El chaletismo dispara el consumo de agua en las afueras un 32% mientras el de la agricultura cae un 27%

PalmaEl agua subterránea se destina cada vez más al consumo de fincas y viviendas rurales y menos a la agricultura. Los datos de los balances hidrológicos de 2015 y 2023 constatan que las extracciones estimadas para abastecer fincas y viviendas dispersas en Mallorca crecieron un 31,9%, mientras que las destinadas a usos agrarios disminuyeron un 26,6%. Es el cambio de tendencia que denuncia la Alianza por el Agua, que alerta de que el aumento de la demanda en suelo rústico, principalmente para abastecer chalets, compromete la recuperación de los acuíferos y amenaza tanto el futuro de las explotaciones agrícolas como el suministro de las mismas viviendas que dependen de los pozos.

Las cifras revelan un cambio profundo en el reparto de los recursos subterráneos. El consumo de fincas y viviendas dispersas ha pasado de 24,45 a 32,25 millones de metros cúbicos anuales, un aumento de 7,8 millones. En cambio, las extracciones agrícolas han descendido de 37,40 a 27,44 millones, casi 10 millones menos.

La paradoja es que el volumen total de agua extraída de los acuíferos mallorquines prácticamente no ha variado. Según los balances analizados por la entidad, ha pasado de 142,10 millones de metros cúbicos en 2015 a 143,77 millones en 2023, un incremento de solo el 1,2%. Mallorca no extrae mucha más agua subterránea en conjunto, pero sí ha cambiado significativamente la manera de distribuirla entre los diferentes usos. Este aumento del consumo en zonas rurales también se refleja en el territorio. Actualmente, en 51 de las 64 masas de agua subterránea de Mallorca, el consumo disperso ya supera al agrario. En 2015 esta situación se daba en 42 masas.

La Alianza por el Agua considera especialmente preocupante que las extracciones estimadas para el consumo disperso superen en un 32% el volumen que el Plan hidrológico asigna a este uso para 2027. La entidad reclama frenar las nuevas extracciones de agua vinculadas al crecimiento urbanístico, residencial y turístico en las zonas con acuíferos sobreexplotados. "Si no tenemos agua, no podemos autorizar más crecimiento", afirma Juan Calvo, portavoz de la Alianza. Según Calvo, es necesario revisar las limitaciones actuales para evitar que la demanda continúe aumentando y ejerza todavía más presión sobre unos recursos que ya están muy explotados.

"No podemos regar ni lo que tenemos autorizado"

Las consecuencias de esta situación ya se notan en algunas explotaciones agrícolas. Miquel, un agricultor del Levante de Mallorca que prefiere mantener el apellido en el anonimato, explica que la calidad del agua de su pozo ha empeorado progresivamente en los últimos años. "Desde hace cinco años buenos, hemos visto cómo el agua que sale es de peor calidad. Sobre todo los días de mucho calor. Si estiramos un poco demasiado, viene agua mucho peor. Supongo que abajo ya no hay lo que había", relata.

El deterioro del agua condiciona directamente su actividad. "No podemos regar ni lo que tenemos autorizado, porque mataríamos las plantas", lamenta. En su caso, disponer de una concesión para extraer agua no significa que pueda utilizar todo el volumen autorizado, porque la calidad del agua que sale del pozo ya no es adecuada para los cultivos. Miquel denuncia también la falta de control que históricamente ha caracterizado la explotación de los recursos subterráneos. "Todos sabemos que históricamente aquí se ha hecho un poco lo que se ha querido, y ahora los que nos dedicamos a ello lo tenemos negro", afirma.

Su testimonio ilustra una de las consecuencias más preocupantes del deterioro de los acuíferos: la disminución del agua disponible y apta para la actividad agrícola. El agricultor constata que la calidad ha empeorado, aunque no dispone de un análisis que permita determinar si se debe a un aumento de la salinidad, a la presencia de nitratos o a otros factores.

"A diferencia de una ciudad, el rústico está muerto"

La Alianza por el Agua advierte que el aumento del consumo disperso puede acabar perjudicando a las viviendas que contribuyen a incrementar la demanda. A diferencia de los núcleos urbanos, que pueden disponer de conexiones a redes de suministro e incorporar agua desalada, muchas fincas aisladas dependen exclusivamente de los recursos subterráneos. "A diferencia de una ciudad, que se puede conectar a la red en alta de agua, a una desaladora, lo rústico está muerto", alerta Juan Calvo, portavoz de la Alianza, que asegura que el descontrol es total y habla de Far West en materia de control y gestión del agua.

El problema aparece cuando los pozos se agotan y cuando la calidad del agua empeora hasta el punto de que se hace difícil aprovecharla. En estas circunstancias, las alternativas pueden ser muy limitadas y obligar a los propietarios a recurrir a sistemas de suministro más costosos. La entidad pone como ejemplo lo que ocurrió en Ibiza durante el 2025, cuando varias viviendas en suelo rústico tuvieron que recurrir, según explica, al suministro con camiones cisterna, con dificultades incluso para conseguir este servicio.

"Hay una falta de acceso al agua", advierte el representante de la Alianza por el Agua. La organización considera que autorizar nuevos crecimientos en territorios donde los recursos son insuficientes puede agravar la situación y poner en peligro el suministro futuro.

Un consumo que se estima, pero no se mide directamente

Una de las grandes dificultades para conocer el alcance real del problema es la falta de datos directos sobre las extracciones. El consumo disperso no se calcula a partir de las lecturas de todos los contadores de los pozos, sino mediante estimaciones basadas en las edificaciones en suelo rústico registradas en el catastro. Esto significa que los 32,25 millones de metros cúbicos atribuidos a este uso son una estimación del balance hidrológico y no el resultado de sumar toda el agua que realmente extraen las viviendas y las fincas dispersas.

Las deficiencias de los sistemas de control quedan reflejadas en las respuestas parlamentarias del Gobierno a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon. La Consejería del Mar y del Ciclo del Agua reconoce que los registros actuales no permiten saber cuántas inspecciones se han hecho específicamente para comprobar si hay pozos en funcionamiento sin la autorización obligatoria para ponerlos en servicio. Según los datos del Ejecutivo, entre 2023 y 2026 se han iniciado 67 expedientes sancionadores por extraer agua de pozos sin haber completado este trámite administrativo en el conjunto de las Baleares, 17 de los cuales corresponden a Mallorca. El Gobierno cifra el total de las sanciones en 1.043.594 euros, aunque no concreta cuántas son firmes ni qué importes se han cobrado.

La Consejería explica que ha impulsado una reorganización administrativa para mejorar la gestión de las extracciones de agua subterránea y reforzar las tareas de comprobación e inspección. Pero la Alianza por el Agua considera que la falta de información dificulta comprobar si los titulares de los pozos respetan los volúmenes autorizados. Por eso, reclama generalizar los contadores y establecer mecanismos efectivos para leerlos y comunicar periódicamente los consumos.

La principal reivindicación de la Alianza por el Agua va más allá de mejorar los registros. La entidad reclama que la planificación hidrológica impida aumentar la demanda de agua subterránea en las zonas donde los recursos están sobreexplotados. Considera que las restricciones actuales son insuficientes y defiende limitar especialmente las nuevas captaciones destinadas a usos residenciales y turísticos en suelo rústico.