbí y Antonio Lozano García. La Sala consideró probado que trasladaron a Kepa Urra a un descampado antes de llegar al cuartel de La Salve, donde lo desnudaron, golpearon y arrastraron con la finalidad de obtener una confesión.
Por su parte, la misma sentencia absolvió a Arturo Prieto Bozec, Diego Pérez de los Cobos Orihuel y Alejandro Hernández Mosquera. La Audiencia Provincial de Vizcaya consideró que existía una "duda seria y razonable" sobre la participación de Hernández Mosquera y Pérez de los Cobos en los malos tratos denunciados en el Hospital de Basurto, manteniendo así su presunción de inocencia.
La carrera institucional posterior de Hernández Mosquera
Después del caso Kepa Urra, Hernández Mosquera no fue apartado del Servicio de Información de la Guardia Civil. Al contrario, continuó ocupando responsabilidades crecientes dentro de este ámbito, como la Jefatura de Información, el cargo de oficial de enlace antiterrorista en Francia y, posteriormente, la dirección de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, hecho que muestra que su carrera continuó con normalidad dentro de la estructura de la Guardia Civil.
Entre los años 2012 y 2018 ocupó la dirección del departamento de Seguridad de la Presidencia del gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy. Después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, fue relevado del cargo en el marco de la renovación de los altos responsables de confianza de la Presidencia. La destitución se formalizó en el BOE sin que se alegara ningún motivo disciplinario ni ninguna vinculación con procedimientos judiciales.
El ascenso de Hernández Mosquera dentro de la Guardia Civil ha continuado después de su absolución en aquel procedimiento vinculado a los episodios vividos en Intxaurrondo. El Consejo de Ministros aprobó este pasado mes de mayo su ascenso a general de brigada de la Guardia Civil. Hernández, al frente de la Comandancia de las Baleares desde 2019, añade así un reconocimiento más en su carrera marcada por responsabilidades en el Servicio de Información, la cooperación antiterrorista y los servicios de seguridad del estado español.
Las declaraciones que avalan las detenciones de Santa Maria
Las declaraciones del coronel sobre la investigación de Santa Maria han reabierto el debate sobre la proporcionalidad del operativo policial. La actuación incluyó registros domiciliarios, la detención de dos activistas acusadas inicialmente de delitos de daños y de integración en organización criminal, además de su traslado esposadas.
Tanto entidades de derechos humanos como organizaciones sociales y juristas han cuestionado la respuesta policial y la calificación penal de los hechos, mientras que la Guardia Civil sostiene que todas las diligencias se ajustaron a la legalidad. El caso continúa generando debate político y social en las Islas, especialmente después de que el mismo Hernández haya reivindicado públicamente la investigación y haya afirmado que sus agentes continuarán actuando con los mismos criterios ante cualquier hecho que consideren delictivo.
Los abusos policiales denunciados durante las detenciones de las jóvenes de Santa Maria, en el marco de las pintadas contra el modelo de turismo de masas, además de las cargas policiales que se produjeron el domingo pasado al acabar una manifestación que había transcurrido hasta entonces de manera pacífica y multitudinaria, sitúan nuevamente el debate sobre los límites de la actuación policial ante la protesta ciudadana. Unos episodios que, según las organizaciones y colectivos que han denunciado estas actuaciones, generan un clima de inseguridad y vulnerabilidad para las personas que ejercen el derecho a manifestarse y a participar en el debate social.
